Santos a bordo de los galeones

El Gobierno Nacional contrató a exabogado de Michael Jackson para que defienda a Colombia ante el Tribunal de Columbia en Washington por caso del tesoro del San José.

No sólo la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el TLC y las relaciones con el gobierno de Barack Obama fueron los temas de interés del presidente Juan Manuel Santos durante su viaje a Estados Unidos. A través de la Cancillería estaba al tanto del trabajo de Ramón P. Marks, exabogado de Michael Jackson y recién contratado defensor ante el Tribunal de Columbia en Washington, donde el Estado colombiano fue demandado en diciembre pasado por US$17 mil millones, acusado de incumplir “sistemáticamente” un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2007 que le reconoció derechos sobre la mitad del tesoro del galeón San José a la firma norteamericana Sea Search Armada (SSA).

El Espectador habló con Marks, quien confirmó que asumió el caso pero advirtió que no recibió autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para dar declaraciones públicas. Sin embargo, una fuente oficial allegada al pleito explicó que la estrategia inicial fue pedir 60 días para contestar la demanda y luego discutir la competencia jurisdiccional de esa corte norteamericana. SSA dice haber acudido a esa instancia por el incumplimiento de un fallo del máximo tribunal de la justicia colombiana y que ante las multimillonarias pérdidas que les ha generado no le quedaba otra posibilidad que la justicia estadounidense.

El gobierno de Juan Manuel Santos necesita tiempo para dejar sentada su posición no sólo frente al caso del galeón San José, sino frente a no menos de 1.200 galeones de la época de la Colonia, hundidos en aguas colombianas en coordenadas registradas por el Archivo de Indias en España y entre cuyos restos hay tesoros que plantean litigios como este.

El abogado de SSA en Colombia, Danilo Devis, dijo a este diario que “esa estrategia de dilación busca no tener que enfrentar lo sustancial de nuestra reclamación”. Santos había sido notificado a través de carta por Devis de la demanda el pasado 9 de diciembre y el Gobierno se notificó oficialmente en enero. La secretaria jurídica de Santos alcanzó a responderle a Devis (ver facsímil) planteándole una posible reunión, pero no se ha concretado.

En febrero el jefe de Estado fue notificado del interés del norteamericano Burt Webber por intentar el rescate del galeón San Roque en aguas cercanas al islote de Serranilla, archipiélago de San Andrés y Providencia. Encargó del tema a la asesora presidencial para temas de Medio Ambiente, Sandra Bessudo, quien se reunió con Webber y sus asesores. Con ambos casos sobre la mesa, el gobierno de Santos trabaja en dos frentes: el más urgente es la contestación de la demanda en Washington y el segundo es la presentación al Congreso de un proyecto de ley que regule de una vez por todas la búsqueda, localización, conservación y rescate del patrimonio cultural sumergido.

El gobierno de Álvaro Uribe presentó un proyecto de ley cinco días antes de terminar su gestión, pero fue retirado por el actual gobierno el 25 de agosto al parecer por estar en desacuerdo. “Con él pretendían legalizar el raponazo a SSA”, opina Devis.

La posición del presidente Santos, según una fuente del Palacio de Nariño, es que él se apoyará en Sandra Bessudo y en la Comisión de Antigüedades Náufragas para fijar un marco técnico legal y hacer un inventario de naufragios.

De la Comisión forman parte la Cancillería, el Ministerio de Cultura, la Dirección Marítima de la Armada Nacional y cuatro recomendados del presidente de la República. Uribe había nombrado a los empresarios Germán Montoya y Fabio Echeverri Correa, al hoy embajador en Italia Juan Manuel Prieto y al exprocurador general y excandidato a fiscal general Carlos Gustavo Arrieta. También está el historiador Rodolfo Segovia. En el Palacio de Nariño se da por descontado que Santos recompondrá la Comisión, “porque ha mostrado interés especial en el tema, en parte por su pasado como alumno de la Escuela Naval de la Armada, y porque de quienes ingresen dependerá la celeridad y enfoque del caso de los galeones”.

La multinacional cazatesoros SSA, que se presenta en los documentos como “corporación de salvamento oceánico”, radicada en Delaware, reclama desde 2007 que, como la Corte Suprema la reconoció como descubridora del naufragio del San José, con derecho a la mitad del tesoro, el Gobierno colombiano le autorice el rescate en inmediaciones de las Islas del Rosario, frente a Cartagena, donde asegura se encuentra en el lecho marino, a cerca de mil pies de profundidad.

