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COVID-19: Las lecciones de la última epidemia en el pueblo wayuu

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En 1991 la comunidad tuvo que lidiar con la epidemia de cólera. Casi 30 años después, el coronavirus pone en riesgo a un pueblo que sigue con problemas de desnutrición infantil y acceso a agua potable.

El pediatra wayuu Carlos Epieyú rememora lo que pasó en las comunidades indígenas en septiembre de 1991, y pareciera que hablara sobre la pandemia del nuevo coronavirus. “Una población sin acceso al agua potable, con niveles de desnutrición alarmantes y un servicio de salud muy deficiente enfrentó hace casi treinta años la epidemia del cólera que dejó alrededor de 10.000 indígenas infectados y más de 300 fallecidos”, según Luis Gómez Pimienta, exviceministro de Salud.

El miedo y la incertidumbre de quienes vivieron esa epidemia en carne propia es el mismo que sienten ahora, al verse en riesgo por la COVID-19 que, aunque no ha llegado a las comunidades indígenas de La Guajira, tiene preocupada a la población por la falta de información y recursos para enfrentarse al virus.

En el episodio del cólera fueron cuatro médicos los que dirigieron la estrategia para enfrentar la epidemia: José Liñán, Carlos Epieyú, Ana María Pertuz y el exviceministro Gómez. Ellos lideraron las jornadas de salud, pedagogía en lengua nativa y brigadas médicas que les salvaron la vida a cientos, tal vez miles de indígenas.

El cólera, a diferencia del nuevo coronavirus, no se contagiaba de persona a persona, sino que se propagaba a través del agua contaminada que bebían las comunidades. “La epidemia generaba una diarrea que podía deshidratar y matar a una persona en cuestión de horas, y como históricamente ha existido un problema de desnutrición, eso lo hacía mucho más letal”, explica Gómez. La enfermedad se propagó luego de que un barco panameño llegara al puerto de Bahía Portete. La nave llevaba agua contaminada en sus depósitos y ese líquido fue repartido entre la comunidad.

El pueblo wayuu está conformado por cerca de 380.460 personas que habitan principalmente en La Guajira, una zona con índice de necesidades básicas insatisfechas del 53 %, en donde una de cada tres personas vive en la miseria. Esto se traduce en un problema histórico de desnutrición, dificultades para el acceso a agua potable y deficiencia en la prestación de servicios médicos. Por estas razones, en 2017 la Corte Constitucional emitió la sentencia T-302, con la que estableció que había un estado de cosas inconstitucionales, que para el período 2015-2016 produjo la muerte de 266 menores de edad por causas asociadas a la desnutrición.

Zulma Rodríguez, integrante del proyecto de veeduría ciudadana de esa sentencia, señala que aunque hay una emergencia sanitaria por el coronavirus, la solución no es llevar carrotanques de agua potable a las comunidades indígenas, como lo ha planteado, por ejemplo, José Ramiro Bermúdez, alcalde de Riohacha. Según ella, la verdadera solución a ese problema sería la construcción de pozos que permitan la extracción de agua potable.

Sin embargo, el problema del agua potable que les impide a las comunidades ingerir alimentos con las mínimas condiciones sanitarias o lavarse las manos cada tres horas, como recomienda el Gobierno para prevenir el contagio, es mucho más complejo de lo que parece. Desde febrero de 2017, el Gobierno nacional intervino la salud, la educación y el agua potable en La Guajira, así que solo desde allí se pueden tomar decisiones trascendentales para todo el departamento.

Armando Wouriyú Valbuena, líder indígena y expresidente de la Organización Indígena de Colombia (ONIC), mencionó que, tanto en la epidemia de 1991 como en esta pandemia, las comunidades que están en riesgo mayor son las de Uribia, Riohacha, Manaure y Maicao, especialmente en esta última por su cercanía con la frontera con Venezuela.

