Vía libre a Ley de Seguridad Ciudadana

Con 84 votos a favor y 4 en contra, la Plenaria de Cámara de Representantes aprobó, en último debate, el proyecto que busca darles herramientas a las autoridades para combatir hechos delincuenciales como el robo de celulares.

Según el Gobierno, se trata de la principal herramienta para cumplir la promesa de implementar la seguridad urbana en el país, teniendo en cuenta que durante los últimos meses, las acciones de la delincuencia común y organizada se han convertido en el principal dolor de cabeza para los ciudadanos, como por ejemplo el robo de teléfonos celulares. “Lo se busca es partirle la médula espinal a la criminalidad organizada y dotar de herramientas suficientes a las ramas del poder para enfrentar la creciente delincuencia en las principales ciudades de Colombia”, explicó el representante ponente Alfredo de Luque.

Ayer, la Cámara de Representantes aprobó, en último debate, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que estipula la creación de nuevas tipologías penales, incremento en condenas, reformas al Código de la Infancia, medidas para facilitar la extinción de dominio e incluso penaliza las protestas o marchas  que terminan con el bloqueo de las vías. Hechos como disparar al aire, usar menores de edad para delinquir comercializar drogas del Sistema Integrado de Salud  tendrán cárcel. 

El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, afirmó que la iniciativa contiene instrumentos claves para enfrentar a la delincuencia, a las estructuras criminales y a las bandas organizadas: “La delincuencia avanza muy rápido y la legislación tiene que irse adaptando a esta modalidad. Este proyecto contiene temas que interesa a la ciudadanía: desestimula el hurto vehículos, penalizar el tráfico ilegal de las autopartes, incorpora todas la normas en materia de telefonía celular para que las compañías quedan obligadas a desactivar los teléfonos y no siga ese mercado secundario”, explicó.

Asimismo, indicó que se les da nuevos instrumentos a los fiscales y a las autoridades de policía para poder legalizar capturas y para que puedan judicializar la flagrancia nuevos comportamientos. “Las autoridades puedan hacer allanamientos previa orden judicial durante las 24 horas días y se abordan  también todos los aspectos en materia de extinción de dominio”.

Y en un punto que es considerado fundamental e incluso ha sido motivo de ardua polémica, la Ley regula todo el tema de responsabilidad de menores, “estableciendo que aunque cometan delitos y tengan 16 o 17 años, no van a quedar en libertad a los 21, como sucede hoy en día, sino que tienen que cumplir la totalidad de la pena porque este es otro problema que está aumentando la inseguridad”, enfatizó Vargas Lleras.

Principales puntos de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana:

1. Jueces de control de garantías de reacción inmediata para operar en cualquier lugar del país.
2. Órdenes de allanamiento y registro las 24 horas del día; órdenes de seguimiento y registro con vigencia permanente.
3. Aplicación de la flagrancia a eventos en los que el sujeto sea sorprendido en la comisión de un delito por una cámara de video  en un sitio público o cuando se encuentre en un vehículo en el cual se acaba de cometer un delito.
4. Impone penas entre 10 y 17 años de cárcel a quienes utilicen o induzcan a menores de edad a la comisión de delitos.
5. También se modifica el régimen de responsabilidad de adolescentes, aumentando las sanciones y garantizando que estas se cumplan en su totalidad y en centros adecuados que garanticen su seguridad y resocialización.
6. Se modifica el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones para que también incluya los accesorios y partes  esenciales y las armas de fabricación artesanal; se aumenta la pena al porte ilegal de armas para que no sea excarcelable.
7. Integra a la Policía en la vigilancia de las personas que se encuentran bajo detención domiciliaria o vigilancia electrónica.
8. Introducen nuevas causales para el cambio de lugar de radicación de los procesos y de los imputados afectados con medida de aseguramiento, con el fin de garantizar la seguridad de las partes implicadas en los procesos y la seguridad nacional.
9. Modifica profundamente el proceso de extinción de dominio para garantizar que el mismo sea eficaz y expedito.
10. Aplica medidas más severas para quienes incurran en lavado de activos, imponiendo penas hasta de 30 años de prisión.
11. Se establecen nuevas medidas para la lucha contra el hurto de celulares y de autopartes. Quien manipule, reprograme, remarque o modifique los terminales móviles de los servicios de comunicación (celulares) incurrirá en penas de 6 a 8 años y multas que podrían oscilar entre 6 y 700 salarios mínimos.
12. Protege los recursos naturales imponiendo penas a quienes se lucren del tráfico ilegal de flora y fauna. Los castigos podrían llegar hasta los 108 meses de prisión y multas hasta de 35 mil salarios mínimos.
13. Los paros que se realicen en las vías y no cuenten con el aval de los mandatarios municipales o nacionales incurrirán en delito y la condena será de 4 a 8 años.
 

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