Sólo hay $25.000 mensuales para la seguridad de cada juez: Judicatura

La Sala Administrativa informó que los cerca de $1.380 millones que a febrero de 2011 fueron girados por el Gobierno son insuficientes.

No más de 850 pesos diarios, que al final del mes suman 25.000, es el monto con el que cuenta la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para garantizar la seguridad de los más de 4.500 jueces de todo el país, denunció el ente.


Según el cálculo, el presupuesto no alcanza para invertir más de 305.000 pesos anuales en cada jefe de despacho, eso sin contar al personal administrativo que integra cada juzgado y que ejerce actividades que también pueden ser  consideradas de alto riesgo, toda vez que inciden en algunas de las consideraciones resolutivas de cada caso.


Frente a las críticas recibidas por las condiciones deficitarias de seguridad que rodeaban a la juez de Saravena, Arauca, Gloria Gaona, al momento de ser asesinada, la Sala respondió que la Ley consagra en el Ministerio del Interior y de Justicia la mayor parte de la responsabilidad.


Indicó que el artículo 32 del decreto 200 del 3 de febrero de 2003 determina que es esa cartera la encargada de manejar el Fondo de Protección de Justicia, destinado a la inversión en materia de seguridad para los encargados de impartir justicia en nombre del Estado.


Durante los últimos siete años el monto de ese fondo, al parecer, ha estado por debajo de la demanda de seguridad por parte de los jueces; entre 1.000 y 1.380 millones de pesos ha recibido la Judicatura durante esas vigencias fiscales, lo que imposibilitado satisfacer las necesidades de protección de lo operadores jurídicos, pues al dividirlos entre el número de funcionarios a proteger las cifras se reducen a términos escandalosos, como los ya descritos.


De ahí que la Sala Administrativa haya hecho un nuevo llamado al Gobierno para que redoble esfuerzos en esta materia, pues la seguridad precaria que tienen muchos jueces, según trata de evidenciar, se debe al presupuesto deficitario entregado por el propio Ejecutivo y no a descuidos.