Recomiendan demoler cabañas del 'Tolemaida resort'

La comisión que investiga las irregularidades en este centro de reclusión militar propuso la creación de un organismo similar al Inpec, pero exclusivo para los militares. Pide acelerar procesos de destitución.

El diagnóstico oficial no puede ser más revelador: el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida se convirtió en un desorden administrativo sin precedentes, con alto grado de corrupción.

Así lo sentencia el informe de la comisión accidental que investigó las denuncias sobre irregularidades en el principal centro de detención castrense del país que se convirtió en un negocio productivo.

Tras revelaciones sobre los privilegios y desórdenes que protagonizaban militares condenados por diversos delitos el Gobierno creó una comisión que acaba de confirmar lo que era un secreto a voces desde hace meses, no solamente en Melgar sino en el resto del país; más que un centro de reclusión Tolemaida se había convertido en un centro vacacional.

Las irregularidades iban desde permisos sin autorización judicial, operación de “proyectos productivos”, ausencia de aplicación de reglamentos, privilegios de los que gozaban algunos internos, estadía de personas ajenas al penal hasta construcción de cómodas cabañas o kioscos sin permiso alguno.

Estas irregularidades estaban articuladas de tal modo que, “constituye un sistema en función de la corrupción y retroalimentado por la corrupción, del cual todos los involucrados, de una u otra forma, se beneficiaron”, señala el informe que acaba de conocer el ministro de Defensa Rodrigo Rivera.

La comisión transitoria, conformada por diversos sectores como el Viceministerio de Defensa, Inpec, Inspector de las Fuerzas Militares e Inspector del Ejército, entre otros, detalló 164 situaciones anómalas, que van desde la construcción de las ya famosas cabañas de estancia para los familiares de los presos hasta incumplimientos de las órdenes jurídicas de retención y permanencia de los reclusos en el centro penitenciario.

Tras este hallazgo los comisionados hicieron 35 recomendaciones puntuales que arrancan por pedir la demolición inmediata de esas construcciones, pasan por la solicitud de crear un organismo similar al Inpec, pero dedicado exclusivamente a controlar los centro de detención de uniformados y pide además, acelerar procesos de destitución de los implicados en este escándalo.

Vea aquí el informe completo.


RECOMENDACIONES

Sobre sitios especiales de reclusión para miembros de la Fuerza Pública y condiciones de dignidad

1. Se debe mantener la normatividad que ordena la reclusión de miembros de la Fuerza Pública en sitios especiales. Además de estar previsto así en la ley, ha sido avalado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como medida de protección de los derechos a la vida e integridad personal de quienes en ejercicio de sus funciones combaten la delincuencia.
2. Las condiciones de privación de la libertad en los centros de reclusión militar deben ajustarse plenamente a la ley, garantizando estándares de seguridad y resocialización de la pena, lo que de ninguna manera es incompatible con condiciones de reclusión digna.
3. Si bien los miembros de la Fuerza Pública tienen derecho a sitios especiales de reclusión, estos deben regirse y organizarse con las mismas restricciones y limitaciones de los centros penitenciarios ordinarios, lo que implica un reglamento severo, pero también iguales estándares de bienestar, dignidad y respeto a los derechos de los internos.
4. Debe adelantarse una reestructuración del sistema carcelario y penitenciario de la Fuerza Pública. Se recomienda crear la Dirección de Política Penitenciaria y Carcelaria de las Fuerzas Militares y de Policía, dependiente directamente del Despacho del Ministro de Defensa Nacional, como instancia encargada de diseñar una política en la materia y administrar el sistema carcelario, garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas correspondientes y velar por el bienestar y los derechos de los internos.
5. Se recomienda que la dirección del Centro de Reclusión de Tolemaida esté en cabeza de un General o Coronel en actividad o en uso de buen retiro, acompañado en la subdirección por un funcionario enviado en Comisión del INPEC al Ministerio de Defensa, con amplia experiencia en administración carcelaria.
6. Efectuar una revista periódica a través de la Inspección General de las Fuerzas Militares a todos los Centros de Reclusión Militar del país.
7. Crear un sistema de monitoreo e información sobre aquellos miembros de la Fuerza Pública que se encuentran recluidos en unidades militares.

Sobre la infraestructura y administración del Centro Penitenciario y Carcelario de Tolemaida

8. El INPEC o quien haga sus veces debe acompañar el proceso de normalización del centro de reclusión con el fin de ajustar, con la adecuada asesoría técnica, todos los aspectos del Centro Carcelario de Tolemaida a lo dispuesto en la ley o lo que regule la política penitenciaria.
9. El Ejército debe dotar al Centro de Reclusión Militar de Tolemaida de una estructura administrativa que permita su adecuación a las normas vigentes, para lo cual deberá disponer con carácter urgente del personal idóneo para dicha tarea.
10. El INPEC o quien haga sus veces debe realizar una inspección a la estructura física del penal con el fin de verificar el cumplimiento de las normas técnicas respectivas y, de ser el caso, asesorar el diseño de un plan de adecuación en el mediano plazo.
11. Las instalaciones del Centro Carcelario y Penitenciario deben adecuarse para facilitar la realización de proyectos productivos conforme a la ley, para lo cual deben disponerse los recursos presupuestales correspondientes.
12. De manera inmediata debe ser aprobado por el Comando del Ejército y por el INPEC el Reglamento Interno del Centro de Reclusión Carcelario y Penitenciario de Tolemaida, toda vez que resulta determinante para la conformación de consejos de evaluación y seguimiento disciplinario. Esto es fundamental para proceder a la evaluación de los internos y fijar los procedimientos para acceder a los beneficios administrativos y subrogados penales en los términos de la ley o lo que regule la política penitenciaria.
13. La implementación del reglamento interno permitirá también la clasificación de los internos de acuerdo a la fase del tratamiento penitenciario en la que se encuentre: alta, mediana o mínima seguridad.