Sobre este punto, el Gobierno debe establecer en la nueva ley exactamente qué será considerado como patrimonio cultural colombiano, por ejemplo objetos únicos, y qué como tesoro, que es el caso de las monedas y lingotes de oro y plata del cargamento del galeón San José, hundido en 1708 y avaluado por SSA entre 4.000 y más de US$10.000 millones.

SSA considera que toda la carga es tesoro porque provenía del Virreinato de Perú en una embarcación con bandera de la Armada de España. Es decir, Perú y España tienen derecho a entrar en la disputa teniendo en cuenta la Convención de la Unesco sobre el tema, que no ha sido suscrita ni por Colombia ni por Estados Unidos porque, según los expertos, beneficia abiertamente a los europeos por el concepto de “inmunidad soberana” que cobijaría a las naves de su país que cumplían funciones militares en la Colonia.

De ahí la importancia de que el gobierno de Juan Manuel Santos fije ante el Tribunal de Virginia la posición de Colombia no sólo a nivel nacional, sino en el plano internacional, ya que, por ejemplo, el año pasado un tribunal de Tampa le devolvió a España todo el tesoro del galeón Nuestra Señora de las Mercedes, en que colombianos descendientes de las víctimas del naufragio reclamaban derechos sobre un tesoro de más de 500 mil monedas. Entonces Colombia decidió no intervenir.

Todo este panorama explica el afán de SSA de concretar sus derechos sobre el San José. A través de decenas de cartas le ofreció al gobierno de Álvaro Uribe financiar la totalidad de la operación con un costo calculado en US$40 millones. Pero el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, le respondió que el Estado colombiano no está obligado a dar luz verde a la operación y que si SSA la intenta por su cuenta será enfrentada por buques y patrulleras de la Armada Nacional.

Una de las cartas de la Presidencia a SSA advirtió: “Considerando que esto concierne a la defensa de la integridad del territorio colombiano, así como los bienes que posee la Nación, las Fuerzas Armadas nacionales evitarán que se realicen actividades no autorizadas en áreas marítimas jurisdiccionales...”.

Devis responde que “la posible ejecución de un plan de rescate unilateral en la plataforma continental está en marcha, amparado por la Convención de Ginebra de 1958 sobre Plataforma Continental, que otorga libertad de navegación y precisa que la jurisdicción de Colombia se limita exclusivamente a lo atinente a la exploración y explotación de recursos naturales”. Y también advierte: “No es difícil imaginar las consecuencias que traería la interceptación por la Armada Nacional, en aguas de libre navegación, de barcos de bandera americana que se dirigirían a rescatar lo que según la Corte Suprema de Colombia le pertenece a SSA”. Incluso anunció que la multinacional notificará al Departamento de Estado teniendo en cuenta “la gravedad de las incidencias que se presentarían entre los dos países si tratan de sabotear el rescate”. Con este panorama, Santos sube a bordo de los galeones.

La posición de Fabio Echeverri Correa

“Nunca he hecho nada a efectos del San José”

La presencia del empresario Fabio Echeverri Correa en la Comisión de Antigüedades Náufragas fue criticada desde el año pasado por SSA y en la demanda asegura que está impedido para seguir en la Comisión porque en 1993 fue el intermediario de un contrato del gobierno de Colombia, en ese momento en cabeza de César Gaviria, con el buscador de tesoros Tommy Thompson. A un costo de 817.203 dólares de la época se le pidió al norteamericano que certificara si el galeón San José estaba en las coordenadas denunciadas por SSA y después de nueve días de inspección su respuesta fue que no había rastros de naufragios. SSA agrega en la demanda que esa fue una “farsa” para desacreditarla e intentar que la búsqueda del tesoro pasara a otras manos, tanto que ofreció ir con la Armada a verificar y que si se demostraba renunciaba a su pelea por el San José. Esa empresa dice tener la certeza de la localización gracias a un trabajo de dos años de exploración en la que invirtió diez millones de dólares de 1980 e incluyó al submarino Piccard, seguido por otro observador de la Armada colombiana.

