Tres años de verdad extraditada

HACE TRES AÑOS, DE MANERA sorpresiva, el Gobierno Nacional decidió enviar en extradición a Estados Unidos a 14 jefes de las Auc para que respondieran en ese país por cargos de narcotráfico.

En su momento, la decisión desató una fuerte reacción de quienes, con razón, alertaron de que ésta podía cerrar las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad  y limitar su acceso a la reparación del daño causado. También se criticó que la medida mandaba el peligroso mensaje de que traficar droga era más reprochable que delitos atroces. El gobierno Uribe, sin embargo, alegó que la extradición era una sanción necesaria, pues algunos jefes ‘paras’ habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega. La extradición era entonces una carta bajo la manga mucho más certera que las sanciones de la propia legislación ordinaria.

Aunque, frente a la permisividad del sistema penitenciario colombiano y los múltiples excesos de los que gozaban los extraditados no fue del todo injustificado pensar que una celda en EE.UU. sería más adecuada para la seguridad nacional. Por esto el país le dio un compás de espera al Gobierno, el cual prometió que las extradiciones no entorpecerían los procesos nacionales. Según el entonces presidente Uribe, ya se habían firmado para ello unos acuerdos de cooperación con la Embajada estadounidense. Pero pronto los hechos empezaron a mostrar gran improvisación. Los supuestos acuerdos no resultaron ser ciertos: en vez de prestar colaboración, el Buró Federal de Prisiones impuso restricciones a los representantes de las víctimas, y hasta un fiscal de Justicia y Paz, programado para conducir versiones libres en los Estados Unidos, no pudo viajar porque le negaron la visa.

Es cierto que el año pasado finalmente fueron suscritos unos acuerdos para facilitar las diligencias judiciales. Estados Unidos se comprometió a reunir a los exjefes ya condenados en dos prisiones para ahorrar viajes, y a permitir el acceso a los que todavía están en proceso. Pero en ambos casos, las entrevistas están sujetas a restricciones impuestas por las autoridades norteamericanas. Así las cosas, los temores de que la verdad de las víctimas se iba a desvanecer con la distancia, se hicieron realidad. Al final de cuentas sólo seis de los extraditados continuaron sus respectivas diligencias de versión libre y algunos de ellos comparecieron virtualmente ante los magistrados de control de garantías en audiencias de imputación e imputación de medidas de aseguramiento. Pero la verdad ha ido saliendo a cuentagotas, con la complacencia y conveniencia de quien cuenta sin apuro.

Como si esto fuera poco, ha sido denunciado por los representantes de las víctimas que algunos jueces norteamericanos habrían bloqueado el acceso público a los casos de algunos líderes paramilitares, lo cual impediría a las víctimas de los crímenes en Colombia tener información sobre si aquellos habrían negociado penas más favorables o inclusive si se encontrarían en libertad.

Pasados tres años de las extradiciones es ya imposible deshacer lo andado, pero no muy tarde para corregir el rumbo. No puede quedar vacía la promesa que se les hizo al país y a las víctimas aquella madrugada de mayo de 2008, les corresponde al Gobierno y a la justicia apurar en los procedimientos judiciales y llamar a su aliado estratégico a colaborar en los términos en los que se ha comprometido. Y, para el futuro, nos queda la amarga lección de que nadie más nos va a hacer una tarea que sólo a nosotros nos interesa y corresponde.