Una batalla silenciosa

Con la elección del nuevo secretario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se juega actualmente su independencia.

El 31 de marzo de este año, al anunciar que ponía fin a más de una década al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, su secretario ejecutivo, comenzó una batalla por proteger la independencia del organismo.

Según ha sostenido el funcionario, así como varias organizaciones de derechos humanos, la independencia de una de las  más efectivas instituciones protectoras de los derechos humanos en el continente está amenazada por los intereses políticos de algunos países miembros de la OEA.

Tras anunciar que dejaría el cargo al final de 2012, Cantón plasmó en una resolución la propuesta de reforma al reglamento interno de la Comisión, con la que busca establecer que el proceso de selección de sus sucesores será decidido únicamente por “los miembros de la Comisión”, blindándola de la influencia de los países miembros de la OEA. Adicionalmente, establece un término de cuatro años para los periodos del secretario, con posibilidad de una sola reelección.

Esta resolución busca acabar con una histórica ambigüedad: durante varias décadas, la Comisión ha seleccionado a su secretario, que es luego ratificado ceremonialmente por el secretario de la OEA, pese a que su estatuto rector dictamina que “el Secretario Ejecutivo será designado por el Secretario General de la OEA, en consulta con la Comisión”.

El secretario de la CIDH tiene gran influencia en la agenda de las investigaciones. Puede definir, por ejemplo, las demandas más urgentes, con un criterio amplio. Un secretario con compromisos políticos podría desdibujar su papel.

Para Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, lo que hay ahora es “una discusión política sobre cómo debe funcionar el sistema interamericano de derechos humanos”. Desde que Cantón fue elegido en 2001, la hostilidad de varios gobiernos hacia la Comisión ha aumentado, influyendo en las relaciones entre Cantón y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

En la reelección de Insulza, llevada a cabo este año, Venezuela desempeñó un papel fundamental al asegurarle al chileno el apoyo de todo el bloque de países amigos del chavismo. A cambio Insulza debía asegurarse de que Cantón no siguiera al frente de la CIDH.

José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, sostiene que Colombia tampoco tiene intereses de que la Comisión conserve su independencia. “Viniendo de Chávez lo entiendo, pero del gobierno de Santos me sorprende”, comenta.

El embajador de Colombia, Luis Alfonso Hoyos, asevera que Colombia siempre ha respetado la autonomía de la Comisión, pero se sostiene en que el reglamento dice que “el secretario general de la OEA nombra al secretario ejecutivo de la Comisión”.

El próximo 30 de agosto los miembros de la CIDH y de la OEA se reunirán, luego de que haya concluido un proceso de consulta con la sociedad civil y con un comité de apoyo de la OEA para definir cómo avanzar en la formalización del proceso de selección del sucesor de Santiago Cantón.