ARL tienen 72 horas para comenzar a entregar elementos de protección a trabajadores de la salud

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Desde que se impuso la medida, las ARL han destinado $41.532 millones para la adquisición de 30 millones de elementos de protección personal para los trabajadores de la salud, según Fasecolda.

El Ministerio de Trabajo le ordenó a las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) comenzar a entregarle a los trabajadores con exposición directa a COVID-19 todos los elementos de protección personal que necesiten en las próximas 72 horas.

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Para este trámite, los empleadores deben coordinar la entrega de la dotación con su respectiva ARL, esto incluye a los trabajadores independientes o contratistas del área de la salud que cuentan con afiliación al Sistema de Riesgos Laborales y tienen exposición directa a COVID-19, por ejemplo personal administrativo y operativo de aseo y vigilancia.

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, fue enfático en que las normas establecidas por la nueva reglamentación son de aplicación inmediata, teniendo en cuenta la presente emergencia que vive el país. “Hemos decidido que el próximo miércoles debe quedar establecido el número de trabajadores expuestos y la respectiva entrega de la dotación de protección personal para los trabajadores, por parte de las ARL públicas y privadas conjuntamente con el empleador”, explicó.

Para atender a la coyuntura, la semana pasada el Gobierno determinó que el 7 % de los aportes de las ARL se deben destinar a las acciones de promoción, prevención y actividades de emergencia dirigidas a los trabajadores de la salud tanto asistenciales como administrativos y de apoyo, al igual que los trabajadores de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud, así como a los trabajadores de terminales de transporte aéreo, marítimo o terrestre, control fronterizo, cuerpo de bomberos, defensa civil y cruz roja.

Desde que se emitió la normativa, las ARL han destinado $41.532 millones para la adquisición de 30 millones de elementos de protección personal para los trabajadores de la salud, entre los que se encuentran mascarillas, caretas de protección, respiradores N95, guantes (estériles y no estériles) y batas antifluido, de acuerdo con cifras de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda.

Miguel Gómez Martínez, presidente del gremio, explicó que aunque la distribución comenzó la semana pasada, se trata de “un proceso progresivo que obedece a los criterios de priorización que se han definido en conjunto con los empleadores, y que tiene en cuenta las necesidades de los trabajadores, buscando optimización de recursos y evitar duplicidad de esfuerzos”. Además detalló que uno de los principales inconvenientes ha sido la falta de disponibilidad de estos elementos en el mercado, “lo cual implica la necesidad de recurrir a entregas parciales, con el fin de apoyar a los empleadores y contratantes para lograr un flujo permanente”.

En el pasado eran los empleadores quienes tenían la obligación de adquirir y distribuir estos elementos de protección personal como parte de la dotación de los trabajadores. El Gobierno le impuso esta labor a las ARL por cuenta de la coyuntura, de manera que quienes incumplan la medida pueden ser sancionados hasta con 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La cartera de Trabajo especificó a través de un comunicado que los recursos dispuestos por todas las empresas del país, especialmente las del sector salud como clínicas u hospitales, debe primar la compra y dotación al talento humano de elementos de protección personal, y la inversión en seguridad y salud en el trabajo.

Finalmente, el ministro Cabrera destacó que las empresas, clínicas u hospitales no deben dejar trabajar sin afiliación a la seguridad social y sin elementos de protección. También les recordó a los empleadores que deben incluir a todos los contratistas o trabajadores independientes, sin importar la clase de vínculo, al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fasecolda, por su parte, recordó que el COVID-19 quedó establecida como una enfermedad laboral de reconocimiento directo, lo que significa que con el solo el diagnóstico pueden demostrar invalidez, una decisión que cobijó a cerca de 690.000 trabajadores del sector de servicios sociales y salud afiliados al sistema de riesgos laborales (médicos, enfermeros, cuidadores de la tercera edad, servicios médicos y paramédicos domiciliarios, ayudas diagnósticas, laboratorios, análisis químicos, apoyos terapéuticos). A esta población, en caso de verse afectada, las aseguradoras les reconocerán el pago de las incapacidades laborales y demás prestaciones asistenciales y económicas.

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