“Tenemos comunidades que están a dos horas de distancia, en vehículo, de algún hospital de primer nivel, las condiciones de salud son realmente complejas”, menciona el líder, quien además denuncia que ninguna entidad gubernamental ha explicado, en lengua nativa wayuunaiki, el peligro y los alcances de la pandemia. “Algo que nos salvó del cólera es que teníamos médicos nativos que nos decían qué teníamos que hacer y los alcances de esa enfermedad en nuestra lengua, pero con el coronavirus nadie ha hecho la labor de traducción y pedagogía de la enfermedad”, explica.

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A esas preocupaciones, se le suma la incertidumbre del sistema médico en La Guajira en donde apenas hay 37 camas de Unidad de Cuidados Intensivos disponibles. “Tenemos miedo de que cuando vayamos a un centro médico solo nos digan que es una fiebre o una tos y no nos remitan de manera oportuna”, dice Nancy Gutiérrez, líder de la comunidad wayuu kasiwoluin quien insiste en que el hospital más cercano queda a una hora, en el municipio de Uribia.

Precisamente en ese municipio comenzó una “wayuudatón”, jornada liderada por el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez, con la que se pretende recibir donaciones económicas para que la administración municipal suministre mercados a las comunidades indígenas de la zona.

Las poblaciones indígenas son especialmente vulnerables al COVID-19. Sin embargo, las campañas de prevención son débiles en su función de explicar a esas comunidades la magnitud de la pandemia. “Me preocupa que he visto estrategias dirigidas hacia centros urbanos: grandes ciudades, intermedias y pequeñas, pero, ¿dónde están aquellas para la población rural e indígena?”, se pregunta Weildler Guerra, antropólogo wayuu, secretario de Asuntos Indígenas durante la epidemia de cólera y exgobernador encargado de La Guajira.

De su experiencia durante la epidemia de 1991 dice que terminó familiarizado con la muerte. En una pequeña comunidad llamada Ichitu presenció la sepultura de doce miembros de una misma familia. “Fue un aprendizaje doloroso. Lo que debemos procurar ahora es entender las lecciones del pasado. Uno aprendió sobre la marcha, pero después de varios muertos”, concluye Guerra.

Claudia Henríquez, secretaria de Asuntos Indígenas de La Guajira, es la encargada de sincronizar todas las acciones de prevención dictadas por los entes locales y nacionales con los pueblos originarios. “Soy muy respetuosa de la autonomía de las comunidades indígenas, pero en este momento toca ser radicales”, dice. Con eso se refiere a que, en plena expansión del virus en el país, las tradiciones culturales de los wayuu y otros pueblos están supeditadas a las medidas adoptadas por el Gobierno, que ordenan el distanciamiento social y el aislamiento.

La funcionaria le da especial importancia a la comunicación como herramienta de prevención. Construyó un plan para implementar y difundir en todo el territorio, y pidió que todas las piezas estén en wayuunaiki. Guerra también confía en la pedagogía como instrumento para combatir esta nueva epidemia. “La población es sensible a la educación cuando su vida está en riesgo. No hay población, por aislada que esté, que no logre entenderlo”. Sin embargo, el antropólogo aclara que esos contenidos de prevención tienen que estar en línea con el entorno físico y social de las comunidades. “Por ahí vi un video en wayuunaiki que parece hecho en Nueva York. Con apartamento amoblado, el agua de la llave en una cocina integral. ¡Eso no ocurre en las zonas nuestras!”.

A Guerra le preocupan los indígenas que tienen una alta dependencia de los centros urbanos por motivos comerciales, dinámica indispensable para sobrevivir en una economía nacional que se mueve con el día a día de la informalidad laboral que llega al 48 %. La movilidad es un riesgo con un virus cuya capacidad de contagio tiene a la mayor parte del mundo confinada.

“Si esa pandemia llega a los pueblos indígenas uno podría hablar de un exterminio. Por la cantidad de necesidades básicas insatisfechas, por la falta de educación, por la falta de agua, de alimentos. Todos los que se contagian no se mueren, pero no sabemos cómo va a ser la respuesta inmunológica de nuestros indígenas, especialmente los niños, niñas y mujeres, con el estado nutricional que tienen. No me imagino la catástrofe que puede ocurrir”, dice Henríquez.

*Una primera versión de este artículo fue escrito en el marco del Laboratorio de Periodismo Situado de Cosecha Roja

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