La senadora Claudia López explica en El Espectador los siete mandatos de la consulta y qué se necesita para que sea de cumplimiento obligatorio para el Estado.

hace 1 mes

Un cheque clave

Acción de la justicia contra el ganadero Joaquín García revive investigación por nexos económicos del paramilitarismo en Sucre. Hay un registro contable de los Nule a esposa de Joaquín García.

Hace dos semanas un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la resolución acusatoria contra el ganadero sucreño Joaquín García Rodríguez por la masacre de Macayepo. La investigación tiene que ver con el asesinato a garrote y piedra de 12 campesinos de este corregimiento del Carmen de Bolívar, a manos de un grupo de 80 paramilitares del bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia. Por este caso fue condenado a 40 años de prisión el excongresista Álvaro García Romero.

Lo que apenas se empieza a derivar de esta aplazada decisión judicial para castigar una masacre perpetrada en octubre de 2000, es que la Fiscalía quiere redireccionar este expediente para recobrar una investigación que quedó a medias. La necesidad judicial de aclarar de una vez por todas cuáles fueron los nexos sociales del paramilitarismo en Sucre. Un entramado de complicidades que pasa por Joaquín García, el prestamista, pero que puede tocar a otros sectores del poder económico en este departamento.

Y ya existe un filón que apareció suelto en uno de los tantos documentos de los polémicos empresarios sucreños Miguel, Guido y Manuel Nule, que bien podría sumarse a las nuevas pesquisas del ente investigador. Se trata del hallazgo contable de un cheque posfechado sin vínculo contractual por $1.760 millones, que aparece girado en favor de Yasmine Isaac Galvis, ni más ni menos que la esposa del fugitivo Joaquín García. Los Nule han dicho que fue un préstamo que ya pagaron, pero nada puede descartarse si se busca enderezar el caso.

La idea de la justicia es volver al principio, es decir, como en su momento lo relató el testigo estelar de la parapolítica en Sucre, Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, a la reunión de la finca Las Canarias en 2007, cuando se concibió el proyecto paramilitar para el departamento. Un encuentro reconocido por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que se realizó en esta finca ubicada en la vía entre Sincelejo y Tolú, en una propiedad del ganadero y exgobernador del departamento Miguel Nule Amín, padre y tío de los polémicos primos Nule.

Aunque el ganadero fue investigado por la Fiscalía, en septiembre de 2008 se le precluyó la investigación en su favor, con el argumento de que nunca fue miembro activo de las autodefensas y que, en cambio, sí víctima de un atentado contra su vida, al parecer perpetrado por Joaquín García. La decisión añadió además que aunque existió un contexto histórico en que algunos sectores de la sociedad se asociaron con el paramilitarismo, en el caso de Nule Amín las pruebas fueron insuficientes para sustentar un concierto para delinquir.

Pero la reunión en su propiedad de Las Canarias sí ocurrió y la justicia quiere indagar cuál fue el papel que terminaron cumpliendo en la organización los demás asistentes, más de 50, que terminaron juntando caudales para estructurar un proyecto paramilitar del bloque Héroes de los Montes de María. Ya no se trata de las vinculaciones políticas, relativamente esclarecidas, o de los 17.262 hechos confesados y relacionados en Justicia y Paz que fueron asumidos por el jefe paramilitar Edwar Cobos o Diego Vecino, sino del apoyo económico.

Y para este efecto también existe otro documento que recobra importancia. La relación de la documentación incautada por la Armada en diciembre de 2001 en la finca Las Melenas de San Onofre (Sucre), donde en 117 páginas quedaron registrados nombres, sueldos, vehículos, pagos a proveedores, particulares o empresas. Una extensa relación de cuentas bancarias, tarjetas de ahorro, armas, bienes inmuebles y haciendas que representan la contabilidad que en su momento tuvo el matarife de la zona, el desaparecido Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena.

La justicia tiene claro que el senador Álvaro García fue el beneficiario político y que el congresista Eric Morris y el exgobernador Salvador Arana fueron dos de sus más dilectos socios. Pero el caso de Joaquín García, hasta ahora dejado de soslayo, apunta a ser muy importante. Él oficiaba como un acaudalado prestamista. Y entre sus beneficiarios estaban los políticos. Su negocio Agrocentro fue mucho más que un pequeño negocio de herramientas agrícolas. Fue la conexión para muchos dineros que se movieron en las autodefensas.

Si bien hoy está registrado que además de las 42 masacres que se perpetraron entre 1996 y 2003 en los Montes de María, y de las 51.702 víctimas registradas por distintos hechos de violencia, hubo más acciones de despojo de tierras y negocios ilegales, el redireccionamiento que le quiere dar la Fiscalía al tema tiene un asidero lógico. Como pocos, el departamento de Sucre es el que mayor número de alcaldes, concejales y diputados ha sido vinculado a la parapolítica, y esto supone una captura del Estado y sus contratos oficiales.

Y todavía hay más. Revisando documentación allegada a distintos procesos surge otro personaje a seguir investigando. Víctor Guerra de la Espriella, también sucreño y procesado por la firma del Pacto de Ralito para refundar la patria en julio de 2001. Si Mancuso tuvo su Convivir llamada Horizonte, Víctor Guerra tuvo la suya llamada Orden y Desarrollo, y ambas no fueron otra cosa que estructuras de fachada para expandir el paramilitarismo y sus negocios ilegales. Los mismos que terminaron vinculando a dos notables sucreños más: Jorge Luis y Salomón Feris.

 Si a ello se suma Carlos Mario García, alias Gonzalo, el jefe político de Jorge 40; y toda la información que fue recaudada en el llamado computador de Ignacio Fierro o Don Antonio, lo que pretende hacer la justicia es reconstruir el mapa económico del paramilitarismo en el departamento de Sucre. Y hacerlo en esta región del país, porque empieza a quedar claro que allí funcionó un paraestado, con sustento en el poder económico y social que lo permeó todo, sin que ni siquiera el Poder Judicial entrara a poner orden y castigar delitos.

Al tiempo que la Fiscalía empieza a develar los secretos de los tres promisorios empresarios sucreños Miguel, Guido y Manuel Nule, quienes en su momento llegaron a ser los nuevos cacaos de Colombia, en otro frente de la justicia, con la reapertura de la investigación contra el ganadero Joaquín García, los pagos a su familia y el papel de los demás contertulios de la finca Las Canarias del exgobernador Miguel Nule Amín, se abre otro doloroso pero necesario capítulo para cerrar debidamente las heridas que dejó la ambición y el delito en el departamento de Sucre.

Un testigo que abrió el camino de la verdad


El testigo clave para develar las actividades ilegales del paramilitarismo en Sucre fue Jairo Antonio Castillo Peralta, quien uno a uno dio los nombres de todos los personajes que él vio vincular al proyecto de las autodefensas, empezando por el senador Álvaro García y el ganadero Joaquín García.

Su declaración no dejó títere con cabeza, pero buena parte de sus delaciones se han venido verificando. Fue Pitirri quien por primera vez aclaró la reunión de la finca Las Canarias y la punta del iceberg para aclarar qué otros personajes se fueron acercando al proyecto, esta vez por motivaciones económicas.

Los contratos, las regalías, el sector informal y hasta los dineros del narcotráfico fueron controlados en un proyecto departamental que involucró a sectores notables de Sucre. Hasta varios miembros del Poder Judicial terminaron investigados por prevaricato o conexiones con la ilegalidad.