Sí al aborto, no al control de la natalidad

Esta ONG, que llega a Bogotá, asegura que las mujeres deben tener la posibilidad de tomar las decisiones acerca de su cuerpo y su vida.

Defienden la posibilidad de que cualquier mujer, por decisión propia, pueda interrumpir el embarazo en las primeras doce semanas de gestación. Respaldan que los gobiernos garanticen en sus sistemas de salud el acceso a anticonceptivos de emergencia. Están en contra de las naciones que buscan controlar la natalidad a través de leyes y mandatos.

En síntesis, trabajan por la promoción y la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, en todos los continentes. Nacieron en 1992 en Nueva York. Tienen tres sedes en el mundo. Y acaban de lanzar la primera en América Latina, en Colombia, en Bogotá. Son una ONG llamada Centro de Derechos Reproductivos (CRD), y una caleña, Luisa Cabal, es la directora de su programa internacional.

En medio de la conversación, Cabal reitera la necesidad de que las mujeres tengan la libertad de tomar las decisiones acerca de su vida y de su cuerpo, y de que los gobiernos les provean los servicios necesarios para ejercer esas decisiones reproductivas (salud, información). Con esos principios, el CDR y sus abogados especialistas en derechos reproductivos han estado presentes en más de 50 países. ¿Qué han encontrado?

En Chile, la historia de una mujer VIH-positiva que fue esterilizada sin su consentimiento durante un parto por cesárea. En Honduras, leyes que prohíben tajantemente la venta, distribución y uso de la anticoncepción de emergencia. En Perú, la prohibición de distribuir anticonceptivos de emergencia gratuitos a grupos vulnerables. En Brasil, el caso de una mujer afro de 28 años, embarazada, que murió después de que el sistema estatal de salud le negó atención médica materna apropiada y oportuna. En Costa Rica y Perú, la negativa de funcionarios de salud para realizar abortos terapéuticos, a pesar de que las leyes en ambos países lo permiten.

¿Y en Colombia? Aquí tres temas que, en palabras de Luisa Cabal, inquietan a la organización. El primero: el hecho de que aun con la despenalización parcial del aborto (en caso de violación, malformación del feto o que corra peligro la vida de la madre) las mujeres todavía no puedan ejercer este derecho a plenitud, por la tramitomanía, por la objeción de conciencia que aducen tantas instituciones para negarse a proceder.

 “Esto también nos preocupa —dice Cabal—. Si bien la Corte Constitucional ha definido los parámetros de la objeción de conciencia, todavía es un tema que falta por definir; falta más capacitación y sensibilización de que las instituciones como tal no pueden objetar, que la objeción debe ser individual y que debe hacerse siguiendo unos pasos”.

La segunda problemática que está en mira de la organización son las altas tasas de embarazo adolescente (la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud señala que hoy en Colombia una de cada cinco mujeres de 15 a 19 años ha estado alguna vez embarazada). Cabal se pregunta: ¿Qué más podría estar haciendo el Gobierno para prevenir que niñas estén dando a luz, que interrumpan su proyecto de vida y sean sometidas, por decirlo así, a vivir en la pobreza?

Y el tercer tema: la mortalidad materna. “Si bien Colombia no presenta tasas tan graves como Asia y África, lo que sí tenemos son disparidades regionales. Es decir, hay regiones en este país —como el Chocó y el Amazonas— que tienen tasas similares a naciones del África subsahariana”.

¿Cuál es la posición del Centro frente a políticas de control de natalidad (así como la que espera radicar en el Congreso el representante del PIN Hólger Díaz)? “Es una violación a los derechos humanos —dice Cabal, contundente—. La tarea del Gobierno es dar información, educación y oportunidades”.

Dice además que la tasa de natalidad en Colombia (2,1 hijos) está controlada, “es la tasa a la que aspiran todas las sociedades. Entonces, ¿qué habría detrás de una propuesta como esta? Lo que me preocupa es que sea una política dirigida a los sectores más vulnerables”. Así como sucede en Perú —prosigue—, donde tienen denuncias de mujeres indígenas, campesinas, de estratos bajos, que aseguran haber sido obligadas a un proceso de esterilización bajo amenazas de cárcel.

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