Una vecindad cautiva

Han sido muchas las décadas de convivencia entre el Buen Pastor, La Modelo y algunos ciudadanos.

En realidad parece una historia de nunca acabar que ha venido saltando de boca en boca a lo largo de muchos años. Nadie precisa cuántos. Las cárceles que funcionan en Bogotá están siendo trasladadas casi desde el momento mismo en que fueron construidas y la urbe las sitió con sus edificios, su ruido, sus vías llenas de carros. En eso coinciden vecinos, empleados y transeúntes de los alrededores: no hay año en el que no se escuche, así sea informalmente, que “pronto” se iniciará la tal mudanza.

El proyecto de ahora, sin embargo, suena bastante prometedor en ese sentido: el pasado 13 de julio se anunció que el Gobierno y la Corporación Andina de Fomento (CAF) firmaron un convenio para entregar en concesión la construcción y operación de cinco nuevos establecimientos penitenciarios y carcelarios en el país. La iniciativa, que asciende a $1,4 billones, incluye el traslado de las cárceles El Buen Pastor y La Modelo, en la capital.

Según la noticia oficial, que confirmó el propio ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, los siete mil ocupantes de los dos centros se irán a tres instalaciones, que se levantarán contiguas a la cárcel La Picota, en el extremo sur de la ciudad. No se precisa cuándo exactamente.

Terminaría así una larga vecindad (de unos 60 años en el caso de La Modelo y de unos 30 en el del Buen Pastor) entre la cárcel y la metrópoli. Alivio para unos, preocupación para otros. Alivio para los vecinos del conjunto residencial Entre Ríos, de 11 unidades, próximo a la cárcel de mujeres del Buen Pastor, heredada de la comunidad de religiosas del Buen Pastor y ubicada sobre la carrera 58 con calle 80.

Ninguno menciona molestia por motines, gritos, fugas. Nada de desórdenes. “La verdad es que estas mujeres se portan muy bien”, cuenta doña Luz Marina, dueña de una tienda del sector. Pero casi todos se quejan de que en los días de visita (los sábados pueden entrar los hombres y los domingos las mujeres) un tramo de la carrera 58 suele convertirse en un pequeño y fastidioso mercado persa.

Sucedía con mayor frecuencia hace unos cinco años: desde la noche anterior se levantaban tienditas para alquilar zapatos, vender almuerzos, objetos de aseo, cigarrillos esperados con ansias, minutos de celular. Visitas que entraban contentas y salían llorando. Hombres que gritaban: “¡Le vendo la torta, le vendo la tortaaa!”.

La lucha para acabar con aquel retrato de la anarquía la dieron varios administradores desde el conjunto. Escribieron cartas a las autoridades, llamaron a los medios. Se quejaron. La noticia se conoció entonces y hoy muchos residentes se preguntan en voz baja, muy baja, si acaso el asesinato  de dos de ellos, en hechos separados, tendría algo que ver con esas denuncias.

La vecina más reconocida del Buen Pastor es la Conferencia Episcopal de Colombia, que funciona en un predio aledaño al de la cárcel. Desde el tercer piso de la sede religiosa se alcanzan a ver tres garitas (dos de ellas sin vigilante) sobre un muro blanco que da a lo que parecen ser unas oficinas. Dos paredes más hacia el oriente están ellas: las presas. Mil presas. Caminan en silencio, tienden ropa, trotan.

Un empleado de la Conferencia cuenta que la vecindad “jamás” ha sido un problema. “Después de todo, el movimiento nuestro es más que todo de lunes a viernes, días en los que no hay visita en la cárcel. Creo que los mayores inconvenientes los han tenido los residentes”.

La otra cara de la moneda está a media hora del Buen Pastor en un día sin mucho tráfico: en la carrera 56 con calle 17A, donde funciona la cárcel La Modelo. Una zona industrial de estrato evidentemente más bajo, en la que conviven sin verse las caras comerciantes de muchos servicios y unos seis mil reclusos (aunque el centro penitenciario sólo tenga capacidad para 2.800).

Carmen Niño vende desayunos y almuerzos a los guardias a $4.500 cada uno; lleva en eso 13 años. Patricia Martínez ofrece desde hace seis años servicios de internet y celular a los abogados de los presos. Claudia Pérez alquila colchonetas que los visitantes llevan de regalo; arrancó el negocio hace un año. Las tres dicen ser madres cabeza de familia y no residen en el sector.

Por razones de subsistencia no quieren que se vaya la cárcel, aunque la cárcel ya comenzó a irse desde hace una semana con el traslado del pabellón de alta seguridad a La Picota, en donde había 3.500 cupos especialmente disponibles para eso.

Entre los familiares consultados las opiniones están divididas y se escuchan argumentos como: “Mejor que los pasen, aquí hay mucho desaseo por el hacinamiento” y “Nooooo, que no se los lleven: si es aquí una sola cárcel y mire todo este embolate. Imagínese allá, con tres cárceles unidas”.

Lo cierto es que la decisión está basada en una norma: el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que prohíbe estos sitios cerca de la urbe. Y esta vez el traslado no parece un cuento de nunca acabar. Todos, con sus argumentos, a esperar entonces.

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