"Si hubo delito fue a espalda del Ministerio"

Abogado del exministro rebatió los argumentos de la Fiscalía.

La decisión de la libertad o la detención del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, por las posibles irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro, quedó en suspenso por tres días más. La audiencia de control de garantías, que comenzó el pasado jueves y que reanudaron el viernes en la mañana, la aplazaron hasta la tarde del próximo martes.

Sin embargo, la jornada del viernes fue la oportunidad para que el abogado Jorge Aníbal Gómez Gallego, defensor del exfuncionario, intentara desvirtuar los argumentos que el pasado jueves esgrimió la Fiscalía y, de paso, tratar de convencer al magistrado sobre lo innecesario que sería la medida de aseguramiento.

La fiscal general de la Nación, Viviane Morales, tras su fuerte intervención, ya había argumentado ante el magistrado Orlando Fierro Perdomo las razones por las cuales se debe dictar medida de aseguramiento contra Arias. Al igual que en la descripción de delitos, la fiscal fue contundente al decir que el exministro podría constituir un peligro para la sociedad y que era necesario enviarlo a prisión para evitar una posible obstrucción de la justicia.

Y para justificar la posible obstrucción a la justicia, la fiscal Morales indicó que Arias estuvo por lo menos 10 veces visitando en La Picota a tres de sus exfuncionarios, también procesados por el escándalo de AIS.  Desde esas visitas, Oskar Schroeder, exjefe jurídico del Ministerio; el exviceministro Juan Camilo Salazar, y el exsecretario general  Juan Camilo Ortega no han querido cumplir con los llamados de la Fiscalía.

En su intervención, Morales indicó que había evidencias de que posiblemente las visitas del exministro a La Picota “pudieron tener el propósito de influir en la versión de los detenidos, quizá para tener un libreto”.

El procurador Eider Patiño Cabrera apoyó la solicitud de la Fiscal General de la Nación, al coincidir en los argumentos que esgrimió la jefa del ente acusador sobre la necesidad de la medida privativa de la libertad. “La evidencia presentada por la Fiscalía conduce al Ministerio Público a avalar la solicitud de medida de aseguramiento”, dijo el delegado de la Procuraduría.

“Medida innecesaria”
Llegó la oportunidad para el abogado Gómez Gallego, quien intentó rebatir cada uno de los argumentos de la fiscal general de la Nación, para tratar de convencer al magistrado de que en el caso del exministro Andrés Felipe Arias no se cumplían los requisitos para dictar una medida de aseguramiento. “La fiscal no aportó elementos materiales suficientes que permitan inferir que Arias cometió algún delito”, expresó.

El defensor comenzó su intervención resaltando la importancia del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y su éxito. Y agregó algo con lo que siempre se ha defendido el exministro: AIS no era un programa exclusivamente para el pequeño productor, sino para promover el desarrollo del agro. Por eso criticó que por el hecho de que menos del 0,1% de los beneficiarios usaron maniobras fraudulentas para acceder a más recursos, se hubiera satanizado todo el programa “con fines mediáticos” y ahora lo estén convirtiendo en delito, “como lo está haciendo la Fiscalía”.

Por eso defendió la contratación con el IICA. “Era de la OEA, un organismo sin ánimo de lucro. No cualquier entidad. Era una institución con una trayectoria imponente y que ha trabajado desde 1964 en el país. Sólo en los últimos años se firmaron 45  convenios con el IICA”, expresó el defensor.

Sobre la necesidad de la medida de aseguramiento por la posibilidad de que Arias obstruya la justicia, el abogado indicó que es ilógico y que “no puede afirmarse de manera alguna que están los requisitos para la decisión”.

“La Fiscalía mostró un expediente con más de 35.000 folios, un escrito anexo de 306 hojas y una relación de innumerables  pruebas. Y no hay referencia alguna de que  Arias haya obstaculizado esa tarea. La  Fiscalía cumplió con su investigación y no hay riesgo de que Arias pueda modificar, dirigir u ocultar pruebas”.

Sobre la relación con los Dávila, beneficiarios del programa AIS que están rumbo a juicio, el abogado del exministro indicó que Arias no los conocía y supo de ellos cuando la revista Cambio hizo su publicación que atacaba AIS. A partir de ahí se dieron tres reuniones. En la primera “se comunicó con los Dávila y les recomendó prudencia con los medios de comunicación”.  Luego hubo otro encuentro en Andrés Carne de Res y el último en el Club de Ingenieros de Bogotá.

Fue cuando se habló del caso de Valerie Domínguez, quien desistió del subsidio, y el publicitado episodio de la planeación del supuesto comercial con el que pretendían limpiar la imagen del programa. “Porque había transparencia fue que el exministro accedió a esas reuniones”.

Frente a las cuestionadas visitas de Arias a La Picota, para dialogaron con varios de sus exfuncionarios procesados también por el escándalo AIS, el defensor le restó importancia. “Se pretende especular que fue allá para evadir la investigación. En cambio, esas visitas a sus amigos fueron sólo un gesto de solidaridad que realizó Andrés Felipe Arias. Nada ha demostrado la Fiscalía con esas gratuitas, injustas y desviadas especulaciones que ha hecho”.

La fiscal general puso entre las evidencias del supuesto interés político que le imprimió Arias al programa la elaboración de una cartilla. El abogado reconoció que la Corporación Colombia Cambio sí publicó esa cartilla y aclaró: “Pero no fue para financiar la campaña a la Presidencia de Arias, fue para defender una línea de pensamiento. La cartilla salió cuando empezó el feroz ataque de los medios”.

Sobre el apoyo financiero de la familia Dávila a la campaña de Arias, el abogado reconoció también el hecho, pero agregó que el dinero se lo devolvieron íntegro en dos cheques. “Los otros dineros aportados por otro beneficiario a la campaña no superaron los $3 millones”.

El abogado insistió en que la actuación del exministro fue legal y transparente. Que el programa fue exitoso al contar con 1.500 beneficiarios. Agregó que en caso de haber existido peculado, fue a espalda del Ministerio.

Por ahora, la decisión queda en manos del magistrado, quien tendrá tres días para evaluar las evidencias que presentó la Fiscalía y los argumentos de la defensa, para determinar si es necesaria o no la medida de aseguramiento contra Andrés Felipe Arias.

Proceso contra Arias

La Fiscalía pretende llevar a juicio al exministro Andrés Felipe Arias por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Para la Fiscalía, los líos fueron por falta de planeación en el proceso de contratación, de estudios previos y estudios de factibilidad. Y las irregularidades del exministro, según el ente acusador, estarían específicamente en la firma de los Convenios 003 de 2007, 0055 de 2008 y 0052 de 2009 con el IICA. La falla principal estuvo en la modalidad de la contratación. Dice que el Ministerio, de manera equivocada, celebró contratos directos, justificando la decisión en que los convenios eran para actividades científicas y tecnológicas. Sin embargo, al revisar los contratos se halló que eran para administrar dineros destinados a AIS, lo que obligaba a hacerlo por licitación. En la investigación por el escándalo de AIS, la Fiscalía parece tener claro el grado de responsabilidad del exministro. De acuerdo con la fiscal Morales, Andrés Felipe Arias se puso a sí mismo en capacidad de controlar simultáneamente todos los mecanismos principales de AIS. Y la razón era clara: “Arias utilizó el programa AIS como plataforma política para su campaña presidencial”. Como evidencia está una cartilla que publicó tras salir del Ministerio, en la que exaltaba el programa para contrarrestar los efectos negativos del escándalo en su campaña.