Proponen cárcel por negar prestación del servicio de salud

El legislador busca penalizar al personal médico y administrativo que se niegue a atender a los pacientes. Sin ser radicado, el proyecto ya es objeto de reparos: debe dirigirse a las EPS, no a los médicos.

En momentos en que 14 Empresas Promotoras de Salud y Acemi, gremio que agrupa a las más importantes EPS del país, vuelven a estar en el ojo del huracán, esta vez por un supuesto acuerdo entre ellas para negar a sus usuarios la prestación de servicios y procedimientos médicos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), un proyecto de ley que promete levantar ampolla hace carrera en el Congreso de la República.

Se trata de una iniciativa del senador Mauricio Ospina (Polo Democrático), quien propone incluir en el Código Penal dos artículos encaminados a penalizar al personal médico o al funcionario que sin justa causa niegue la prestación del servicio de salud y el suministro de medicamentos incluidos en el POS. “Es sumamente grave que 14 EPS que congregan el 87% de la población colombiana en sus servicios se confabulen para, por ejemplo, no atender a un niño con hidrocefalia o a un paciente con cáncer. Eso es un crimen y debe ser considerado como un delito de lesa humanidad”, advierte el legislador.

Lo anterior, pese a que la jurisprudencia constitucional señala que el acceso a un servicio de salud que se requiera, contemplado en los planes obligatorios, es un derecho fundamental autónomo. En tal medida, la negación de los servicios de salud contemplados en el POS es una violación del derecho fundamental a la salud, por tanto, se trata de una prestación claramente exigible y justiciable mediante acción de tutela, herramienta jurídica que en 2009 se tradujo en la presentación de 100.490 solicitudes a los jueces invocando la protección del derecho a la salud, lo cual representó el 27,1% de las 370.640 tutelas interpuestas ese año en todo el país, según el informe La tutela y el derecho a la salud publicado por la Defensoría del Pueblo.

Para reforzar su argumento, Ospina precisa: “La atención médica debe configurase en Colombia como una obligación de medio, pero también de resultado. Es decir, es prioridad del médico hacer todo lo que esté en sus manos para salvar la vida de los pacientes, sin embargo y dada las circunstancias ya conocidas como los paseos de la muerte, es necesario que sea una obligación de resultado: salvar la vida”.

Esta iniciativa pretende imponer una pena de dos a cuatro años de condena a quienes se nieguen a prestar dicho servicio, y si como consecuencia de lo anterior sobreviene la muerte del paciente, la condena aumentará de 13 a 25 años de prisión más una multa de 500 a 1.000 salarios mínimos legales vigentes a la entidad promotora que niegue u omita el suministro de medicamentos, insumos y procedimientos incluidos en el POS.

La propuesta, contenida en un proyecto de ley que será radicado en el Congreso de la República a mediados de este mes, no es nueva, teniendo en cuenta que formó parte del Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por la Cámara de Representantes en el último debate surtido la semana pasada, pero que al final fue eliminada del articulado durante la conciliación de la norma por motivos aún desconocidos.

“La propuesta fue negada sin hacer la lectura de la proposición como lo ordena el reglamento interno del Congreso. Por eso, hice la respectiva denuncia ante la Corte Suprema de Justicia porque en este caso se presenta un vicio de procedimiento”, afirmó Ospina.

El médico, una víctima

Al conocer el contenido del proyecto, el presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, dijo no estar de acuerdo con éste y anotó que los médicos, enfermeras y personal administrativo son víctimas, como lo son los usuarios. “Los médicos son víctimas, no culpables, de un sistema de salud diseñado para no prestarles el servicio a los usuarios para contener gastos, porque este asunto es visto por las EPS como un negocio y no como un servicio”.

Isaza subraya que las EPS restringen la autonomía médica para imponer sus políticas. Por eso, sostiene que lo adecuado es que la penalización vaya dirigida a los representantes legales de las empresas prestadoras de salud, que encarnan esa política lesiva a los intereses de los pacientes. “Aquí hay que ser más fuertes contra las políticas de esas instituciones y no personalizar en individuos que están limitados en su acción”, reflexiona.

Pero no es el único cuestionamiento. Francisco José Yepes, director de los posgrados de administración de salud pública de la Universidad Javeriana, aunque le de la bienvenida a propuestas de este tipo, pide que el castigo “se dirija a los principales responsables del deterioro que se vive en Colombia en la prestación de los servicios de salud: las EPS, y que esto sirva de llamado de atención acerca de la necesidad urgente de reformar un sistema de salud que ha devenido en un sistema comercial y dejado de lado la salud de los colombianos”

Para Yepes, el ejercicio médico está sometido a las normas éticas (juramento hipocrático) y los profesionales que las infringen deben ser juzgados por los tribunales de ética médica que están establecidos, y no por las normas penales.

Este experto opina, además, que las aseguradoras y algunas prestadoras del servicios abusan en forma continuada negando servicios a los pacientes con la finalidad de mantener y aumentar sus márgenes de rentabilidad.