Un escenario agrario prometedor

En la última asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo quedó claro que la demanda creciente de materias primas y alimentos llevará las economías al campo.

Muchos dicen que la tierra ya no es importante y que la tecnología es el camino, pero en la última asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo quedó claro que la demanda creciente de materias primas y alimentos llevará las economías al campo.

Con seis millones de hectáreas disponibles en el país (cuatro por abandono y dos por despojos), de las cuales una buena parte representa tierras productivas para que 450.000 familias vuelvan del desplazamiento y se conviertan en actores claves en la oferta agrícola del país, en el Congreso de la República hace curso una ley de restitución de tierras, ya aprobada en la Cámara de Representantes.

Devolver al campo a quienes dejaron sus terrenos se ha convertido en el gran reto del Gobierno para saldar una deuda insoluta que tiene a más de tres millones de colombianos en condiciones de pobreza, mientras como dice Javier León, representante en Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “el 18% del territorio tiene vocación agrícola, pero sólo el 4% se utiliza”.

Los índices de pobreza, desempleo y productividad en el campo no ceden terreno, habiendo tanto disponible para que los semáforos, buses y andenes dejen de ser el hogar de un amplio número de colombianos que sólo necesitan un pedazo de tierra para volver a valerse por sí mismos y, de paso, contribuir al desarrollo económico.

La lucha que dará el Gobierno

Durante un foro sobre la política de tierras, realizado por la Universidad del Rosario, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, explicó que la restitución de tierras es parte de un todo, en el que se incluyen la formalización agrícola y los proyectos de desarrollo rural. Así, esta ley lo que hará será arbitrar y proveer unos mecanismos legales que le permitan al despojado de la tierra recuperarla en su plenitud jurídica, a la vez que le brindará la posibilidad de buscar una solución económica de sostenimiento.

“Vamos a hacer un catastro retrospectivo para demostrar la propiedad verdadera de la tierra”, dice el ministro, para quien uno de los procesos diferenciadores de este proyecto que muchos gobiernos han intentado realizar tiene que ver con que el Estado asumirá la inversión de la carga de la prueba, es decir, le ayudará al campesino (víctima) a demostrar que el terreno reclamado efectivamente es suyo.

Así, la ley organiza un mecanismo, en donde uno de los ejes es una unidad especial de restitución que se crea en el Ministerio de Agricultura y que tendrá como propósito ayudar al despojado a que se documente con certeza jurídica y busque una definición legal.

La cartografía social tendrá valor en este arduo plan. “Región por región vamos a ir con las unidades de restitución de tierras, que crearemos progresivamente: en 2011 arrancamos con 12 equipos, en un año, 20, y en dos años, 50. Asimismo, reuniremos a las comunidades y buscaremos a quienes fueron desplazados en torno a mapas catastrales y la comunidad misma será la que testifique quiénes son los verdaderos poseedores de los predios”, cuenta Alejandro Reyes, asesor del Ministerio de Agricultura.

Este será uno de los temas más complicados, teniendo en cuenta que según Restrepo el 40% de los predios no poseen títulos formales, cifra que contradice Reyes, quien afirma que sólo el 22% de la población tiene títulos verdaderos de su tierra.

Otro problema en esta tarea de entregar títulos a los dueños reales de la tierra será el  de sacar de un terreno a un tenedor que dice ser propietario, pero que al demostrarse lo contrario, tendrá que dejar el predio. La ley los cita como ‘de buena fe, exento de culpa’, pero para Reyes “va a ser difícil probar que alguien compró tierras despojadas sin saber que, por ejemplo, había un conflicto en Montes de María. Debe ser que llegó de Marte”. Aún así, dentro de la restitución, si se llega a demostrar la inocencia, el Estado  indemnizará, a precios comerciales, el valor de esa tierra.

Para acompañar este proceso, el ministro cuenta que se creará una jurisdicción agraria, es decir, unos jueces que conozcan de estos casos y se especialicen en la consecución y análisis de pruebas que permitan devolver la tierra a sus verdaderos dueños.

El otro punto que resalta Restrepo de la ley es la política de desarrollo rural que acompañará la restitución: “La idea es facilitar proyectos productivos, créditos, planes de negocio, proyectos asociativos, semillas y asistencia técnica. Esto va a implicar unos esfuerzos económicos inmensos, inéditos en la inercia presupuestal del Estado colombiano”.

El dilema de volver

El miedo, la desconfianza en el proceso y el arraigo al nuevo hogar son los motivos que exponen las víctimas para pensar en un regreso (ver gráfico). Los episodios de los últimos meses, en los que líderes de este proceso han sido asesinados, pueden acrecentar esa incertidumbre de volver, de aquí que el ministro hable de unas políticas para garantizar un retorno acompañado y seguro, donde las fuerzas del Estado se ocupen de este tema, pero no sólo ahí está la responsabilidad. Según Alejandro Reyes, el profesor de la Universidad Nacional Francisco Gutiérrez hizo la propuesta de constituir una comisión anticriminal, en la que deben participar las agremiaciones y los grandes empresarios del campo para unirse al Gobierno. Según el asesor, la invitación ha sido aceptada por los grandes gremios.

Son muchos los retos por superar y cientos de años de historia por borrar, con miras a lograr una verdadera distribución de la tierra que restituya a los campesinos que salieron involuntariamente de sus casas y busque volver a Colombia una despensa agrícola en lo que el BID llama “la década de América Latina”. La inclusión de diferentes actores, como la academia, los grandes empresarios del campo y la sociedad, ayudará en este propósito.