Víctimas, la recta final

La inclusión del calificativo de "terroristas" para los grupos al margen de la ley y algunos desacuerdos serán discutidos a petición de varios congresistas conservadores y de la U.

La ley de víctimas y restitución de tierras ha sido, desde el momento de su radicación hasta este miércoles, cuando le falta el último debate para ser aprobada, una de las iniciativas más polémicas de los últimos tiempos. No sólo por ser un proyecto que se ha catalogado como histórico sino también porque durante su trámite ha desencadenado toda suerte de fracturas y enfrentamientos entre los partidos que componen la Mesa de Unidad Nacional.

Desde la semana pasada, la inclusión del reconocimiento de que en Colombia existe un conflicto armado interno desencadenó un rifirrafe entre algunos parlamentarios y líderes políticos. En especial, el enfrentamiento ha sido visible entre el expresidente Álvaro Uribe –quien rechaza ese artículo- y el presidente Juan Manuel Santos. La situación ha revivido una serie de desacuerdos que ya parecían estar superados, y dio origen a un alud de proposiciones que serán llevadas a la plenaria del Senado, donde se surte el último tramo.

El senador conservador Hernán Andrade ha explicado que su partido apoya irrestrictamente el proyecto en sus componentes centrales, pero que a su vez la colectividad azul pretende que en la exposición de motivos se incluya un parágrafo que introduzca el concepto de terrorismo para referirse a las guerrillas.

“Vamos a intentar la inclusión de un parágrafo en el que, manteniendo el concepto de conflicto armado, se despeje cualquier duda sobre que los grupos armados van a seguir siendo entendidos como organizaciones terroristas, y que deje claro que con la aprobación de esta ley no se podrá otorgar el estatus de beligerancia a estos grupos”, expresó el senador huilense. Andrade aceptó que esta decisión fue tomada por la influencia que ha ejercido el expresidente Uribe, quien, en su concepto, “marca la pauta en esta discusión”.

En este sentido, el presidente de la colectividad conservadora, José Darío Salazar, sostuvo que su bancada ha tomado nota de los comentarios del expresidente y que la propuesta que llevan busca “consagrar lo que todos queremos: que a esos grupos se les reconozca como terroristas, sin beligerancia y sin desconocer que hay conflicto armado en Colombia”.

De igual manera, Juan Lozano, presidente del Partido de la U, colectividad que se reunió la semana pasada con el presidente Santos, afirmó que las Farc seguirán siendo un grupo terrorista, pero criticó que en la ponencia no se hubiera incorporado el concepto de terrorismo. “Lo otro que está pendiente en esta ley es la certificación de responsabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda, que es un requisito fundamental de la ley”, anotó Lozano.

Por su parte, el senador y ponente de esta ley, Roy Barreras, declaró que se ha estado trabajando en comunicación con el expresidente Uribe y con el gobierno del presidente Santos para encontrar una redacción que supere lo que según Barreras es “el conflicto sobre el término ‘conflicto’”.

En respuesta a esto, el senador liberal y coordinador ponente, Juan Fernando Cristo, ha reiterado que existe una gran confusión originada por esta discusión. “Si vamos a volver esta ley una discusión sobre los terroristas y las negociaciones políticas, no vamos a quedar en nada. Esta ley no es para esto. Con todo cariño le quiero decir a mi compañero Juan Lozano que no confundamos ni nos dejemos confundir: esta ley es para las víctimas y no para los grupos armados”.

Terció en esta discusión, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien se declaró tranquilo de que la iniciativa sea aprobada en el menor tiempo posible. “Ellos quieren una precisión para que no se entienda que las organizaciones al margen de la ley tienen estatus de beligerancia. Este concepto hace muchos años está desueto, pero si eso les da tranquilidad, el gobierno no ve ningún inconveniente en incluirlo” acotó Vargas.

Quien sí han advertido que más allá de esta discusión el proyecto tiene algunos inconvenientes ha sido la bancada del Polo Democrático, la cual ha presentado una ponencia alterna que contiene una serie de diferencias con el proyecto que se discute en plenaria. Según el partido de oposición, la definición limitada de víctima contraviene los principios del Derecho Internacional Humanitario. De la misma manera, ha considerado que el proyecto no contempla medidas integrales de reparación que incluyan restitución patrimonial. También advierte que el texto confunde medidas de reparación con las de atención, asistencia humanitaria y servicios sociales, y carece de un proceso administrativo expedito de restitución de tierras, por mencionar algunas de las modificaciones que se incluyen en la propuesta del Polo. Incluso el senador liberal Juan Manuel Galán presentará una serie de proposiciones, pues le preocupa que, tal y como está, el texto pueda prestarse para la exclusión de algunas víctimas.

Hoy la plenaria del Senado discutirá, en último debate, esta ley de víctimas, que ya lleva casi seis meses de discusiones y que ha demostrado ser una de las iniciativas más difíciles y controvertidas de la agenda legislativa del actual gobierno. Todo apunta a que la sesión de hoy será un duro pulso que emergerá de las pequeñas fisuras que existen en la Mesa de la Unidad Nacional.

 

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