Reacción en cadena

Siguen cayendo cabezas por cuenta de las investigaciones a la contratación en Bogotá. Miembros del Polo dicen que se trata de una persecución política.

“Qué difícil ser funcionario público en este momento en Colombia”, manifestó a punto del llanto el exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá, Néstor Eugenio Ramírez, el pasado miércoles al enterarse de que la Contraloría General decidió suspenderlo indefinidamente de su cargo por, supuestamente, no responder con diligencia requerimientos dentro de un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en la construcción de la Fase III de Transmilenio. Parafraseándolo, qué difícil parece ser funcionario del Distrito por estos días.

El pasado 25 de febrero la Procuraduría General destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos al contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi (y al exrepresentante Germán Olano), por su participación en el cartel de la contratación. Desde entonces, nombres claves de la administración han venido cayendo, uno tras otro, como fichas de dominó, dentro del escándalo por decisión de los distintos organismos competentes.

La lista la encabeza nada menos que el alcalde, suspendido hace una semana y media, durante tres meses prorrogables, por la Procuraduría, que lo investiga por omisión en la ejecución de unos contratos. El mismo día, el ente de control destituyó e inhabilitó a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Miriam Martínez, por irregularidades en la licitación del relleno Doña Juana. Y a fines de marzo, la debacle estuvo protagonizada por Liliana Pardo e Inocencio Meléndez, exdirectivos del IDU, hoy con medida de aseguramiento, lo mismo que Moralesrussi y Olano, dentro de la investigación por el cartel.

La decisión, esta semana, de la Contraloría contra el director del IDU también afecta a Carmen Elena Lopera, directora técnica de esa entidad, quien al igual que su jefe fue suspendida para evitar que se entorpezca la recolección de material probatorio dentro del proceso por presuntas irregularidades en la construcción de Transmilenio por la calle 26. Este jueves en la tarde y frente a sus 400 empleados, Ramírez anunció su renuncia irrevocable al cargo. Su reemplazo temporal había sido nombrado en la mañana por la alcaldesa encargada, María Fernanda Campo: Héctor Jaime Pinilla, el subdirector del instituto.

Y mientras buena parte de la opinión pública aplaude estas acciones de los organismos que investigan el cartel de la contratación, sectores afectos al alcalde Moreno las critican, dicen que son políticas, que no han sido suficientemente sustentadas e incluso hablan de una suerte de “mano negra” detrás de ellas.

“Detrás de esto hay intereses políticos marcados. No quieren que un alcalde del Polo inaugure las obras y  están reactivando una mano negra contra la izquierda”, indicó Carlos Romero, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Polo. El  político calificó de “absurda y temeraria” la suspensión al director del IDU por tratarse de “uno de los mejores funcionarios del país, que recibió las obras de la 26 con el 13% de ejecución y hoy las entrega en  el 85%”.

En un sentido parecido se pronunció el concejal del Polo Álvaro Argote, quien encuentra “poco explicables” las actuaciones de la Contraloría y de la Procuraduría en los casos de Néstor  Ramírez y Miriam Martínez, respectivamente: “El uno venía entregando la información que le requerían y ella adjudicó  cumpliendo los requisitos. Es inevitable sentir un tufillo de persecución”.

En la orilla contraria, el concejal y candidato a la Alcaldía por Cambio Radical, Carlos Galán, opina que el derrumbe que padece la administración  obedece a una serie de hechos que se fueron acumulando. “Todo se les vino encima porque el alcalde no hizo caso a las advertencias”.

El cabildante no cree que las acciones judiciales tengan que ver con una persecución política y con él coincide el exalcalde Jaime Castro, quien recuerda que Olano y Moralesrussi son liberales y Néstor  Ramírez pertenece a La U, es decir, ninguno es del Polo.

En el caso de Ramírez, el exmandatario menciona el artículo 268 de la Constitución, el cual establece que la Contraloría, “verdad sabida y buena fe guardada”, puede suspender funcionarios dentro de las investigaciones que adelanta sin sustentar ni motivar su decisión.

Por su parte, el concejal del Polo Carlos Vicente de Roux intervino en el debate para decir que tampoco cree en la supuesta persecución y que no se imagina “una reunión entre la fiscal, el procurador y la contralora para conspirar en contra de la administración de Samuel Moreno”.

Los ánimos prometen seguir caldeándose en los próximos días, cuando  se espera que el presidente, Juan Manuel Santos, tome su decisión con respecto a la terna que le presentó el Polo para escoger el reemplazo del alcalde y se auguran nuevas acciones judiciales.

Rumores en ese sentido se escuchan por los pasillos del Concejo y hasta se dice que la próxima semana será suspendido un secretario de despacho. Algo sí es cierto: el círculo Procuraduría-Contraloría-Fiscalía seguirá actuando en uno de los mayores escándalos políticos que recuerde la capital.

La pregunta que queda para muchos es: ¿están siendo muy estrictos o, simplemente, están haciendo justicia? En cualquiera de los casos, por estos días sí parece muy difícil ser funcionario del Distrito.

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