"Ya es bueno que se haga justicia"

Este año se cumplen tres desde la primera denuncia por los mal llamados falsos positivos.

- Yo le pregunté: ¿qué era mi hermano? Y me dijo: “eso es reserva de sumario”. Entonces, le volví a preguntar: ¿cómo murió? Y me contestó: “en un combate, le dieron un pepazo a 40 centímetros de la cabeza”.

La mujer hace una pausa, respira profundo, se pone sobre las piernas la foto del rostro del hermano que ha mostrado durante todo su relato y señala la distancia que hay entre su mano y codo derechos.

- ¿Esto es un combate? ¿Cómo puede alguien en combate disparar a esta distancia tan corta?

Suspira y vuelve a levantar el retrato.

Aunque varíen los centímetros de distancia, a los hijos de las Madres de Soacha los mataron con pepazos y en combates increíbles. La explicación de los funcionarios que dieron cuenta de sus cadáveres se repite casi igual en los 17 casos. Señora, aquí se lo entrego muerto, él estaba con usted pocas horas antes de morir, pero el tiempo le alcanzó para ir a la guerra, ¿oyó?, para que lo mataran desde cerquita y lo enterraran en una fosa común, todo en menos de dos días.

Algunos hasta aparecieron en la prensa:

“…En la primera acción militar murieron tres presuntos integrantes de las autodenominadas ‘Águilas Negras’, dos de los cuales fueron identificados como Víctor Fernando Gómez Romero, de 23 años, y Diego Alberto Tamayo Garcerá, de 26. Se les hallaron dos pistolas 9 milímetros, escopetas de repetición y 20 cartuchos…”.

El papel arrugado con la noticia es de otra de las madres. Lo saca, desdobla, muestra y vuelve a guardar como si fuera un tesoro, como si fuera la prueba reina de que su hijo resultó muerto en circunstancias oscuras. Cinco de ellas se reunieron esta semana, como hacen de vez en cuando para compartir detalles de los procesos que cada una adelanta por esas muertes, y esta vez se concentraron en los avances de los mismos. O en los retrasos, para ser más precisos.

A punto de que se cumplan tres años desde que el entonces personero de Soacha, Fernando Escobar, hizo públicas, en septiembre de 2008, las primeras denuncias por los mal llamados falsos positivos (o asesinatos presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública a jóvenes, para hacerlos pasar como ilegales muertos en combate), en todos los balances aparece en rojo el saldo de la justicia. En momentos en los que el Gobierno y algunos legisladores celebran la aprobación de una histórica Ley de Víctimas, ausente en 50 años de conflicto, en Soacha un grupo de mujeres pobres y tristes sacan las cuentas de días, semanas y meses de impunidad. De soledad.

Coronadas de dignidad, vuelven a contar sus historias, esta vez en un salón prestado en la sede de la emisora Radio Rumbo. ¿Cuántas veces lo habrán hecho ya? El hijo que tenían, la muerte, la mentira, la búsqueda de justicia, las amenazas, el abandono… Lloran, casi todas lloran cuando regresan a sus relatos. O se les quiebra la voz. Ya hablaron doña Cecilia Arenas (hermana de Mario Alexánder Arenas, muerto el 21 de febrero de 2008) y doña Idalí Garcerá (madre de Diego Alberto Tamayo, muerto el 24 de agosto de 2008).

Las dos coinciden. Todas coinciden. Dicen que desde que en la mayoría de los casos arrancaron las audiencias preparatorias del juicio oral, todo se resume a la palabra dilación. “La verdad es que las audiencias nunca se pueden concretar, porque siempre alguien de la defensa, o entre los sindicados, tiene alguna excusa para pararla”, explica la señora Blanca Nubia Monroy (madre de Julián Oviedo, muerto el 3 de marzo de 2008). Su primera audiencia fue el 3 de junio de 2009. Aún no ha podido comenzar el juicio en contra de los presuntos asesinos de su hijo.

En la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, donde los 17 casos de falsos positivos de Soacha —tres de ellos de Bogotá— están divididos en dos grupos, confirman que los casos están en etapa preparatoria (ver infografía con las estadísticas). Y trascendió que allí se refieren a las maniobras de dilación que han hecho imposible que arranquen los juicios. La voz de las madres es respaldada también por la de Fernando Escobar, su padrino, el expersonero, quien pide al Consejo Superior de la Judicatura vigilar a los jueces y abogados del proceso, “de manera que se garantice la lealtad de las partes”.

 La lista de excusas para aplazar las audiencias indigna al grupo: “Hay un abogado de la defensa al que se le ha muerto la mamá tres veces”, dice doña Carmenza Gómez Romero (madre de Víctor Gómez, muerto el 24 de agosto de 2008). Se lamenta: “Ya es bueno que se haga justicia”. En esas diligencias también se mueren abuelitas, hay que hacer tratamientos odontológicos urgentes y se presentan dolores de estómago. Y a veces las fechas en las que las programan no le sirven a nadie.

A ellas les sirve cualquiera que no sea demasiado lejos. La búsqueda de la justicia es la empresa que se inventaron para sacudirse la pena. Como muchas otras víctimas de esta guerra. Hay casos en los que ni siquiera se ha hecho la imputación de cargos, así que esperan. Mientras en algunas audiencias sus supuestos victimarios se ríen de ellas, ellas esperan.

‘Santos debería llamar a las madres’

Desde las diferentes tribunas en las que se mueve, y hace al menos dos años, el columnista de este diario Felipe Zuleta Lleras ha venido denunciando reiteradas amenazas contra la vida de algunas de las Madres de Soacha (el grupo de 17 mujeres, cuyos hijos resultaron muertos en presuntos falsos positivos, hechos que la justicia investiga).

En concepto de Zuleta, las madres “están abandonadas por el Estado, los procesos se detuvieron y a la fecha no hay una sola condena. Es el perfecto caso de impunidad para que intervenga la Corte Penal Internacional”.

El abogado se refirió a la recién aprobada Ley de Víctimas y dijo que el presidente Juan Manuel Santos debería “convocar a las Madres de Soacha y a los familiares de los llamados falsos positivos para que sean reparados inmediatamente en el marco de esta ley”.

En su momento, Zuleta advirtió que a la casa de una de las madres llegaron avisos de muerte.

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