Se despeja la ruta a 'Las Pavas'

A los campesinos que luchan desde hace 16 años por ser dueños del predio Las Pavas (sur de Bolívar) parece que se les despeja más el camino.

Al reciente triunfo en la Corte Constitucional, donde los magistrados ampararon su derecho a permanecer en el predio mientras se resuelve la extinción de dominio, ahora se suma el concepto del Ministerio del Medio Ambiente, que juega a su favor.

Actualmente en el predio existen cultivos de palma, que sembraron los nuevos dueños. De acuerdo con el concepto que le envió el Minambiente al Incoder, “existe impacto ambiental y deterioro del ecosistema por culpa de este nuevo cultivo” y se recomienda avanzar en planes de conservación y uso sostenible.

Según el Incoder, en el concepto también dicen que, si bien no se necesita licencia ambiental para estos cultivos, sí deben tener permisos para vertimientos líquidos, aprovechamiento forestal, concesiones de aguas subterráneas, ocupación y desvíos de cauces, aprovechamiento de material de arrastre, algo que parece no han hecho los actuales propietarios.

El estudio se adelantó tras la solicitud del Incoder para determinar si los cultivos de palma en El Peñón y San Martín de Loba atentaban contra el ecosistema, especialmente los humedales. En el concepto del Minambiente se considera que los cultivos sí han generado impacto sobre la biodiversidad. Esto se sumará al expediente del proceso de extinción, que se debe reabrir por orden de la Corte Constitucional, lo que se convierte en un triunfo más de los campesinos.

Este caso tiene antecedentes desde 1995, cuando los campesinos llegaron a la hacienda supuestamente abandonada, la ocuparon y la hicieron productiva. Después de varios años, le reclamaron al Gobierno que tramitara la extinción y les titulara. Sin embargo, reapareció el dueño Jesús Emilio Escobar Fernández (pariente del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria) y luego los paramilitares, quienes los desplazaron. Ellos, anteponiendo la necesidad al miedo, regresaron para impulsar la extinción de dominio. Entretanto,  Escobar Fernández vendió la propiedad. Los nuevos dueños sembraron palma y promovieron el desalojo, por invasión de propiedad privada. Por su parte, el Incoder frenó el proceso de extinción.

Los desplazados interpusieron acciones legales para que se respetara su derecho de posesión, pero perdieron su lucha en primera y segunda instancias. Hace menos de un mes, la Corte Constitucional les dio la razón en última instancia y ordenó que se reabriera el proceso de extinción de dominio. Los campesinos se encuentran en Las Pavas desde el pasado 4 de abril, cuando decidieron retornar a la espera del fallo final.