Tribunal define parte del futuro jurídico de exministro Arias

El magistrado Orlano Fierro determina si lo envía o no a la cárcel por su probable responsabilidad en AIS.

En prisión podría terminar el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por su presunta responsabilidad en las irregularidades de Agro Ingreso Seguro, AIS, si el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Orlando Fierro, acoge la petición que en ese sentido elevó la fiscal General de la Nación, Vivianne Morales Hoyos.

La petición de la parte acusadora fue respaldada por el procurador Eider Patiño Cabrera, quien al igual que Morales Hoyos considera que el indiciado podría obstaculizar el normal desarrollo de la investigación si se le mantiene en libertad.

La fiscal había señalado que las continuas visitas de Arias a los implicados que se encuentran privados de su libertad, muy probablemente, podrían tener por objeto ajustar las versiones de los hechos.

Adicionalmente, la jefe del ente acusador sostuvo que Andrés Felipe Arias podría significar un peligro para la sociedad, toda vez que se le presume responsable de graves delitos contra la administración pública; en audiencia pública, manifestó que las autoridades deben hacer su mayor esfuerzo para proteger a la ciudadanía de los “ladrones de cuello blanco”.

La alta jurista no sólo documentó la manera como, a su juicio, Arias ideó el programa al margen del cumplimiento de la ley penal, causando un detrimento patrimonial para el Estado -que supera la cuantía de los 43.000 millones- sino que hizo de una iniciativa gubernamental su bandera política para buscar la Presidencia de la República.

De ahí que el exjefe de la cartera, sostuvo Morales, “haya tenido la llave de una puerta giratoria” en la que se convirtió el desarrollo de la implementación  de AIS, toda vez que varios de los profesionales que servían al principal de los contratistas encargados de la esquematización, como lo era el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (IICA) terminaron ocupando altos cargos en el Ministerio, tras la firma de los convenios.

Como sustento de esta última consideración, la jefe del ente acusador trajo a colación los casos de Andrés Fernández, Juan Camilo Salazar y Javier Romero, el primero de los cuales terminó asumiendo el comando del propio Ministerio una vez Arias se apartó de él para asumir la precandidatura presidencial del Partido Conservador de cara a las elecciones de 2010.

Para Viviane Morales, el interés inusitado del exministro en liderar cada una de las etapas de implantación y posterior desarrollo del programa agrario son la prueba palpable de que el dirigente lo que buscaba era mostrarlo como su plataforma de campaña; concluye que su afán por asignar a dedo el contrato para la implantación de AIS tenía, precisamente, el propósito de poder continuar al frente de todos los procesos.

En desarrollo de su exposición de la teoría del caso, la acusadora señaló que el entonces jefe de la cartera agraria tenía conciencia de que el convenio no se podía asignar por contratación directa y por eso disfrazó su naturaleza, pues daba apariencia de legalidad al otorgamiento, evadiendo la necesidad legal de convocar a una licitación pública.

La prueba de esta consideración, señaló, es que el Ministerio describió el objeto del contrato como de cooperación técnica y científica con un organismo multilateral como el IICA, en cuyo caso era válida la contratación  directa, cuando realmente se le estaba atribuyendo al contratista la responsabilidad de implantar todos y cada uno de los detalles de AIS, lo que incluía el manejo de recursos públicos y, necesariamente, obligaba al jefe de la cartera agraria a convocar un concurso licitatorio.

Sin embargo, las concesiones por más de 9.000, 4.300 y 3.200 millones de pesos, se produjeron a dedo según la fiscal, lo que para ella demuestra la incurrencia de Arias en un primer peculado por más de 17.000 millones de pesos y la configuración del delito de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.

Una vez puesta en marcha la plataforma, se concedieron subsidios no reembolsables a varios solicitantes que no llenaban los requisitos, tanto así que un primer panel evaluador había rechazado sus proyectos por deficientes. Sin embargo, un segundo panel de expertos creado por Arias, como segunda instancia decisiva aprobó las mismas propuestas, dice Viviane Morales, dando vía libre varias donaciones a grandes terratenientes, que sumaron los 26.000 millones de pesos que produjeron la configuración del segundo peculado.