Termómetro a la restitución

Recuperación de tierras, proyectos productivos y subsidios enmarcan el balance de la estrategia.

Carmen Rosa García, una mujer de 79 años, tuvo que pasar 15 horas viajando en un bus para cumplir la cita que Juan Manuel Santos, presidente de la República, le puso en la hacienda Carimagua, en Puerto Gaitán, Meta, el pasado 10 de marzo, fecha en que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) entregó las 17 mil hectáreas de dicha finca a 500 familias campesinas para que desarrollaran proyectos productivos. A cada una de éstas le correspondieron 34 hectáreas.


 armen García llegó porque el Gobierno le restituiría la tierra que perdió hace seis años, cuando miembros de un grupo armado desalojaron a su familia. Se creería que la meta de la señora era la de no salir con las manos vacías, pero ella esperaba recibir las mismas 40 hectáreas de árboles frutales que tenía en su predio ubicado en el kilómetro 59 de la vía a Puerto Gaitán. Sin embargo, no hay tierra productiva para toda la gente a la que se le debe restituir, porque la mayoría de estos terrenos fueron arrasados por el desarrollo de la ganadería extensiva.


En la medida en que se descubre más el entramado corrupto de la Oficina Nacional de Estupefacientes, se conoce que hay más suelos productivos que pueden entrar a hacer parte de la política nacional de restitución de tierras. Según Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en esta dependencia “hay más de 500.000 terrenos que permanecen bajo la vigilancia de Estupefacientes, que caen como los aviones en el Triángulo de las Bermudas, nadie vuelve a saber de ellos”.


El caso es que el Gobierno ha recuperado 70 mil hectáreas en la región de la Orinoquia, las cuales están orientadas al programa de Desarrollo Rural, Agropecuario y Tecnológico para esa zona del país. De la totalidad de esta cifra, 38.500 fueron expropiadas a testaferros del exparlamentario Habib Merheg y otras 15 mil, del predio Guaracú, en Mapiripán, Meta, estaban en manos de Pedro Guerrero Castillo, alias Cuchillo.


Según Acción Social, 3’771.748 hectáreas han sido abandonadas en el país como consecuencia del conflicto armado. En la primera etapa del programa de restitución de tierras, que empezó el pasado octubre y finalizará en abril, el Gobierno espera devolver 312.000 hectáreas a las víctimas del desplazamiento forzado; 130.487 familias se verán beneficiadas.


La política del Gobierno consiste en entregar predios para que campesinos los trabajen en asocio con el sector privado, siendo las familias las dueñas de los predios y no las empresas. Así las cosas, el 30 de marzo, en las instalaciones del Incoder, se firmaron tres convenios con Indupalma, Fedegán y Acción Social, con el fin de que éstos apoyen técnica y tecnológicamente los proyectos productivos que se empezarán a desarrollar en Carimagua.


A su vez, el Incoder abrió las convocatorias a nivel nacional para que desplazados y mujeres cabeza de hogar accedan al Subsidio Integral de Tierras, que tiene un presupuesto de $95 mil millones. A diferencia de años anteriores, las personas no deberán pagar el avalúo comercial, estudios topográficos y trámites notariales de los predios. Además de que contarán con ayudas de 71 salarios mínimos durante el primer año después de entregarles el terreno que ellos mismos escogieron para que pongan en marcha sus proyectos agrícolas.

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