Razones de Saulo Arboleda

Hace 14 años ocurrió el escándalo. Por vericuetos de la justicia el caso no concluye. Dos ministros con destinos adversos.

La segunda semana de agosto de 1997, a raíz de la publicación de una conversación privada entre los entonces ministros de Comunicaciones, Saulo Arboleda, y de Minas, Rodrigo Villamizar, en torno al proceso de adjudicación de 81 emisoras de radio en FM, estalló el escándalo del Miti-miti. Catorce años después, en medio de un dilatado proceso repleto de errores, el único condenado  por el caso, el exministro Arboleda, sigue insistiendo en la revisión del expediente.

Hace una semana, con dos recursos ante la Corte Suprema, ha vuelto a solicitar la evaluación de su proceso. ¿Y qué lo lleva a persistir en una pelea casi olvidada que prácticamente tiene el sello de cosa juzgada? Él sostiene que a través de los años han aparecido nuevos hechos que cambiaron la comprensión del caso y que además no puede seguir cargando injustamente con el lastre de que lo pongan como protagonista de los recientes capítulos de la corrupción en Colombia.

La historia comenzó después de que la revista Semana divulgara la charla telefónica entre Arboleda y Villamizar en la que el ministro de Minas pidió a su colega apoyar la propuesta en Cali del periodista Mario Alfonso Escobar, y Arboleda se comprometió a ayudarle argumentando que el asunto de las emisoras debía resolverse “Miti para amigos del presidente y Miti para otros”. Como era obvio, los ministros renunciaron y, acto seguido, llegaron las investigaciones.

Por violación al Estatuto de Contratación, la Procuraduría les abrió proceso disciplinario. La Fiscalía ordenó escucharlos en versión libre. Pese a que la grabación no había sido producto de una orden judicial y judicialmente era una prueba ilícita, por el contexto de la época y su incidencia en la licitación para emisoras en FM, el tema se volvió escándalo con repercusiones judiciales. Antes de un año, los ministros Arboleda y Villamizar estaban privados de la libertad.

Aunque la emisora fue adjudicada a Mario Alfonso Escobar un mes antes de la divulgación de la conversación, a raíz del escándalo ésta nunca se entregó. Sin embargo, el 8 de junio de 1998, el entonces fiscal Alfonso Gómez Méndez dictó medida de aseguramiento contra los exministros por el presunto delito de interés ilícito en celebración de contratos. En octubre del mismo año ya estaban llamados a juicio y en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Ya sin opción ante la Fiscalía, Arboleda rompió su silencio y señaló que no entendía por qué la justicia lo tenía preso por escuchar la recomendación de su colega, cuando reconocidos periodistas y personajes públicos habían hecho lo mismo. Empezando por Gómez Méndez, quien le  pidió ayuda para una emisora en Chaparral (Tolima), semanas antes de ser elegido Fiscal. En medio de la polémica, el entonces vicefiscal, Jaime Córdoba, explicó la razón: es delito cuando lo hace un funcionario público.

En mayo de 1999 comenzó el juicio por el Miti-miti en la Corte. Pero apenas arrancando sucedió lo inesperado: el alto tribunal argumentó que el exministro Villamizar, cuando llamó a su colega para pedir ayuda para la emisora, había obrado como particular pues nada tenía que ver con asuntos de comunicaciones. En consecuencia, dispuso que un juzgado penal evaluara su conducta y siguió adelante con el juzgamiento, en única instancia, del exministro Saulo Arboleda.

No sirvió que el magistrado auxiliar Joaquín Rueda renunciara a 39 años de carrera judicial, en desacuerdo con la petición del magistrado Nilson Pinilla para que proyectara condena. El 25 de octubre de 2000, Arboleda fue sentenciado a 54 meses de prisión. No hubo sanción económica pues no existió ese perjuicio, y así lo explicó el entonces presidente de la Sala Penal, Édgar Lombana: “Que haya habido utilidad ilícita para el doctor Arboleda, pues no, definitivamente no”.

Condenado en única instancia, en noviembre de 2000 Arboleda se la jugó con una tutela por presunta violación al debido proceso. El recurso se resolvió negativamente en marzo de 2002. La razón: tres meses antes, el juez 53 penal condenó al exministro Villamizar a 52 meses de prisión. Con los caminos cerrados en lo penal, la única victoria de Arboleda llegó en junio de 2002 cuando el Consejo de Estado anuló la sanción que, por el mismo caso, le impuso la Procuraduría.

En ese fallo se resaltó un aspecto clave. La Corte Suprema había reconocido que la emisora del escándalo, junto a otra, alcanzó el máximo puntaje, pero criticó que para dirimirlo se hubiera omitido la balota. Entonces se supo que no se hizo porque, dos días antes, el procurador Jaime Bernal la prohibió ya que esa licitación no podía someterse al azar. Por otras violaciones al debido proceso, el Consejo de Estado ordenó investigar al exprocurador. El caso se archivó después en la Fiscalía.

Pero Arboleda sólo tenía una obsesión: su propia condena. Por eso, en 2006 volvió a colocar tutela. La Corte Constitucional se la volvió a negar. Y de nuevo sobrevino algo inesperado. El exministro Villamizar, a quien el Tribunal de Bogotá y la Corte Suprema le habían ratificado la sentencia en su contra, interpuso tutela y expresó que si la justicia había reconocido que él había obrado como particular, entonces el exfiscal Gómez Méndez lo había acusado sin competencia.

El 2 de febrero de 2006, la Corte Constitucional le dio la razón, anuló su proceso y ordenó que la investigación volviera a empezar en el despacho de un fiscal ordinario porque no tenía fuero de ministro. Con Villamizar viviendo en el exterior —lo estuvo desde 1999—, ya era difícil reconstruir el expediente y el 21 de agosto de 2009 prescribió el caso. Doce años después del escándalo, uno de los ministros quedó sin sanción y el otro sentenciado. Es decir, Miti prescrito y miti condenado.

Arboleda presentó recurso de revisión ante la Corte Suprema por haber sido condenado por la recomendación de un particular y acusado a través de una resolución anulada. El pasado 9 de marzo, la Corte negó la revisión y dijo que la prescripción de Villamizar no implica su inocencia. El exministro de Comunicaciones ha vuelto a insistir y resume así su postura: “No pido que me absuelvan, sólo que se revise mi caso”. A la discusión se suma ahora saber si una decisión judicial puede ser miti válida y miti anulada.