Sobre las cabañas o kiosco y habitaciones para visitas conyugales
14. Considerando que las cabañas y kioscos fueron construidos desconociendo las normas carcelarias y penitenciarias, se recomienda su demolición inmediata.
15. En su reemplazo, se recomienda construir en el mismo terreno nuevos inmuebles que se ajusten a las normas penitenciarias y carcelarias, tanto en su edificación como en su destinación. Tales construcciones son necesarias para cumplir con las tareas administrativas relacionadas con psicología, trabajo social, resocialización, etc.
16. Se sugiere construir habitaciones adicionales a las 10 actuales para visitas conyugales, en proporción al número de detenidos.
17. En todo caso, es indispensable que el reglamento interno regule con precisión el régimen de visitas y de empleo de estas instalaciones.

Sobre proyectos productivos

18. Debe adoptarse un plan de contingencia inmediato para garantizar a los internos el acceso al trabajo y a la redención de penas.
19. Se deben analizar y poner en desarrollo las propuestas de proyectos productivos que con ocasión de la orden impartida por el Comando de Ejército, hayan sido presentadas por los internos.
20. Los talleres deben ser administrados directamente por la Dirección del Centro de Reclusión de Tolemaida y adecuados de manera que garanticen beneficios para toda la población carcelaria que cuente con las condiciones jurídicas para acceder a ellos. De ninguna manera se deben tolerar negocios particulares.
21. A través del INPEC o de quien haga sus veces, se deben analizar posibles proyectos productivos de administración directa o indirecta, con entidades del sector defensa o del sector privado.
22. Es urgente fortalecer la capacidad administrativa, financiera y contable del Centro de Reclusión, lo que implica la asignación de personal idóneo y la adopción de reglamentos internos que regulen estos aspectos.
23. Conforme a lo señalado por el INPEC, en el dimensionamiento del proceso productivo debe propenderse por la definición de actividades que garanticen un ambiente de trabajo para los internos, en función a la distribución de espacios y a la carga ocupacional definida en la estructuración de las capacidades laborales.

Sobre cumplimiento de decisiones judiciales

24. El Centro Carcelario y Penitenciario debe mantener una base de datos actualizada que refleje en tiempo real la situación jurídica de cada uno de los internos. Dicha base debe hacer parte de la base general de información que corresponde administrar a la Dirección de Política Penitenciaría y Carcelaria de las Fuerzas Militares y de Policía.
25. Mientras se hace la reforma, se debe establecer un procedimiento administrativo que garantice el cumplimiento de las decisiones judiciales de suspensión, pero que también permita al Ministerio de Defensa y/o a la Fuerza correspondiente, requerir a la autoridad judicial para que ordene la suspensión.
26. En los casos de separación absoluta, cuando los fallos condenatorios queden ejecutoriados, se debe disponer de un mecanismo de seguimiento que permita conocer dicha decisión de forma inmediata para proceder a la separación absoluta, sin esperar a la formalidad que implica la comunicación del fallo.
27. La necesaria revisión de los casos donde internos que cumplen con los requisitos para ser separados en forma absoluta o retirados continúan en actividad, debe incluir una minuciosa verificación de los tiempos que deben ser descontados como tiempo de condena y que en consecuencia no deben sumar para adquirir el derecho a asignación de retiro o a pensión. En caso de haberse otorgado el derecho, los actos administrativos deben ser revisados y si es el caso, revocados.
28. Se recomienda estudiar los casos en que se deba ejercer la aplicación de la facultad discrecional de retiro, con el fin de separar del servicio a aquellos integrantes de la Fuerza Pública que han defraudado la confianza institucional, independientemente del proceso penal y/o disciplinario en curso.
29. La Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar deberá informar inmediatamente a los órganos correspondientes las sentencias y órdenes de privación de la libertad y lugares donde designados para la reclusión.

Sobre transparencia

30. Corresponde a las autoridades militares prestar a las autoridades penales y disciplinarias que actualmente investigan esta situación, toda la colaboración necesaria.
31. Se deben fortalecer los controles del Ministerio de Defensa Nacional y del Comando del Ejército sobre el funcionamiento del Centro de Reclusión de Tolemaida. Mientras se crea la Dirección de Política Penitenciaria y Carcelaria de los Miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, la Secretaría General del Ministerio debería cumplir en representación de éste dicha función, con el organismo que determine el Comando del Ejército.
32. El INPEC o quien haga sus veces, deberá cumplir con su función de inspección del Centro de Reclusión Militar de Tolemaida y demás centros de esta naturaleza.
33. La Oficina de Control Interno del Ministerio de Defensa deberá desarrollar un programa especial de control y seguimiento sobre el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida y demás centros de esta naturaleza.
34. Deben existir controles desde el nivel central y en los centros de reclusión para garantizar que los actos administrativos de suspensión o de separación se tramiten en forma oportuna.
35. Conforme a las obligaciones constitucionales y legales, se debe dar traslado del presente informe a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, así como a las autoridades administrativas internas del Ministerio de Defensa Nacional y a las Inspecciones de las Fuerzas Militares, para lo de su competencia.
 

 

últimas noticias