Radican acción de nulidad de fallo contra Piedad Córdoba

El defensor de la exsenadora también sustentó su petición en la ilicitud de las pruebas recaudadas del computador de 'Reyes'.

Ante el Consejo de Estado fue radicada la demanda de nulidad del acto administrativo que finiquitó la destitución de Piedad Córdoba del Senado de la República a manos de la Procuraduría, por su vinculación a la farcpolítica.

Uno de los argumentos expuestos por su abogado, Diego Angulo, en esta demanda es la declaratoria de ilicitud de la pruebas recolectadas por las autoridades colombianas, a raíz de la recuperación del computador del número dos de esa guerrilla, Edgar Devia, alias 'Raúl Reyes'.

Además, el jurista aduce que el jefe del Ministerio Público hizo uso de facultades que no le son propias ni legal ni constitucionalmente, al emitir una sanción equivalente a la pérdida de investidura, que es del resorte exclusivo de la máxima instancia de la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, el mismo Consejo de Estado.

Para Angulo, otra de las razones que dejan a la luz la irregularidad con la que se vio marcado este proceso disciplinario, es el hecho de que las acciones en contra de las determinaciones del procurador Alejandro Ordóñez hayan sido resueltas por uno de sus inferiores jerárquicos, como lo es la viceprocuradora Martha Castañeda.

Piedad Córdoba fue sancionada con destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 18 años, luego de que el Ministerio Público hubiera concluido que las comunicaciones que por correo electrónico había sostenido la dirigente  liberal con ‘Reyes’ no solo iban encaminadas a la promoción de un diálogo humanitario en favor de las víctimas de la guerrilla, sino que demostraban su alianza con la insurgencia.

Seis meses después de emitida la decisión en contra de Córdoba, la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que las pruebas recaudadas a partir del computador del extinto jefe guerrillero eran ilícitas, por haber sido recogido tras una operación militar adelantada por Colombia en territorio ecuatoriano, sin contar con la participación de autoridades de ese país, como lo ordenaba un convenio bilateral existente entre ambas naciones.

Al recordar que los tratados internacionales hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad, es decir que hacen parte integral de las normas jurídicas del Estado, la corporación señaló que esa prueba, particularmente, carecía de legalidad y no podía ser utilizada judicialmente.