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La llegada del COVID-19 puso a prueba el sistema de salud en Colombia. Sobre todo en los departamentos en los que históricamente la prestación de servicios a duras penas ha llegado a las cabeceras de los principales municipios y ciudades. El ejemplo recurrente de ese abandono ha sido Chocó, un departamento que ahora se enfrenta a la llegada de la pandemia del coronavirus con 540.000 habitantes que no cuentan con camas de UCI en la red de salud pública y solo tienen 27 camas en el sector privado. Esto sin contar con que tampoco tienen los implementos de bioseguridad necesarios para el personal médico.
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En municipios como Bojayá, por ejemplo, sus 11.000 habitantes cuentan tan solo con cinco camas y dos médicos. La situación es similar para varios territorios en el litoral Pacífico. Carlos Murillo, secretario de salud del Chocó, reconoce que hay zonas que no tienen los servicios necesarios para atender la pandemia. “En ese territorio (Bojayá) no tendríamos la capacidad para atender en UCI o en unidades intermedias. En los demás municipios tenemos una situación similar”, asegura al señalar, sin embargo, que en el Carmen de Atrato y Condoto fueron adecuados centros de salud de primer nivel.
Y es que el problema no es solo la falta de infraestructura en la región. Desde hace cinco meses el personal médico del hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, no recibe el pago de su nómina. Según la Gobernación, ya se gestionó el pago de dos meses.
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A los vacíos en la prestación del servicio se suma la falta de agua potable en municipios como el Bajo Baudó, en donde, hace tres meses, más de cincuenta personas de la comunidad indígena wounaan, de Buena Vista, tuvieron un cuadro de diarrea, fiebre y problemas respiratorios. Cinco menores de edad fallecieron, al parecer, como consecuencia de la falta de agua tratada y saneamiento básico en la zona. “Esas comunidades no tienen acueducto ni alcantarillado. Sabemos que en Puerto Piña, que queda a un kilómetro de Buena Vista, la comunidad utiliza el río Docampadó para sus necesidades fisiológicas”, dijo entonces a este diario Hermenegildo González, alcalde del Bajo Baudó.
En diálogo con El Espectador Ariel Palacios, gobernador del Chocó, explicó las medidas que se han tomado en el departamento en medio de la llegada del primer caso de COVID-19 a la región.
¿Cuál es el estado de salud de la persona diagnosticada con COVID-19?
Nosotros hemos enviado 27 muestras, de las cuales 26 salieron negativas y una salió positiva. La persona está aislada en su lugar de residencia y lo que me han reportado es que tiene síntomas, pero está estable. Estamos en este momento con el Instituto Nacional de Salud (INS) haciendo las evaluaciones y los protocolos que se requieren para estos casos.
¿Cuál es la capacidad instalada con la que cuenta Chocó para atender casos?
La capacidad instalada es la misma. Aquí no han cambiado las circunstancias. Tenemos 27 camas que son de UCI, pero son particulares. Sin embargo, no contamos con ninguna en la red pública. Hasta el momento hemos adecuado 18 espacios en el Hospital San Francisco de Asís, que serían los sitios donde podríamos realizar las instalaciones. Serían nueve habitaciones con 18 camas, que sería lo primero que podríamos adecuar, siempre y cuando consigamos ventiladores y equipos de monitoreo con los cuales no contamos en este momento. Hay otra ala que estamos adecuando, donde caben 27 camas; sin embargo, esta adecuación se demoraría casi dos meses. Los implementos de bioseguridad se están solicitando con carácter urgente.
¿Cuándo proyectan estar al día con la nómina de los funcionarios del Hospital departamental San Francisco de Asís, en Quibdó?
En este momento se les deben cinco meses: res meses de este año y dos del año pasado. El viernes 10 de abril nosotros hicimos la gestión con tres EPS y autorizaron girar, a través de unas cesiones de crédito al Hospital San Francisco de Asís, una deuda que nosotros como departamento tenemos con esas EPS por concepto de no POS; es decir, patologías que no están cubiertas en el plan de beneficios. El viernes alcanzamos a girar alrededor de $2.500 millones. Eso, abonado a lo que ellos tenían de giro directo, que eran aproximadamente $1.100 millones, les alcanza para pagar dos meses a todos los trabajadores del hospital.
En varios municipios no ha sido posible el mínimo vital de agua potable, lo que ha derivado en enfermedades que han precarizado la vida de los habitantes ¿Qué se está haciendo para garantizar el acceso a toda la población?
El tema de agua potable es muy difícil, porque la cobertura es muy baja frente a la necesidad que tiene la gente. Nosotros veníamos trabajando con una empresa que se llama Agua del Chocó, donde se han venido estructurando algunos proyectos para fortalecer el suministro de agua potable, sobre todo en las cabeceras municipales. Además, se ha trabajado con el Ministerio de Vivienda en algunas soluciones para el suministro de agua. Sin embargo, decir que nosotros vamos a solucionar esto a corto plazo es muy difícil.
Bahía Solano cuenta con solo tres médicos para una población de 12.000 habitantes. Lo mismo ocurre en varios municipios del departamento que son de difícil acceso. ¿Han realizado adecuaciones en los centros de salud de estas poblaciones?
Sí. Por ejemplo, fortalecer los hospitales en municipios como Condoto, que son centros de referencia. Además, tendríamos que capacitar el personal médico, porque en este momento son médicos generales quienes atienden estos centros de salud.
En caso de que se presenten más casos de COVID-19 en el departamento, ¿han pensado cómo realizar el traslado de pacientes desde los municipios que solo tienen entrada marítima hasta Quibdó?
El Chocó es un departamento muy disperso y hay municipios que les queda más fácil la accesibilidad a otros departamentos. Por ejemplo, el Litoral del San Juan tiene más fácil acceso con Buenaventura y Cali. En el caso del San José del Palmar, tienen acceso a Cartago y a todo el norte del Valle. Los de Acandí, Riosucio y el Carmen del Darién tienen acceso a Urabá y Medellín. El departamento, al ser tan extenso y no tan poblado, tiene más fácil acceso a otros departamentos que venir hasta la capital.
El 56 % de la población en Quibdó es informal. ¿Cómo apoyar a los vendedores en medio de la medida de aislamiento decretada por el Gobierno Nacional?
Aquí hay un pico y cédula. El día que le corresponde la gente puede salir a hacer las actividades. Si tú tienes tu propio negocio, lo puedes abrir dentro del horario que está establecido, que es de 6 a.m. a 6 p.m. Además, algunas alcaldías han dado mercados. Entendemos que el Gobierno Nacional viene dando subsidios, como Familias en Acción, Adulto Mayor o el PAE, para los niños. Este sábado llegaron unos mercados que vienen del Ministerio del Interior, que los está distribuyendo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y esperamos que lleguen a las personas más necesitadas.