El expresidente Ernesto Samper Pizano se quejó este lunes del desarrollo de la investigación que en su contra lleva la comisión de Acusación e Investigación de la Cámara por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
En carta envida a esa célula, el exmandatario dijo que hubo varios hechos que le extrañaron en desarrollo del interrogatorio que llevó la comisión en Estados Unidos a Hernando Gómez Bustamante, conocido con el alias de 'Rasguño'.
“Destaco la particular perfidia con la que el parlamentario investigador Augusto Posada Sánchez (de La U – Antioquia), condujo el cuestionario, favoreciendo sus amistades políticas, guardando silencios injustificados, cuando el testigo comprometía a varios de sus paisanos y copartidarios”, aseguró.
En ese sentido, señaló que Posada “buscaba, tozudamente, que el declarante involucrara a mi Gobierno y al suscrito en el asesinato, al extremo tal, que el propio interrogado hubo de exigirle que no insistiera en sacarle una respuesta para incriminarme como autor intelectual del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado”.
Cuando habló del otro investigador, representante Héctor Vergara, Samper señaló que él “le pregunta categóricamente al testigo –alias ‘Rasguño’- si tiene pruebas de las afirmaciones que ha venido haciendo, este le responde de manera clara y audible que no las tiene".
Por eso, pidió a la Corte Suprema de Justicia que "examine" la conducta de sus investigadores pues para él sus actuaciones son de “gravedad”.
"Dada la gravedad de los hechos que pongo de presente y en atención a la protección de mis propios derechos, me permito, con todo comedimiento, solicitarles (a la comisión) correr traslado de esta solicitud y de todo el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que sean examinadas sus conductas como Representantes Investigadores en este asunto”, advierte su misiva.
En ese sentido, pidió que también se investigue “unas supuestas amenazas recibidas” por uno de los investigadores (Vergara) en los Estados Unidos, que lamentablemente, según me he enterado, no fueron puestas en conocimiento de las autoridades norteamericanas, ni de la Cancillería y las demás autoridades colombianas".