"Testigos manipulados y direccionados"

La Fiscalía ordenó enjuiciar a tres testigos que hace 15 años señalaron a Gustavo Sastoque como el asesino de Hernando Pizarro Leongómez.

Desde el 8 de marzo de 1995, día en que fue detenido bajo el cargo de haber asesinado al exguerrillero del M-19 Hernando Pizarro Leongómez, perpetrado una semana antes, el exfuncionario administrativo del CTI, Gustavo Sastoque, estaba esperando una noticia que empezara a darle la razón a su clamor de que lo suyo fue un montaje judicial para proteger a los verdaderos homicidas. La semana pasada fue notificado por la Fiscalía de la primera decisión judicial en 15 años que podría ratificar sus argumentos.

Un fiscal de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que los tres testigos fundamentales en el señalamiento contra Gustavo Sastoque en 1995 sean enjuiciados como presuntos responsables del delito de fraude procesal. Es decir, la Fiscalía cree que Olga Esther Guevara Fajardo, Claudia Magdalena Guevara Fajardo y Germán Ramírez González pudieron inducir a error a la justicia, incriminando a Gustavo Sastoque como el autor del crimen.

El episodio sucedió el 26 de febrero de 1995 cuando un grupo de sujetos intentaron sacar de una casa ubicada en el barrio Alta Blanca, en el norte de Bogotá, al exguerrillero del M-19 Hernando Pizarro Leongómez, y como éste se opuso fue asesinado. A pesar de que Gustavo Sastoque llevó pruebas de que a esa hora estaba comprando unos zapatos en el barrio Restrepo, los testigos referidos aseguraron haber visto cómo había participado en el asesinato. Lo curioso es que dos de ellos no acudieron a la Fiscalía. Lo hicieron a una guarnición militar.

Sastoque siempre argumentó que esas acusaciones fueron falsas y, años después, un exagente de inteligencia identificada como Mercedes Yolima Guaquetá aseguró que un exoficial del Ejército había pagado por esos falsos testimonios. 15 años después, la Fiscalía acaba de reconocer que los testimonios de Olga y Claudia Guevara pudieron ser manipulados, más aún cuando la primera resultó ser empleada del Fondo Rotatorio del Ejército, es decir, pudieron ser declaraciones direccionadas por sus superiores.

En cuanto a Germán Ramírez, hoy pastor de una iglesia cristiana en Villavicencio, para la época de los hechos tenía un puesto de comidas rápidas cerca del sitio, y semanas después señaló a Sastoque en una fila de reconocimiento. No obstante, en 2009, el mismo testigo admitió que días después del crimen unos hombres que decían ser de la Fiscalía lo encerraron con su familia en un hotel del centro de Bogotá y lo obligaron a testificar contra Sastoque. Además, Ramírez sostuvo que en esa época él no lo señaló como el homicida, sino que sólo dijo que se parecía al asesino.

La Fiscalía admitió que ya no es posible investigarlos por falso testimonio, porque este presunto delito prescribió desde hace siete años, pero agregó que el caso del fraude procesal es un delito de conducta permanente que produce efectos hasta que se subsane el posible error. Por esta razón concluyó que los tres testigos que sirvieron de soporte a la condena de 40 años de prisión contra Gustavo Sastoque deben ser enjuiciados, lo que no implica la absolución judicial del exfuncionario del CTI.

Sastoque pasó 10 años, 8 meses y 28 días en prisión. Hoy goza de libertad condicional, pero no ha dejado de insistir en que se aclare su caso, que además le ha causado enormes dificultades laborales. Su expediente fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que propuso al Estado colombiano la búsqueda de una solución amistosa. La petición fue aceptada en 2008, sobre la base de agilizar una acción de revisión en la Corte e investigar el posible montaje judicial.

En su reciente decisión la Fiscalía precisó que sólo pretende aclarar las “graves y enormes falencias e irregularidades en la investigación por el crimen de Hernando Pizarro”, pero corresponde ahora a la Corte Suprema de Justicia, en la acción de revisión, demostrar que existieron mentiras de los testigos que incriminaron a Sastoque. Esta decisión no obstaculiza la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sigue indagando este escandaloso caso.