Reforma al Estado y víctimas

Una solución salomónica logró el Gobierno ante la evidente división que había entre los partidos Liberal y de la U por la entidad que sería la encargada del diseño de las políticas de reparación a las víctimas y de la asistencia, atención y manejo del fondo de reparación.

Amparado en las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso al presidente para reformar el Estado, se creará el Departamento Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación Nacional, cuya política será dirigida directamente por el jefe de Estado. De esta manera se deja de lado la puja de las dos colectividades, que reflejaba un interés político y electoral.


Como se sabe, la ponencia del liberalismo planteaba la creación de la Agencia Presidencial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mientras que la U insistía en que fuera Acción Social la que siguiera encargada de atender a los afectados por el conflicto. Este debate no era de poca monta, pues se trata de la reparación de cerca de cuatro millones de víctimas, un tema que, como ocurrió en las pasadas elecciones, enfocó las críticas hacia los subsidios que entregaba el Estado a través de Familias en Acción, por presuntos réditos políticos.


Según conoció El Espectador, la decisión de que esta entidad sea un departamento administrativo le da, dentro del organigrama del Estado, un estatus similar al de un ministerio, acorde con el interés que ha demostrado el Gobierno frente a la ley de víctimas, una de las principales cartas de presentación en el ámbito internacional. El borrador de esta iniciativa contempla que en esa nueva dependencia se incluya la creación de una Unidad Administrativa de Atención y Reparación de las Víctimas, encargada del cumplimiento de los compromisos planteados en la ley en lo que tiene que ver con asistencia, atención y reparación, así como en el manejo del Fondo de Reparación.


En materia del diseño de los lineamientos políticos de la ley, se contará con un Comité Ejecutivo dirigido por el presidente de la República. Al respecto, el coordinador de ponentes, senador Juan Fernando Cristo, indicó que “este será un comité de no más de siete personas, que será presidido por el Jefe de Estado y contará con una importante participación de los ministros del Interior y Justicia, de Hacienda y de Agricultura, así como el director de Planeación Nacional. La idea es evitar que los procesos de reparación se politicen y se conviertan en focos de corrupción”.

 

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