Se mantiene en vilo futuro jurídico de exsecretario de Minagricultura

La juez de control de garantías a cargo aplazó la audiencia en la que se define si es enviado a prisión Juan David Ortega.

En prisión podría terminar recluido el ex secretario General del Ministerio de Agricultura Juan David Ortega, a quien se le atribuye parte de la responsabilidad por las irregularidades que habrían rodeado Agro Ingreso Seguro, AIS, en caso de que la juez Johana Santamaría acceda a la petición de la Fiscalía de cobijarlo con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
 
Para el ente acusador, a cargo en este caso de Martín Moreno San Juan, existe un alto grado de certeza de que las actuaciones desplegadas por el ex funcionario constituyen una conducta de alta perjudicialidad para la sociedad, ya que la dignidad del cargo que ocupaba lo obligaban a defender la ocurrencia de yerros en procesos de contratación estatal, entre otras funciones y, a juicio del acusador, no sólo no lo hizo sino que terminó generando un millonario detrimento patrimonial para el Estado.
 
El pasado viernes, 15 de abril, el representante del ente de control había advertido en audiencia celebrada ante la misma juez 55 Penal de Control de Garantías de Bogotá que, según lo dispone el Código, el iniciado podría hacerse merecedor  a una sanción que iría hasta los 33 años de cárcel, que es la máxima pena impuesta por el delito de peculado, el más grave de los que se le imputaron.
 
Para la Fiscalía, el ex funcionario debió advertir que el convenio celebrado entre el Ministerio y el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, IICA, exigía recurrir a un proceso de selección objetiva y no de contratación directa, como lo hizo la entidad, incurriendo en lo que para el acusador resultó generando una violación a las normas de contratación estatal.
 
La apariencia de legalidad que cobijó la viabilidad en la utilización de esa modalidad radicaba en que, según  la cartera, el objeto del contrato era la cooperación tecnológica y científica, pero en realidad el propósito central habría sido la administración de recursos destinados a la publicidad de los programas de riego y dragados que ofrecía AIS a pequeños y medianos agricultores, tal y como lo decía el propio acuerdo, sostuvo  Martín Moreno.
 
Entre 2007 y 2009 se celebraron convenios de esta naturaleza por 47.000, 100.000 y 147.000 millones de pesos aproximadamente, valores que, sumados superan los 288.000 millones de pesos; para el fiscal, el millonario peculado en favor de terceros fue el producto de otras conductas antijurídicas como el interés ilícito en celebración de contratos y el de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
 
El procurador delegado de asuntos Judiciales, Jairo Salgado, coadyuvó la petición de la Fiscalía, al considerar que se daban los presupuestos legales que llevaron a Martín Moreno a solicitar la detención preventiva en prisión de Juan David Ortega, quien a través de su abogado Iván Cancino intentó rebatir esta postura.
 
Según el penalista, si bien el fiscal describió en debida forma las características de los tipo penales que se le atribuyen a su cliente, no demostró qué hechos demuestran que, efectivamente, existe algún grado de certeza de que incurrió en ellos, y de ahí que a su juicio la petición de la medida carezca de sustento jurídico.

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