Tras la pista del dinero de la DNE

La Corte ordenó buscar en el patrimonio de familiares de congresistas investigados.

La investigación que se adelanta contra 13 congresistas, por el supuesto caso de corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) no se quedará sólo en esculcar el bolsillo a los indiciados, sino que irá más allá. La Corte Suprema de Justicia, en medio del proceso, dio la orden de seguirle también la pista al patrimonio de los familiares de los políticos involucrados.

Lo que busca la Sala Penal del alto tribunal es tratar de establecer si a través del núcleo familiar de los investigados existen evidencias sobre ingresos de dinero o adquisición de bienes que permitan corroborar las denuncias sobre el posible tráfico de influencias de los políticos en la DNE para nombrar como depositarios a personas cercanas.

Como parte del plan metodológico de la investigación se revisarán los registros de ingreso al edificio de estupefacientes para verificar si los investigados estuvieron en la entidad. También los registros de ingreso al Congreso para verificar si algunos funcionarios de la DNE visitaron a los congresistas procesados.

La lista que la Corte investigará la encabezan los expresidentes del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo (Partido Conservador), Javier Enrique Cáceres Leal (Cambio Radical) y Hernán Francisco Andrade Serrano (Partido Conservador).

También los congresistas Miryam Alicia Paredes Aguirre (Partido Conservador), Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), Miguel Pinedo Vidal (Cambio Radical), Enrique Rafael Caballero (Partido Liberal), Ómar Yepes Alzate (Partido Conservador), Cristóbal Rufino Córdoba Mosquera (Colombia Democrática) y Álvaro Ashton Giraldo (Partido Liberal), así como los representantes Lucero Cortés Méndez (Partido de la U), Óscar Fernando Bravo Realpe (Partido Conservador) y Héctor José Ospina Avilés (Partido Conservador).

Los nombres de los involucrados surgieron durante la investigación que abrió la Fiscalía tras las denuncias por los presuntos malos manejos en la DNE, entre los que se contaban pagos de favores burocráticos y la falta de control en la elección de los depositarios, situaciones que permitieron que personas allegadas a la mafia terminaran administrando los bienes.

A través de un documento de ocho páginas que le envió Juan Carlos Restrepo Piedrahíta, director de la DNE, a la exfiscal Ana Margarita Durán se estableció la denuncia formal sobre las irregularidades y el desorden en la entidad. En él se hizo una relación de cómo posiblemente intervinieron los congresistas.

Se denuncian casos como el de la representante Lucero Cortés, de quien dicen algunas personas cercanas terminaron como depositarios administrando cinco carros y dos fincas, una en la sabana de Bogotá. También el de Hernán Andrade, quien supuestamente hizo nombrar al empresario barranquillero Armanio Alberto Iglesias Flórez como depositario de tres bienes rurales, 16 sociedades en Barranquilla, 16 establecimientos de comercio y 17 inmuebles, todo de los narcotraficantes Carlos Ernesto Saieh Jamis y Armando Jacobo Jaar Jassir.

En el caso de Myriam Paredes Aguirre figuran resoluciones en las que la DNE le delega a su hermano Luis Gonzalo la administración de varios bienes y sociedades como la Comercializadora de Plásticos Andino, de la Sociedad Ario Ltda. o de Inversiones Rodríguez Ramírez.

En el de Eduardo Enríquez Maya, supuestamente influyó para el nombramiento de un depositario para los bienes del narcotraficante Daniel Bustillos. Además, hizo nombrar en la DNE a Doris Amanda Rodríguez como encargada del fondo Frisco.

Y en el de la excongresista caldense Ómar Yepes Alzate, supuestamente intervino para designar un depositario a quien se le adjudicó la finca La Argentina, en Manizales.

La investigación contra los congresistas sigue en etapa preliminar.