Radiografía dolorosa

Senador Jorge Robledo dice que el desfalco a la salud supera los $8 billones y pide la renuncia del superintendente Conrado Gómez.

Un dictamen similar al que podría recibir un enfermo en cuidados paliativos presentó el senador Jorge Enrique Robledo en el marco del debate que anoche realizó en el Congreso contra el ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría, por las evidencias de irregularidades, ineficiencia y fraude que se vienen presentando en el sector salud que, a juicio del legislador, van mucho más allá de las denuncias que presentaron el presidente Juan Manuel Santos, la fiscal Viviane Morales y la contralora Sandra Morelli.

El primer planteamiento que esgrimió el congresista tiene que ver con la viabilidad financiera del sistema de salud en el país, sobre lo cual señaló que Colombia nunca había contado con tanto dinero para este tema y recordó que en 1993 el presupuesto total para la salud llegaba a $3,4 billones. En 2009, de acuerdo con un informe de Jaime Ramírez Moreno, investigador experto en economía y gestión de la salud, el presupuesto era de $34 billones y Gilberto Barón, asesor del Ministerio de Protección, sostiene que este monto ascendía a $38 billones. En ese contexto, Robledo aseguró que el problema no es de dinero, sino del modelo que se implementó con la Ley 100.

Su principal argumento para sostener que la salud en Colombia se comporta como un negocio es el multimillonario aumento patrimonial que han tenido las principales Empresas Promotoras de Salud (EPS) y citó casos como los de Coomeva, que ha crecido 26 veces su patrimonio; Saludcoop, 154 veces, y Salud Total, 82 veces.

Paralelo a esto, Robledo explicó que el aumento de la inversión en salud de parte del Estado y el crecimiento de las EPS es inversamente proporcional a la calidad en lo que se denomina ‘salud pública’, pues no se presta un adecuado manejo de enfermedades virales como rabia, tuberculosis, malaria y fiebre amarilla. Y en otras, en las que es necesario implementar medidas de prevención, como diabetes y coronarias, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, crecerán de forma exponencial por falta de control.

Aunque el argumento del Gobierno es que el cubrimiento en Colombia es el más amplio que se haya dado en la historia y se acerca al 100%, Robledo sostuvo que hay “barreras para el acceso al servicio dentro del sistema, tales como copagos, cuotas moderadoras y sistemas de control al costo”. Citando un estudio de la Defensoría del Pueblo, denominado ‘Autonomía Médica y su Relación con los Servicios de Salud’, resaltó que el 34% de los médicos aceptaron que las EPS para las cuales laboraban ejercían mecanismos para restringir la formulación de exámenes y medicamentos con la finalidad de ahorrar costos.

El mismo estudio destaca que el 53% de las tutelas para acceder a servicios de medicina general fueron interpuestas por servicios que estaban contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS), por tanto las EPS no debían haberse negado a prestar el servicio. De igual forma sucedió con el 75% de las cirugías, que también fueron negadas por las entidades.

Ante estas irregularidades, Robledo criticó los mecanismos de control con que cuenta el Estado. “En Colombia, robar el sistema de salud es algo fácil. Es un gangazo. La Superintendencia de Salud, que es la encargada de esto, sólo cuenta con 303 funcionarios, 157 de ellos para labores de control y vigilancia, los cuales tienen que hacer seguimiento a 40 mil entidades. ¿Así cómo se puede hacer un seguimiento a estas irregularidades?”, planteó el senador, quien expuso cifras presentadas por el Ministerio de Protección Social que señalan que en la Superintendencia hay más de 60 mil quejas represadas y al año reciben más de 34 mil.

Otro de los temas en los cuales Robledo centró su debate fue en el “millonario negocio del cobro y recobro de los medicamentos en Colombia”, sobre lo cual planteó cuatro puntos: primero, se estaría usando el dinero asignado exclusivamente para la atención de los usuarios a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —presupuesto destinado por el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) para garantizar la atención del Plan Obligatorio de Salud (POS)— en inversiones de patrimonio de estas entidades. Además, está la presunta conformación de un cartel entre las entidades afiliadas a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que congrega el 84% de las EPS, para elevar los costos de la UPC y cobrar mayor dinero al Gobierno por los servicios que se prestan dentro del POS.