La atención a las víctimas, la cooperación con las autoridades civiles, los programas de prevención y la formación permanente de los seminaristas y del clero son los puntos prioritarios para luchar contra los abusos de menores por parte de clérigos, según expresó este lunes el Vaticano.
Así se expresa en una circular, hecha pública por la Santa Sede, enviada por la Congregación para la Doctrina de la Fe a todas las Conferencias episcopales, en la que les pide que para antes de mayo de 2012 envíen "líneas-guías" para tratar de manera "apropiada" en todas partes esos casos que han puesto a la Iglesia en la picota.
El cardenal prefecto de esa congregación, William Levada, precisó que el objetivo es ayudar a las conferencias episcopales a seguir procedimientos "claros y coordinados".
Levada también pide que participen en esas líneas-guías los superiores de las congregaciones religiosas, ya que muchos casos de abusos se dan en ese ámbito y no sólo en el diocesano.
"La atención prioritaria a las víctimas, los programas de prevención, la formación de los seminaristas y la formación permanente del clero, la cooperación con las autoridades civiles y la aplicación atenta y rigurosa de la normativa canónica más actualizada en esta materia son las orientaciones principales que deben constituir las directrices en todo el mundo", señaló hoy el portavoz vaticano, Federico Lombardi, comentando el texto.
Con esta circular, según Lombardi, se pretende afrontar "a tiempo y eficazmente" el problema, con indicaciones claras y adaptadas a las situaciones locales.
En la carta, el cardenal Levada señala que la atención a las víctimas debe ser "prioritaria" y que el obispo debe estar siempre dispuesto a escucharlas a ellas y a sus familiares y a esforzarse en su ayuda espiritual y psicológica.
El purpurado pone como ejemplo a Benedicto XVI, quien no dudó en reunirse en EEUU, Australia, Gran Bretaña y Malta con víctimas de abusos y en la carta que escribió a los irlandeses les decía: "Habéis sufrido inmensamente y me apesadumbra tanto, sé que nada puede borrar el mal que habéis soportado, ya que vuestra confianza ha sido traicionada y violada vuestra dignidad".
Levada también destaca como puntos que hay que tener en cuenta la protección de los menores y la formación de los futuros sacerdotes y recuerda las palabras de Juan Pablo II "no hay sitio en el sacerdocio o en la vida religiosa para los que dañen a los jóvenes".
El cardenal señala que el sacerdote acusado goza de la presunción de inocencia, hasta prueba contraria, pero que el Obispo en cualquier momento puede suspenderle de su ministerio, en espera de que las acusaciones sean clarificadas.
Si se tratase de un bulo, hará todo lo necesario para restablecer la buena fama del sacerdote.
Otro de los puntos más importantes es la cooperación con la autoridad civil. Levada afirma que el abuso sexual de menores "no es sólo un delito canónico, sino también un crimen perseguido por la autoridad civil" y subraya a los obispos que tienen que cooperar con ellas, sin prejuicio del foro interno o sacramental.
Afirma que hay que remitir los delitos a las legítimas autoridades y para que no queden dudas agrega que esa colaboración se refiere no sólo a los casos cometido por clérigos, sino también a aquellos en los que estuviera implicado personal religioso o laico de la diócesis.
El cardenal Levada recuerda asimismo la puesta al día, en mayo de 2010 por orden de Benedicto XVI del documento "De Delicta Graviora', de 2001, anexo al motu proprio "Sacramentorum santictatis tutela", sobre los delitos más graves contra la moral y los sacramentos.
Con esa actualización, el Vaticano dio una vuelta de tuerca en su lucha contra los curas pederastas, aprobando normas entre las que destaca la ampliación de 10 a 20 años del tiempo para denunciar los abusos e introdujo el delito de adquisición, posesión y difusión de pornografía infantil.
El cardenal Levada destacó que la nueva normativa contempla que los procesos sean más rápidos y que en algunas ocasiones no sigan "el camino procesal" normal cuando se trate de un hecho muy grave y presentar directamente al Papa esos casos para que el sacerdote culpable sea reducido lo más pronto posible al estado clerical.
Víctimas de los abusos consideran las medidas del Vaticano "insuficientes" y tardías e insisten en que la Iglesia debe realizar un mayor esfuerzo para proteger a los menores de esas situaciones y castigar a los culpables.