Procuraduría barre en el IDU

Inocencio Meléndez se decidió a hablar y quiere negociar con la Fiscalía. Pide seguridad.

Cada vez que las autoridades ahondan en la investigación por el carrusel de la contratación siguen apareciendo funcionarios y exfuncionarios salpicados por el escándalo. Las irregularidades y la red de corrupción, que giraron alrededor de la construcción de la troncal de Transmilenio por la calle 26, en Bogotá, llevaron al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, a sancionar a nueve funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entre ellos a la exdirectora Liliana Pardo.

Los hechos son los mismos: su responsabilidad por haber firmado contratos de obra de la Fase III de Transmilenio sin tener completos los estudios ni diseños; no ejercer control sobre los anticipos ni el normal desarrollo de las obras; por no imponer sanciones a los contratistas por los incumplimientos en los trabajos, y, finalmente, permitir adiciones de manera irregular.

Las faltas radican en que, pese a que los concesionarios no tenían la debida capacidad técnica y financiera para seguir con las obras, los funcionarios dejaron de lado sus funciones permitiendo un aumento en los anticipos, que en el caso de la Fase III alcanzaron casi los $85 mil millones. Además, no hubo suficiente vigilancia en la inversión de los recursos, que se gastaron sin legalización y terminaron desviándose de su destinación específica.

La lista de sancionados la encabezan la exdirectora Liliana Pardo Gaona y el exdirector jurídico de la entidad Inocencio Meléndez Julio, quienes fueron destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos por 17 y 18 años, respectivamente. Para el Ministerio Público, sobre ellos recae la principal responsabilidad. Ellos eran los encargados de estar atentos de los contratos que se firmaban, las adiciones y su normal desarrollo.

El grupo lo completan el exsubdirector de Infraestructura Luis Eduardo Montenegro; el exdirector técnico de Planeación Rafael Hernán Daza Castañeda; el exsubdirector técnico de Ejecución de obras Aldemar Cortés Salinas; el exsubdirector general Luis Esteban Prada; la exdirectora técnica de Construcción Carmen Helena Lopera, y la exdirectora técnica de Gestión Contractual María Clemencia Cantini Ardila. Ellos enfrentarán destituciones e inhabilidades que van entre los 14 y 16 años. Junto con ellos, también sancionaron e inhabilitaron por 11 meses a la exdirectora técnica de Predios Martha Mercedes Castrillón.

A este grupo de sancionados se les responsabiliza de las irregularidades en la falta de diseños y estudios, así como de haber permitido suscripción de contratos adicionales para completar los estudios inicialmente contratados y que quedaron incompletos. A Castrillón la sancionaron por no haber agilizado la adquisición de predios necesarios para las obras.

Para el Ministerio Público, las omisiones de todos estos funcionarios del IDU terminaron entregando una serie de privilegios a los contratistas, al modificar los pliegos de condiciones de los contratos y otorgar varias adiciones presupuestales.

Por esta situación, actualmente Pardo Gaona y Meléndez Julio se encuentran privados de la libertad, por cuenta de la Fiscalía, que los acusó por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación de terceros, prevaricato e interés indebido en la celebración de contratos, concusión y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Meléndez pide seguridad

Inocencio Meléndez, uno de los exfuncionarios más salpicados en todo el proceso del carrusel de la contratación, no aguantó más y rompió su silencio ante el procurador general de la Nación, en el proceso disciplinario contra el senador Iván Moreno. Su declaración fue un día antes de que conociera la sanción disciplinaria.

Por esta razón, debido a su declaración y a las negociaciones que adelanta con la Fiscalía, pide seguridad para él y su familia. El juez 27 de Garantías de Bogotá acogió la petición y ordenó al Inpec adoptar las medidas necesarias para su seguridad.

Ahora el abogado dice estar dispuesto a contar todo lo que sabe alrededor de las irregularidades en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

 

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