Sí, acepto: la legalización del matrimonio igualitario

LA ACCIÓN PÚBLICA CONSTITUcional fue planeada para que todos los ciudadanos, con o sin formación jurídica, pudieran demandar normativas que trasgredieran sus derechos. Esta figura, por su naturaleza, y a diferencia por ejemplo de un recurso de casación, no tiene requisitos de forma.

En principio, debería bastar que cualquier persona explicitara qué ley lo violenta y por qué. De manera mucho más desarrollada lo hizo en septiembre de 2009 Felipe Montoya cuando demandó las expresión “procrear”, contenida en el Artículo 113 del Código Civil, y las expresiones “familia” y “un hombre y una mujer de contraer matrimonio”, contenidas en la Ley 294 de 1996. Lo que Montoya pedía era que se abandonara el registro de que sólo es familia la que se conforma por un hombre y una mujer, que se dejara de considerar la procreación como el fin del matrimonio y que se les diera la oportunidad a las parejas del mismo sexo de que formalizaran su vínculo sentimental con un contrato matrimonial como lo hacen todos aquellos a quienes se les reconoce autonomía y voluntad.

Una petición, por demás, sensata. En un país en el que el 34% de los hogares son conformados por madres solteras, entender la familia de manera exclusiva como la convivencia de un hombre y una mujer resulta anacrónico, por no decir absurdo. De la misma manera que es absurdo juzgar que el fin único del matrimonio sea la procreación. ¿Qué hacemos, entonces, con las personas que no pueden tener hijos? ¿Le prohibirá el país casarse? Y las que sí puedan, pero no quieran, ¿se les obligará a hacerlo? El Estado tiene límites y familia parece ser, como lo decía un sabio magistrado colombiano, “el lugar donde residen los afectos”. Una abuela y su nieta, también son familia. Un tío y su sobrino. Dos padres sin hijos. ¿Por qué no dos hombres y dos mujeres? De manera sorpresiva, sin embargo, la Corte dejó pasar este reconocimiento y a la demanda de Montoya, como quien se lava las manos, le alegó vicios de forma.

Antes de mañana, sin embargo, el alto tribunal deberá fallar sobre una nueva demanda. Más específicamente, deberá fallar sobre si, en efecto, la Carta de 1991, como muchos lo celebran, estableció la dignidad, el pluralismo y el libre desarrollo de la personalidad como pilares del nuevo orden; sobre si podemos elegir ser lo que queremos y apostar por un ideal de vida y guiarnos por él; sobre si somos nosotros quienes podemos construir nuestra propia identidad. Una identidad que no sólo responde al giro circunstancial de un cambio de modelo político, sino que expresa también, y de manera más profunda, ese sentimiento interno que nos define a todos.

Las parejas del mismo sexo no están pidiendo un nuevo derecho y quienes los apoyan no quieren revolucionar la sociedad. La sociedad ya es lo que es. Y lo es, además, desde hace mucho tiempo. Se trata de reconocerlo e incluir las diferentes formas de vida en el Estado. Es un ejercicio de justicia, de perspectiva, de tolerancia. Mientras que la Corte se daba tiempo con formalismos, el matrimonio igualitario fue aprobado en Brasil y en el estado de Nueva York. Ya está aprobado en Canadá, México DF, Argentina y en varios de los estados americanos, para no irnos a Europa. ¿Qué pueden estar esperando los magistrados? ¿Más argumentos anatómicos del tipo “el hombre está diseñado para encajar en la mujer”? ¿No es acaso ya hora de dar las igualdades políticas por sentado?

 

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