Samuel espera

La renuncia de su abogado obligó al suspendido alcalde de Bogotá a solicitar aplazamiento de la diligencia. La Fiscalía lo quiere en prisión.

El suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, esperará unos cuantos días más para enfrentar a la justicia y escuchar los argumentos que tiene la Fiscalía para llevarlo a juicio, prolongando así la incertidumbre de si irá o no a prisión, mientras avanza la investigación en su contra por su posible participación en el carrusel de la contratación de Bogotá.

La renuncia hace dos semanas de su abogado, Carlos Gómez Pavajeau, a quien también investigarán por el carrusel de la contratación en Bogotá, obligó a Moreno Rojas a buscar a otro apoderado que lo asista en la audiencia de formulación de imputación, razón por la cual solicitó aplazamiento de la diligencia mientras su nuevo defensor conoce los detalles del proceso.

El mandatario radicó la petición ayer en el centro de servicios de los juzgados de Paloquemao, argumentando el respeto de sus garantías procesales y el derecho a la defensa. Ahora, el juzgado fijará una nueva fecha para la audiencia en la que le imputará cargos por concusión, contrato sin el lleno de requisitos legales y peculado por apropiación. Además, la Fiscalía solicitará contra Moreno Rojas la imposición de la medida de aseguramiento.

Gómez Pavajeau dejó de representar a Moreno Rojas para afrontar el proceso preliminar que en su contra abrió la Fiscalía para verificar si mientras fue viceprocurador general influyó en decisiones relacionadas con las investigaciones por el escándalo de corrupción en Bogotá.

El pasado 3 de mayo la Procuraduría suspendió a Moreno Rojas por su posible omisión en el trámite de los contratos de las obras de la Fase III de Transmilenio en la calle 26, que terminaron en irregularidades y actos de corrupción cometidos por los Nule.

Por otra parte, el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, también investigado por el carrusel de la contratación, seguirá en prisión. El juez 60 Penal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá le negó una petición de libertad porque, pese a que ya se cumplió el plazo legal para comenzar el juicio, la complejidad del caso y no la negligencia de las autoridades a cargo ha generado las demoras.