Revive el caso Jesús María Valle

La Corte Suprema invalidó absolución de sindicados del crimen del defensor de DD.HH.

En respuesta a recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solicitaron una investigación imparcial y exhaustiva para sancionar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús Valle Jaramillo, la Corte Suprema de Justicia invalidó las sentencias de absolución contra dos de los principales sindicados del crimen y ordenó reabrir la investigación del caso en un juzgado penal de Medellín.   

La decisión de la Corte Suprema, de enorme trascendencia en el contexto de la defensa de los derechos humanos en Colombia, revive un proceso penal cuya impunidad ha sido objeto de denuncia pública por parte de múltiples organizaciones sociales. Se trata del magnicidio del entonces presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle, perpetrado en su oficina ubicada en el cuarto piso del edificio Colón, en pleno centro de Medellín, en la tarde del viernes 27 de febrero de 1998.

En su momento, la investigación por el asesinato de Jesús María Valle fue asumida por una Fiscalía de Medellín que además de vincular al proceso al jefe paramilitar Carlos Castaño, ordenó la detención de cinco personas más, entre ellas los hermanos Francisco Antonio y Jaime Alberto Angulo Osorio. Sin embargo, para marzo de 2001, si bien Castaño fue condenado en calidad de persona ausente y otros procesados recibieron altas penas de prisión, los referidos Angulo Osorio fueron absueltos del cargo de determinadores del crimen.

En julio de 2001, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia contra Castaño y otros, pero también la absolución de los hermanos Angulo Osorio, oriundos del municipio de Ituango (Antioquia) y tildados de haber participado en el plan para asesinar al defensor de Derechos Humanos. El caso parecía quedarse en esta decisión, hasta que fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de que no quedara en la impunidad, pues se trataba de un caso emblemático para la defensa de las libertades públicas.

Fue así como en 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras admitir la revisión del caso, recomendó al Estado promover una investigación seria alrededor del magnicidio. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano y, en uno de los apartes de su decisión, además de los actos de reconocimiento público de la responsabilidad del Estado, instó a la justicia a establecer quiénes fueron todos los responsables de la ejecución del líder Valle Jaramillo.

Ayer, la Corte Suprema de Justicia observó que, según la Ley 906 de 2004, la acción de revisión en el derecho penal colombiano procede cuando exista un fallo por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario adoptado por una instancia internacional. Y como quiera que en dicha sentencia se advierte que “la ejecución de Jesús María Valle permanece en la impunidad”, dispuso invalidar las sentencias de absolución de los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio.

El caso Jesús María Valle es de primordial importancia en Antioquia. Tras el asesinato de Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur y Luis Felipe Vélez en agosto de 1987, y el exilio forzoso de Carlos Gaviria Díaz, el Comité Permanente de Derechos Humanos en Antioquia quedó a la deriva, y fue Jesús María Valle quien en medio de incontables amenazas asumió su conducción. Lo hizo sin declinar sus actividades políticas como diputado de la Asamblea de Antioquia y Concejal del municipio de Ituango por el Partido Conservador.

En desarrollo de sus actividades, Valle Jaramillo empezó a formular denuncias por la incursión de grupos paramilitares en distintas zonas del departamento y, particularmente, lo hizo para advertir que desde 1996, en el municipio de Ituango, de donde era oriundo, estaba operando un grupo paramilitar promovido por los jefes de las autodefensas Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Pero además manifestó que los paramilitares actuaban sin que la Policía, el Ejército, la Fiscalía o la Personería tomaran alguna acción para evitarlo.

Las denuncias de Valle Jaramillo, en vez de provocar una acción del Estado para proteger a la población civil, lo que hicieron fue causar la reacción de los altos mandos militares y de la gobernación de Antioquia, entonces a cargo de Álvaro Uribe, quienes rechazaron sus denuncias. La confrontación pública se acrecentó después de las masacres de  La Granja y El Aro, en área rural de Ituango. El 11 de junio de 1996, los paramilitares del Bloque Mineros asesinaron a cinco campesinos en La Granja y el 22 de octubre de 1997 a 14 en El Aro.

Valle Jaramillo aseguró en sus denuncias que el poder de las autodefensas se había consolidado por colaboración de militares de la Cuarta Brigada del Ejército. Esta aseveración suscitó que fuera denunciado por injuria y calumnia y que chocara con el gobernador Uribe Vélez. La misma semana de su asesinato, Valle Jaramillo había tenido que comparecer en versión libre ante la justicia, donde reiteró que varias veces había advertido a la Gobernación y a las Fuerzas Militares de lo que iba a suceder en Ituango por el accionar paramilitar.

La tarde del 27 de febrero de 1998, dos sicarios irrumpieron en su oficina de abogado en Medellín y, después de obligarlo a tenderse boca abajo, le dispararon en la cabeza con una pistola con silenciador. Desde el principio se supo que el paramilitarismo estuvo detrás del crimen y a la investigación fueron vinculados los hermanos Angulo Osorio, ganaderos de Ituango. Pero nunca pasó nada. Ayer la Corte invalidó la absolución de los Angulo y aunque preservó su libertad parcial, ordenó que se investigue su responsabilidad.