Reanudan juicio por parapolítica contra Luis Alberto Gil

En el caso también está vinculado el exrepresentante Alfonso Riaño.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reanuda este lunes el juicio que enfrentan por supuestos vínculos con el Bloque Central Bolívar de la Autodefensas los excongresistas de Convergencia Ciudadana, Luis Alberto Gil y Alfonso Riaño.

Al parecer, los dirigentes aprovecharon la influencia que ejercía ese grupo armado ilegal en el Magdalena Medio santandereano para asegurar su presencia en el Congreso en 2002.

Luis Alberto Gil aceptó haber concurrido una reunión en la que estuvo presente el excomandante paramilitar Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, pero desestimó que buscara de ellos respaldo electoral alguno.

En 1998 y 2002 se habrían celebrado los encuentros en Medellín y Puerto Berrío, Antioquia, uno de los cuales habría contado con la presencia del también ex líder paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’.

Según la exrepresentante Yidis Medina, Jairo Ignacio Orozco González alias 'Jairo Tarazá', quien fuera el jefe político del Bloque Central Bolívar, le comentó que muchos dirigentes de Santander, entre ellos Gil, habían acudido a ellos y que incluso alias ‘Harold 70’ y alias ‘Johny’ indicaron que el exsenador había tomado whisky con los comandantes del Bloque.

Medina, que fue llamada a declarar por la Corte Suprema, se refirió así a un encuentro que sostuvo con los paramilitares en San Rafael de Lebrija que, dice, la persuadieron para asistir allí y así poder adelantarle un ‘juicio político’; sin embargo, aclaró que ella nunca fue testigo de las supuestas reuniones entre las Autodefensas, Luis Alberto Gil y Alfonso Riaño.

El exlegislador Gil fue llamado a indagatoria a finales de 2007 por parte de la Corte Suprema y fue detenido por orden de un fiscal delegado ante esa corporación en 2008, luego de que renunciara al fuero parlamentario; la Corte recuperó la competencia para segurilo investigando, tras una jurisprudencia que en septiembre de 2009 le permitía conocer proceso de excongresistas que, habiendo renunciado a la investidura fueran sospechosos de cometer delitos relacionados con la ejcución de sus funciones como servidores del Estado.