Sistema de salud, a examen público

Las innumerables reclamaciones de los pacientes a través de tutelas, los problemas en los mecanismos de recobros por parte de los hospitales y las EPS, y la actualización del POS, principales temas por tratar.

Con el propósito de evaluar a fondo todas las dificultades que afronta el sistema de salud en Colombia, hoy la Corte Constitucional desarrollará una audiencia pública para la cual están convocadas todas las entidades estatales que tienen responsabilidad en el tema, así como los expertos del sector privado y la academia, que también han venido contribuyendo al debate. Se trata de establecer cuál es la realidad de un sector que hoy está sometido a toda suerte de litigios, al punto que representa el primer factor de reclamos por vía de tutela.

La audiencia pública está enmarcada en la responsabilidad que asumió la Corte Constitucional desde julio de 2008, cuando al resolver varias tutelas acumuladas por dilemas en la prestación de los servicios de salud, impartió 16 órdenes básicas, en su mayoría relacionadas con la actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS) o las exigencias a las EPS para la prestación de servicios médicos. El alto tribunal pretende actualizar su diagnóstico y verificar si las autoridades están dando cumplimiento a sus directrices.

Según el magistrado auxiliar Everaldo Lamprea, quien es una de las personas que vienen haciéndole seguimiento al tema en la Corte Constitucional, más allá del crecimiento en litigios en materia de salud, la falta de regulación en algunas áreas específicas creó un escenario de tormenta perfecta. Sin embargo, Lamprea consideró que este es el momento perfecto para evaluar a través de indicadores de cumplimiento si se están atendiendo las órdenes que impartió la Corte Constitucional tanto al Estado como al sector privado.

Lamprea aclaró que la Corte Constitucional ha estado adelantando un proceso de seguimiento de su sentencia de 2008, con varios grupos de trabajo que ya han aportado su examen sobre actualización del POS, universalización de la cobertura del sistema de seguridad social o estabilidad financiera y recobros. La idea ahora es que diversos sectores de la sociedad civil, las universidades, el Estado, los legisladores y, por supuesto, el alto tribunal, examinen en conjunto qué hacer frente a un sector que cada día deja asomar más su crisis.

La Corte tiene claro que su intención no es intervenir directamente en la regulación del sistema y que este asunto es una prioridad del poder legislativo, pero también que hay aspectos que todavía están en veremos. En términos generales, tanto la Ley 100 de 1993 como sus posteriores ajustes a través de las leyes 1122 de 2007 o 1438 de 2011, han desarrollado un creativo sistema en el cual se combina la participación del sector privado con la regulación del Estado, pero aspectos como la regulación de precios de los medicamentos aún preocupan a la sociedad.

Si bien es cierto que, según los expertos, se han superado niveles de baja cobertura en salud, también es real que la corrupción ha encontrado en el sistema cómo desarrollar ciertas prácticas ilícitas. La prueba es que hoy, ante la Fiscalía, se adelantan varios procesos dentro de lo que ya se denomina el carrusel de la salud. La idea entonces es que la Corte Constitucional exija que las autoridades y los especialistas presenten públicamente los estudios económicos, epidemiológicos o demográficos que permitan deducir qué se debe hacer para superar la crisis.

La intervención de la Corte Constitucional en el mejoramiento del sistema de salud en Colombia empezó a darse prácticamente desde la sanción de la Ley 100 de 1993. Desde entonces, no hay tema que supere al de la salud en materia de acciones de tutela. Y precisamente, producto de esta multiplicación de reclamos de toda índole en juzgados y tribunales, surgió la sentencia del 31 de julio de 2008, en una sala de revisión que en ese momento integraron los magistrados Manuel José Cepeda, Jaime Córdoba Tribiño y Rodrigo Escobar Gil.

En ese momento, la Corte Constitucional acumuló 22 tutelas procedentes de los cuatro puntos cardinales de Colombia, y después de un pormenorizado análisis de cada controversia concluyó que el sector salud ya evidenciaba problemas de todo tipo. Limitación del Plan Obligatorio de Salud, negativa de servicios a sujetos de especial protección constitucional, problemas en los mecanismos de cobro por parte de las EPS, o vacíos en la Comisión de Regulación en Salud (Cres), dependiente del Ministerio de Protección Social.

En ese momento, la Corte Constitucional concluyó que para garantizar el derecho fundamental a la salud, era necesario entrar a trabajar en temas tales como acceso general a servicios, protección especial a menores de edad, eliminación de obstáculos por aspectos económicos, posibilidad de los usuarios de acceder a las pruebas y diagnósticos que esclarezcan su estado de salud, protección a las enfermedades catastróficas, libertad de elección de EPS o prohibición de trasladar a los usuarios cargas administrativas y burocráticas.

En tal sentido, tras resolver cada caso sometido a su estudio, la Corte Constitucional, en términos generales, ordenó actualizar integralmente el POS, dispuso la creación de un informe sobre las deficiencias en el suministro de los medicamentos, visualizó la necesidad de que se adopte un programa y un cronograma para unificar criterios en el sector salud y exaltó la urgencia de ampliar la competencia del Comité Técnico Científico para que pueda autorizar servicios diferentes a medicamentos, entre otros asuntos de cotidiano debate.

De igual modo, la Corte Constitucional en su momento ordenó al Estado asegurar el flujo de recursos en el sistema general de Seguridad Social, que no se exigiera a los usuarios copia de la sentencia de tutela para autorizarle el servicio, que se diseñara un plan de contingencia para pagar los recobros atrasados y, en general, que se adelantaran acciones globales para garantizar la cobertura universal en salud a todos los colombianos, como debe corresponder a un sistema garantista de los derechos.

De todos estos aspectos versará la audiencia pública que se realizará hoy en la Corte Constitucional a partir de las 7 y 30 de la mañana. “Aquí se trata de que la sociedad civil y el Estado asuman de cara al país la búsqueda de soluciones urgentes para el tema de la salud. Hoy es imposible evaluar el tema sin tener en cuenta, por ejemplo, que los recobros al Fosyga han generado toda clase de irregularidades. Y este es apenas uno de los aspectos en los que hay fallas gigantescas. La Corte Constitucional está cumpliendo con su deber”, agregó Lamprea.

A la audiencia pública ya han confirmado su asistencia voceros del Ministerio de Protección Social y del Ministerio de Hacienda, la Comisión de Regulación en Salud, la Superintendencia Nacional en Salud, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y, por supuesto, los expertos del sector público y privado. La audiencia será presidida por los magistrados Jorge Iván Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza y Mauricio González, quienes deberán emular lo que en su momento hicieron sus colegas en 2008, es decir, proteger a la sociedad y hacer que el sistema de salud sea de todos.

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