Se destapa escándalo en el sector salud

Los crecientes rumores de irregularidades administrativas y actos de corrupción en el sector salud finalmente comienzan a evidenciarse.

Desde esta madrugada, agentes de la Dirección de Policía Judicial (Dijín), con el apoyo de fiscales, comenzaron varios allanamientos en instalaciones de Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y en la misma sede del Ministerio de Protección Social y el resultado de estas pesquisas empieza a darse a conocer en la Presidencia de la República.

En el curso de la semana anterior, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, insistió en la necesidad de que las autoridades judiciales aclararan lo que él denomina “carteles en el negocio de la salud”. En su criterio, negocios ilícitos para favorecer a algunas EPS a través de recobros, doble facturación y registro de atenciones ficticias. Los únicos perjudicados en este tipo de anomalías son los usuarios del sistema de salud, afectados por las EPS.

Precisamente, en días recientes, la Superintendencia delegada para la protección de la competencia, recomendó a la Superintendencia de Industria y Comercio sancionar a 14 EPS que hoy están agremiadas en la Asociación Colombiana de Medicina Integral (Acemi) por negarse a prestar servicios de salud, ocasionando además anomalías sociales y financieras que afectan la sostenibilidad del sistema general de salud en Colombia.

La investigación de la Superintendencia delegada se inició en marzo de 2009, gracias a estudios preparados por la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, en los que quedó evidenciado el alto incremento en la negación de servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), así como el aumento desmesurado en los recobros financiados por la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga.

En su momento, la Superintendencia delegada para la protección de la competencia, recomendó imponer sanciones a los investigados, que ascendían a $15.450 millones, entre otros aspectos porque de acuerdo a la delegada, la información que suministraban las EPS a las autoridades era previamente manipulada, revisada y ajustada a los objetivos de la agremiación, de tal manera que se impedía una debida transparencia en el mercado de aseguramiento de la salud.

En los próximos minutos, en la Casa de Nariño, funcionarios de la Presidencia, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación darán a conocer los detalles de la investigación judicial en la que han participado los diversos organismos. Según los entendidos en la materia, se trata del principio de un enorme escándalo que promete sacudir al sector salud y que demuestra, en la práctica por qué es necesaria una profunda reforma al sistema, como lo han venido planteando los expertos desde hace varios meses.