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hace 11 horas

Se reinicia debate a Estatuto Anticorrupción en medio de aguda polémica

Luego de que más de la mitad de la Cámara se declarara impedida para votar el proyecto, el ministro Germán Vargas insistió en que la transparencia es el “objetivo principal” del estatuto.

En medio de una aguda polémica por cuenta de los contratistas que participan en las jornadas electorales del país, según lo dicho por el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, la Cámara de Representantes retomó el debate al Estatuto anticorrupción.

Luego de que más de la mitad de la corporación se declarara impedida para votar por el proyecto, el ministro señaló que el Estatuto Anticorrupción le compete al sector privado y al público.

Esta es la apuesta legislativa más ambiciosa del Estado colombiano contra la corrupción. Una normativa integral, que combate el flagelo en todos los frentes, de manera concreta, firme, con dientes”, afirmó.

El Gobierno espera que hoy la Corporación, discuta, apruebe y le dé vía libre en último debate a la aprobación de un estatuto, que los colombianos anhelan con vehemencia”, recalcó.

Puntos más importantes de esta iniciativa:


  • Las personas o empresa no podrán volver a contratar con el Estado cuando hayan sido responsables de la comisión de un delito de corrupción contra la administración pública o contra el patrimonio público.
  • En todas las entidades del sector central los jefes de control interno dependerán directamente de la Presidencia de la Republica.
  • No habrán mecanismos alternativos de la pena privativa de la libertad, tampoco habrá suspensión condicional de la misma y tampoco libertad condicional, prisión domiciliaria; ningún beneficio o subrogado cuando se cometan delitos contra la Administración Pública.
  • Se amplían los términos de prescripción para las investigaciones de los delitos de corrupción.
  • Se sanciona el tráfico de influencia de particulares.
  • Quedaran inhabilitados por un término de 2 años los contratistas que reiteradamente le incumplen el Estado.
  • Los interventores responderán civil, penal y disciplinariamente por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la ejecución de los contratos en los cuales son interventores.
  • Los anticipos que el Estado otorga sólo podrán ser manejados por fiduciarias.
  • Se exige que todas las obras públicas tengan diseños en una fase clara antes de que se puedan abrir las licitaciones o suscribir los contratos.
  • Dispone que las normas de la Ley 80 le serán aplicables a todas las entidades públicas, salvo cuando la entidad ejecutora desarrolle sus actividades en competencia con el sector privado.
  • Se reglamenta todo el tema del cabildeo en corporaciones públicas y en la Rama Ejecutiva
  • Se crea la Comisión Nacional para la Moralización, que será presidida por el propio Presidente de la Republica, y la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción.
  • Se faculta al Gobierno para continuar reduciendo todos los trámites burocráticos que dificultan las relaciones de los ciudadanos y del sector productivo con la Administración.