Así se está expandiendo la vigilancia masiva, cortesía del COVID-19

Foto: Cortesía - EFF

Una y otra vez, los gobiernos han utilizado las crisis para ampliar su poder y, a menudo, su intrusión en la vida de los ciudadanos, La pandemia de COVID-19 ha mostrado que este patrón se manifiesta a gran escala. Desde el despliegue de aviones no tripulados o monitores de tobillo para hacer cumplir las órdenes de cuarentena, hasta las propuestas de usar cámaras de reconocimiento facial o de imágenes térmicas para vigilar los espacios públicos, los gobiernos de todo el mundo han estado adoptando medidas intrusivas en su búsqueda para contener la pandemia.

Los gobiernos han tratado repetidamente de obtener estos datos sin una orden judicial: han eludido la supervisión de la forma en que los utilizaban y accedían a ellos, han minimizado engañosamente su sensibilidad y han obligado a los operadores de telefonía móvil a conservarlos.

En el pasado, esos usos se justificaban más a menudo con argumentos de aplicación de la ley o de necesidad de seguridad nacional. Ahora, algunos de las mismas atribuciones de vigilancia de la localización están siendo exigidas - o a veces, simplemente, son ejercidas - sin contribuir de manera significativa a la contención de COVID-19.

A pesar de la falta de pruebas que demuestren la eficacia de los datos de localización para detener la propagación del virus, los gobiernos de varios países han aprovechado la crisis para introducir facultades de vigilancia completamente nuevas o ampliar las antiguas con nuevos fines relacionados con el nuevo coronavirus. Por ejemplo, las leyes de retención de datos obligan a las empresas de telecomunicaciones a recopilar y almacenar continuamente metadatos de toda una población durante un determinado período de tiempo. En Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que esos mandatos eran ilegales en virtud de la legislación de la Unión Europea.

Al igual que otras medidas de emergencia, ésta puede ser una batalla cuesta arriba para hacer retroceder la vigilancia de nuevos lugares una vez que la epidemia disminuya. Y como los gobiernos no han demostrado su eficacia, no hay justificación para esta intrusión en las libertades fundamentales de las personas en primer lugar.

Rastreo de localización individualizada

Los operadores de telefonía móvil conocen la ubicación de los teléfonos de sus abonados (normalmente la misma que la de los propios usuarios) en todo momento debido a la forma en que funcionan las redes celulares. Pero mientras que los datos de localización telefónica son útiles para mostrar si alguien fue a la iglesia o al cine, simplemente no son necesariamente precisos para mostrar si dos personas estaban lo suficientemente cerca para transmitir el virus (caracterizado comúnmente como una distancia de dos metros).

Si bien la vigilancia por localización es problemática en cualquier momento, la crisis del coronavirus ha provocado que se incremente rápidamente su uso; muchas medidas para facilitarla han sido aprobadas por procedimientos legislativos acelerados durante los estados de emergencia nacionales. Algunos gobiernos han llegado incluso a pasar por alto a los legisladores por completo y han confiado en el poder ejecutivo para desplegar una vigilancia de localización ampliada, lo que la hace aún menos transparente y democráticamente legítima de lo habitual.

Los gobiernos pueden aprovechar la urgencia de la crisis para erosionar los límites de las formas en que se pueden utilizar los historiales de localización de las personas, exigir que esos datos se entreguen a las autoridades en masa o exigir a las empresas que almacenen registros de dónde han estado sus clientes.

Vigilancia masiva, cortesía del COVID-19

En al menos siete países han salido a la luz los intentos de ampliar rápidamente la autoridad gubernamental de vigilancia de emplazamientos. Este es el escenario de algunos de ellos.

-Perú: el gobierno de este país, al igual que algunas naciones europeas, también ha emitido un decreto de estado de emergencia. Obliga a las compañías telefónicas a conceder a los centros de llamadas de emergencia el acceso a los sitios celulares y a los datos GPS de aquellos que han llamado al número de emergencia nacional y están infectados o son sospechosos de COVID-19.

El decreto también autoriza a los centros de llamadas de emergencia a acceder a los datos históricos de localización de los dispositivos desde los que se realizó la llamada, incluso tres días antes de dicha llamada. La ONG peruana de derechos digitales Hiperderecho puso en duda el fundamento jurídico de esas medidas de vigilancia. También planteó la preocupación de los posibles escollos que la restricción del derecho a la privacidad en un estado de emergencia puede causar en el Perú. Periódicamente, este país ha declarado el estado de excepción en zonas rurales conflictivas en las que los activistas han estado protestando para defender su tierra, el medio ambiente y sus derechos.

-Corea del Sur: Este es un país que ha estado luchando contra los brotes de coronavirus desde la epidemia del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS) en 2015, ha restringido drásticamente el derecho a la privacidad en el contexto de la pandemia.

La Ley de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas, y su decreto de aplicación, permiten a los funcionarios de salud obtener datos personales delicados sobre los infectados y los sospechosos de estar infectados, así como sobre sus contactos y los sospechosos de estar en contacto. Esos datos incluyen nombres, números de registro de residentes, direcciones, números de teléfono, recetas médicas, registros de tratamientos médicos, registros de control de inmigración, extractos de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y tarjetas de prepago, registros de tarjetas de tránsito y grabaciones de circuito cerrado de televisión de empresas de terceros. La policía puede incautar estos datos personales sin el consentimiento de los interesados y sin ningún tipo de supervisión judicial.

La Ley también permite a los funcionarios de salud y a los administradores de los municipios recopilar datos de localización de los infectados (o presuntos infectados) y sus contactos (o presuntos contactos) de los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de datos de localización (del sitio celular y del GPS).

-Ecuador: El país con el tercer peor brote de COVID-19 en América Latina, también ha confiado en los poderes ejecutivos para ampliar la vigilancia de la ubicación utilizando GPS y datos de sitios celulares. El presidente Lenin Moreno emitió un decreto de emergencia vagamente redactado que autorizaba al gobierno a "utilizar satélites y compañías de telefonía móvil para vigilar la ubicación de personas en estado de cuarentena o aislamiento obligatorio".

Algunas ONG latinoamericanas reaccionaron inmediatamente, recordándole a Ecuador que toda medida de vigilancia debía ser necesaria y proporcionada, y por lo tanto, eficaz para contener el virus.

La declaración de las ONG se hace eco de las palabras de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas, que conjuntamente pidieron a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que siguieran las normas internacionales de derechos humanos: "Si bien comprendemos la gravedad de la actual crisis sanitaria y reconocemos que el uso de las facultades de emergencia está permitido por el derecho internacional en respuesta a amenazas importantes, queremos recordar urgentemente a los Estados que toda respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria".

El llamamiento se basa en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para poner los derechos humanos en el centro de la respuesta al brote de coronavirus.

Sopesar los riesgos

La vigilancia de la localización conlleva una serie de riesgos para la privacidad de los ciudadanos, la libertad de expresión y los derechos de protección de datos. Especialmente ahora, durante una importante crisis de salud, en la que el gobierno no ha demostrado la eficacia de los datos de localización usando GPS o datos de sitios celulares sobre individuos, los gobiernos deben ser tan transparentes como sea posible sobre qué datos están recolectando y con qué propósitos. Sobre todo, debe demostrarse la necesidad y la proporcionalidad de cualquier esquema de vigilancia de datos de localización.

* Katitza Rodríguez, Svea Windwehr, Seth Schoen

** La versión original de este texto fue publicada por la Electronic Frontier Fundation bajo una licencia Creative Commons. Puede ser consultado aquí.