A Echeverri también se le atribuye haber representado a la firma Northwest Energy, “una compañía americana con intereses comerciales en Colombia que intentó apoderarse del San José ese año”. Enseguida acusa a Echeverri: “En 2010 volvió a utilizar sus conexiones políticas en un fraude encaminado a apoderarse del San José”. Y al gobierno de Álvaro Uribe en general: “Nombró a varios socios suyos para que se apoderaran de la Comisión y eliminaran agresivamente a la SSA y se apoderaran del San José… el gobierno de Colombia intentó coaccionar a los jueces del Tribunal Supremo para hacer que los jueces anularan el fallo colombiano”.… el gobierno de C.

Consultado por El Espectador, Echeverri señaló que “es falso que yo haya sido intermediario de alguien. Yo representé a Tommy Thompson y a Columbus American Group para una licitación que costaba un millón de dólares. Eso se acabó. No tengo representaciones, no llevo porcentajes en nada, no soy socio de nadie, nunca he hecho nada a efectos del San José. ¿Sé del tema? Sí. ¿Soy estudioso del tema? Sí. Porque lo tengo por hobbie y he tenido la oportunidad de estar en algunas operaciones y rescates de ese tipo. Nada más”.

“Soy miembro de la Comisión y sé que a la SSA la Corte le reconoció el derecho a sacar la mitad del tesoro en las coordenadas que ellos habían denunciado, pero ahora ellos pretenden que les autoricen el rescate no sólo ahí sino en zonas aledañas”. Preguntado por la acusación de fraude para favorecer a otros posibles interesados dijo que no piensa responderla: “no me sorprende ni tengo problema con lo que digan esos señores de SSA. Que digan lo que quieran porque son terribles. Tengo 78 años y nunca he demandado a nadie ni me han demandado”.

Sobre el retiro del proyecto de ley sobre patrimonio sumergido, Echeverri lo confirmó: “Lo retiró el gobierno entrante, según nos contó la ministra de Cultura hace un mes durante la última reunión de la Comisión. No porque nosotros se lo hayamos pedido sino porque lo había presentado la ministra anterior (Paula Moreno) por su propia cuenta sin que nosotros tampoco se lo hubiéramos pedido”.

Pero en un acta de la sesión de octubre 28 de 2009 de la Comisión de Antigüedades Náufragas se lee: “La Viceministra cerró la exposición indicando que se estudiarán los comentarios y sugerencias realizados para avanzar en el texto definitivo (del proyecto de ley) e invitó para que en la próxima reunión se hicieran nuevas contrapropuestas o comentarios al texto del articulado que se entregó a todos los miembros. El doctor Edmundo Del Castillo invitó a todos los miembros a estar dispuestos a aterrizar el tema del patrimonio cultural sumergido con los ajustes a que haya lugar, sin demoras, porque el Señor Presidente ha solicitado darle un impulso al tema, y al doctor Echeverri, Prieto y Arrieta nos parece de la más alta importancia concretar esta regulación”.

Exabogado de Michael Jackson y contra Irak

Ramón P. Marks es uno de los abogados estadounidenses más prestigiosos debido a que se especializó en la defensa de los intereses de su país en litigios internacionales. Ha ganado demandas del Estado y de la banca contra el Ministerio de Industria de Irak, así como de General Electric Co. contra el Ministerio de Gobierno de Irak. Según su hoja de vida, también se hizo famosos como “asesor legal principal” del fallecido Rey del Pop, Michael Jackson, en una acción de responsabilidad civil que le instauraron empresarios de Brasil y de la que fue exonerado. ¿Por qué el gobierno de Santos lo escogió para el caso del San José? Marks, con 33 años de experiencia y en las listas de los “Super Lawyers” del año, es una de las estrellas del prestigioso bufete Arnold & Porter LLP en Nueva York y ha manejado con éxito muchos casos de “inmunidad soberana”. La demanda contra Colombia se basa en que nuestro país no tiene inmunidad en el caso y un tribunal del estado de Virginia puede investigar y decidir si cometió las irregularidades de que lo acusa SSA, a través del también reconocido abogado internacionalista James S. Del Sordo.

Los papeles del tesoro del San José

Facsímiles de la demanda contra Colombia, el frustrado proyecto de ley y la carta de Juan Manuel Santos invitando a SSA a negociar.  

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