A tramitar la circular roja

Por petición del abogado del exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno, la audiencia fue aplazada. Gobierno dice que comenzará gestiones para la captura de la exdirectora del DAS, asilada en Panamá.

Ya lo había anunciado y así lo hizo. María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, no asistió a la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento que solicitó la Fiscalía General de la Nación, para comenzar formalmente el proceso por su presunta participación en seguimientos ilegales y campaña de desprestigio contra magistrados, políticos de oposición y periodistas.

Y, aunque Hurtado se encuentra amparada por la figura de asilo político en Panamá desde diciembre de 2010, la Fiscalía pidió al Tribunal Superior de Bogotá emitir una orden de captura internacional contra la exfuncionaria, por su falta de voluntad para atender el llamado de la justicia y para obligarla a comparecer a la diligencia.

El que sí asistió de manera puntual fue Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia  en el gobierno de Álvaro Uribe, quien llegó  acompañado de su abogado Jaime Granados, algunos familiares y amigos. Desde que se inició el escándalo por las ‘chuzadas’, Moreno se ha declarado inocente y ayer lo hizo de nuevo. Sin embargo, por este caso, en su contra ya existe  sanción de la Procuraduría, que lo destituyó e inhabilitó por 18 años, al considerar que se extralimitó en sus funciones.

La diligencia comenzó con la imputación contra Hurtado. De acuerdo con la Fiscalía, ella sería responsable de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Por su parte, Moreno será procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública.

La cosa no quedó ahí. Cuando la audiencia fue tomando forma y alrededor de las cinco de la tarde, la fiscal Viviane Morales pidió medida de aseguramiento para los procesados, quienes, según ella, convirtieron al DAS en una organización criminal. Entonces comenzó a destapar las pruebas que durante dos años ha recolectado la Fiscalía.

Empezó sustentando la solicitud de aseguramiento sobre el interrogatorio que se hizo a quien era director del grupo GONI,  Germán Ospina Arango, encargado del caso “Paseo” del DAS, que fue la campaña de desprestigio en contra del viaje que hicieron los magistrados a Neiva.

En dicho interrogatorio quedaron en evidencia la búsqueda de información reservada en la UIAF, los desplazamientos a diferentes partes del país para buscar supuestos vínculos de los magistrados con actividades ilegales y el despliegue de actividades ilícitas contra los senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba. Morales también tuvo en cuenta los testimonios de la exsubdirectora de Operaciones del DAS Martha Leal y los subdirectores de Contrainteligencia e Inteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos y Fernando Alonso Tabares.

Entonces, un Bernardo Moreno cabizbajo pidió, a través de su apoderado, Jaime Granados, aplazar la audiencia durante ocho días para conocer las pruebas que tenía la Fiscalía. Granados argumentó ante el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que presidió la audiencia, Luis Felipe Ramírez, que se trata de algo “tan importante como lo es la libertad de una persona”.

Morales también resaltó, entre los argumentos para sostener la medida de aseguramiento, la reunión que sostuvieron Moreno y Hurtado en el club Metropolitan de Bogotá en 2007, en la que Moreno habría dado la orden para interceptar a los magistrados y empezar campañas de desprestigio en contra del exsenador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell. Además recordó la culpabilidad de la exdirectora del DAS al promover la grabación de las sesiones privadas de la Corte Suprema.

Por su parte, el abogado de Piedad Córdoba, Luis Guillermo Pérez, manifestó que los delitos imputados a los procesados debían ser elevados a la calidad de lesa humanidad. “Está demostrado que se realizaron campañas de difamación, que se amenazó de muerte a muchas personas, a magistrados de la Corte, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de posición como Piedad Córdoba”, dijo Pérez.

Finalmente, y ante la petición de Granados, la audiencia fue aplazada hasta el próximo martes a las dos de la tarde. Moreno no aceptó ni un solo cargo y de Hurtado no se ha tenido noticia.