Propiedad intelectual

HOY SE CELEBRARÁ EL DÍA MUNdial de la Propiedad Intelectual. Esta fecha fue instaurada por las Naciones Unidas con el propósito de promover en el mundo este derecho.

“Diseñar el futuro” es el lema para 2011. Con él se busca transmitir el riesgo que representa la piratería para la innovación, la cual, según se argumenta, se estancaría si desaparecen los sistemas de incentivos. Sin embargo, tras el eslogan de la creación y su importancia no siguen propuestas sobre cómo fomentarla, sino cifras del sector. Así, para el caso del país, según los estudios de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y la BSA, se nos recuerda que las industrias protegidas representan US$4.800 millones, cifra cercana al 3,3% del PIB. A lo que se añade el costo de la piratería: en software, US$452 millones; en el sector audiovisual, US$150, millones y en el sector editorial, aproximadamente US$40 millones. Como siempre, se concluye con el costo equivalente en términos de empleos.

Estas cifras, sin duda, son todas importantes: necesitamos conocer el daño económico que representa la piratería para el país. No obstante, así presentadas, tienen la desventaja de señalar la magnitud de un problema que no necesariamente es tenido como tal. Por un lado, porque las cifras se relacionan con las pérdidas de las grandes industrias —aunque sean en realidad las pérdidas de la economía formal del país— y, por el otro, porque la propiedad intelectual, de alguna forma, se ha dejado de considerar propiedad. Esto último, porque se ha creado la cultura de que todo lo que se cuelga en la web, sólo por estar en formato digital, es ya de todos. Sin embargo, las cosas son más complejas: el autor intelectual, como el autor de algún trabajo físico, tiene derecho sobre su producido. Algo que vale, por lo demás, tanto para una industria, como para cualquier particular.

La legislación para regular este derecho, no obstante, se ha quedado atrás. Hasta ahora se han hecho avances como aquel que reconoce que, a diferencia de la propiedad sobre los bienes físicos, la propiedad sobre los bienes intelectuales expira y se han hecho distinciones, según el bien, que permiten una reproducción no comercial, pero el marco conceptual, en el fondo, no se ha sabido adaptar a la diferente naturaleza de los bienes intangibles. Los oferentes, por el contrario, han sido más rápidos: hacen públicas unas canciones, o unos capítulos, o unos minutos de un documental, para promocionar su totalidad. De esta manera, por lo menos hasta ahora, y a pesar del caos de los vacíos en la regulación, se ha dado el buen efecto de que los precios han caído, llegando a un equilibrio más propio de una demanda masiva que permite la web y de una oferta cuya primera unidad, si bien cuesta bastante, no así su reproducción.

Esta ventaja, sin embargo, y cualquier otra que haga parte del debate —sea que se esté a favor o en contra de la regulación—, no puede confundirse con el fomento de la innovación. Cierto, regular la propiedad es una condición necesaria para que se quiera producir, como también es cierto que un mayor dinamismo de la información puede dar lugar a nuevas ideas. Pero para lograr más creativos, más intelectuales y más científicos, no necesitamos información, sino formación, y esto último no lo logra internet, sino la educación superior. No engaña el lema de la ONU. No estamos “diseñando el futuro”, sólo se está haciendo algo que  necesitamos porque la propiedad es algo que nuestros sistemas reconocen y que nos conviene regular bien. Para pensar cómo llegar a la ser capital de innovación, el debate que debemos dar es otro y, como siempre, la solución no está en la legislación.

 

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