Reforma a la justicia y acción de tutela

EL MINISTRO DEL INTERIOR, GERmán Vargas Lleras, ha anunciado algunos de los puntos centrales del proyecto de reforma a la justicia que será presentada próximamente a consideración del Congreso.

Entre ellos se encuentra la reforma a la acción de tutela cuando ésta se ejerce contra providencias judiciales para evitar que se sigan presentando los conocidos “choques de trenes” entre las altas cortes, su procedencia —qué puede ser tutelado y qué no— y, finalmente, qué mecanismos pueden controvertir las decisiones judiciales sobre esta materia. Sin embargo, como sucede de manera regular, cuando se menciona la posibilidad de la acción de tutela se prenden de inmediato las alarmas del país. No es para menos: este ha sido uno de los instrumentos más efectivos para la defensa de los derechos fundamentales, lo que le ha valido un especial aprecio en la población. La masiva apropiación ciudadana de este mecanismo, no obstante, hace imperante canalizarla de manera adecuada y adoptar los correctivos necesarios en donde existan fallas.

Precisamente, uno de los puntos que usualmente se esgrimen para justificar restricciones a la tutela es que genera congestión en los despachos judiciales. Lo que es cierto. A diario se radican 2.000 expedientes en el país. Pero mal haría a la democracia una reforma que, en lugar de enfrentar las falencias de la administración de justicia y los problemas de fondo que ocasionan los conflictos, opte por restringir los mecanismos de defensa. En ese sentido resulta insensato eliminar la facultad de los jueces para decidir sobre derechos sociales. Eso sería tanto como derogar buena parte de la cláusula de Estado Social de Derecho de la Constitución. Claro, todo tiene límites. Pero el debate sobre la regla fiscal ya demostró que puede llegarse a fórmulas para promover diálogos responsables —y necesarios— entre jueces y organismos ejecutivos de planeación, sin restringir la protección judicial de los derechos fundamentales a través de un mecanismo que —y esto es importante— ha probado funcionar.

Ahora bien, los anuncios del Gobierno se han referido, hasta ahora, a la inseguridad jurídica que ha provocado la tutela contra sentencias. Durante mucho tiempo se ha dicho que debería prohibirse este proceder, pues permite la revisión exagerada de cuestiones ya decididas por los tribunales, con lo cual se generan, además, roces innecesarios entre jueces y cortes. En este caso, de nuevo, es posible eliminar las distorsiones sin necesidad de sacrificar el instrumento. La función de unificación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se podría mantener ajustando sus disfunciones; por ejemplo, se puede introducir un término máximo para interponer la tutela, exigir que la persona hubiera alegado la violación del derecho fundamental dentro del propio proceso y precisar que la tutela contra las sentencias de las altas cortes sólo procede para lograr la unificación del entendimiento de los derechos fundamentales, no para corregir los errores judiciales.

La intención del Gobierno parece ir en esta dirección, pues hasta ahora no se ha hablado de erradicar la figura. Pero no hay que olvidar que una reglamentación mal hecha puede llevar a restricciones innecesarias y hasta contraproducentes. La acción de tutela ha sido para millones de colombianos la puerta de entrada al Estado de Derecho, así como una protección sin igual contra la injusticia y la inacción públicas. Es cierto que hay un temor no sólo en el Gobierno, sino en distintos sectores del país sobre lo que llaman “la agresividad de la Corte Constitucional”. Y, bien, todas las decisiones deben ser controvertibles, lo importante es que el remedio no resulte peor que el mal.