Cierre de fronteras y coronavirus

COVID-19: ¿En dónde quedan los migrantes?

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Si más de un millón y medio de personas migrantes y refugiadas no son tomadas en cuenta en los planes de prevención y atención en la emergencia por el coronavirus, constituirán una población de alto riesgo.

Por el puente internacional Simón Bolívar, que une a Norte de Santander con San Antonio del Táchira, entran y salen diariamente unas 40.000 personas. Este es el punto más transitado de Colombia, y el epicentro de la migración venezolana. El registro de esta población por parte de las autoridades es estratégico para tener mayor claridad sobre la cantidad de personas que ingresan al país. La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia determinó en diciembre de 2019 que el 58 % de los venezolanos que habían ingresado al país se encontraban en situación irregular, siendo la emergencia humanitaria compleja el principal motor de salida.

La semana pasada, para evitar la propagación del COVID-19, el presidente Iván Duque anunció el cierre de todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales, lo que ha llevado a que miles de migrantes, impulsados por la necesidad de subsistencia, desacaten la orden y opten por las más de 400 trochas o caminos informales para llegar a Colombia. Con las fronteras cerradas no es posible saber quiénes entran y salen por las trochas, ni mucho menos determinar en qué condiciones de salud están.

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“Yo entiendo lo que es un refugiado, pero en este momento priman la salud y la vida de los ciudadanos pamploneses”, enfatizó Humberto Pisciotti, el alcalde de Pamplona, a través de un video oficial publicado el 17 de marzo. Junto con Pisciotti se encontraba Klaus Faber, un exgobernante del mismo municipio, quien afirmó que “la ciudad está permeada por migrantes irregulares que vamos a poner a disposición de Migración Colombia”. Esa misma tarde, con el fin de hacer frente a los riesgos del coronavirus, el alcalde firmó el Decreto 032, que prohíbe el ingreso y la permanencia de migrantes irregulares a Pamplona y suspende temporalmente los albergues que ofrecen alimentación y ayuda humanitaria.

Al día siguiente, en horas de la mañana, funcionarios de la Policía retuvieron a 96 ciudadanos venezolanos -entre ellos 25 niños- en el coliseo Chepe Acero para trasladarlos hacia la ciudad de Cúcuta. La Red Humanitaria, una organización de la sociedad civil que agrupa los albergues que brindan atención a los caminantes venezolanos, denunció abusos de la Fuerza Pública en ese procedimiento, alertando que en algunos casos estaban devolviendo a las personas migrantes a pie, sin ofrecerles un transporte.

El día del desalojo, Vanessa Bautista, una de las representantes de la Red Humanitaria, recibió una visita del Instituto Departamental de Salud que cerró temporalmente el refugio, que ella lidera, por no contar con los elementos ni la infraestructura necesarios para atender la crisis generada por la pandemia. Asimismo, ocho albergues más dejaron de prestar servicio esta semana. Pero los caminantes no dejaron de llegar.

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“Esto es lo más triste que nos ha pasado. Tener que decirles que no a mujeres y niños que llegan en la noche pidiendo un techo”. Vanessa es trabajadora social, inició recibiendo a los caminantes en la sala de su casa hace tres años y medio. Con el tiempo, pudo abrir un refugio de tres pisos que consta de tres baños y un espacio para hombres y otro para mujeres. Diariamente recibía entre 80 y 150 personas. La Red Humanitaria está compuesta por voluntarios, médicos y psicólogos que hacen monitoreo a los caminantes, dejando el registro de dónde vienen, hacia dónde van, si hay presencia de niños no acompañados y si hay víctimas de violencia de género durante el trayecto.

Para orientar a esta población en tiempos de coronavirus, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) habilitó líneas de atención telefónica en todo el territorio nacional. En una entrevista con Jozef Merkx, representante de Acnur en Colombia, informó que adecuaron espacios para el aislamiento en centros de Cúcuta, Riohacha y Maicao, cumpliendo con la restricción del Ministerio de Salud de no agrupar a más de 50 personas en un mismo sitio. También se refirió a los venezolanos que trabajan en el sector informal. “Estamos preocupados porque la economía está afectando los medios de vida que tenían antes del aislamiento y que les permitía sobrevivir. Esos ingresos de repente desaparecen y los hace más vulnerables económicamente”.

En el informe “Panorama laboral de los migrantes venezolanos en Colombia 2014-2019”, la Universidad Externado advirtió que tres de cada cuatro venezolanos trabajan sin contrato laboral, lo hacen por más horas semanales que los colombianos, reciben menos remuneración y el 90 % no cuenta con seguridad social. Adicionalmente, un censo del DANE reveló que la mayoría de los empleos de los migrantes eran informales y se desarrollaban en comercios, hoteles y restaurantes. Estos datos evidencian que las personas migrantes y refugiadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que se agrava en la crisis actual y advierte sobre la necesidad de conservar la atención humanitaria. Por ejemplo, por medio del mantenimiento de los refugios, facilitando el acceso a la alimentación, y al mismo tiempo con medidas para prevenir la transmisión del COVID-19.

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Los programas de salud pública no deben dejar por fuera a la población migrante y refugiada. Según la revista de salud pública “Health and Human Rights Journal” (“HHR”), los migrantes irregulares, los trabajadores fronterizos, los refugiados y los solicitantes de asilo pueden verse afectados de manera desproporcionada en caso de emergencias de salud. Esto se debe a una “combinación de barreras políticas, socioculturales, económicas y legales” que limitan el acceso y el conocimiento sobre este derecho.

“Incluso si ciertos grupos de migrantes tienen acceso a servicios de salud, tienden a evitarlos por temor a una deportación o actitudes xenófobas y discriminatorias dentro de la sociedad”, asegura el informe de HHR. La evidencia indica que la estigmatización generada por la restricción de las políticas de inmigración dificultan el acceso de los migrantes indocumentados a la exigencia de sus derechos. Si más de un millón y medio de personas migrantes y refugiadas no son tomadas en cuenta en los planes de prevención y atención del COVID-19, constituirán una población de alto riesgo.

Considerando la actual situación de Venezuela y el principio constitucional de no discriminación que rige en Colombia, el Estado debe garantizar a todos los habitantes el acceso igual y oportuno a servicios médicos preventivos, curativos, paliativos y medicamentos esenciales. Dentro de esos esfuerzos se debe priorizar a los grupos más vulnerables, como las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas y los niños y las niñas, independientemente de su estatus migratorio.

Si bien es apenas lógico que ante el coronavirus el Ministerio de Salud ordene la inspección de los albergues donde ya existía un escenario de hacinamiento, escasez de alimentos, productos de higiene y falta de accesibilidad al agua, el Gobierno Nacional, con el apoyo de la cooperación internacional, enfrenta el reto de ofrecer alternativas para que esta población no pierda sus espacios de protección, al mismo tiempo que se toman las medidas para prevenir la propagación del virus.

* Comunicadora de Dejusticia

 

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