“La corrupción es un mal que intenta usurpar la identidad nacional”: contralor general

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Carlos Felipe Córdoba se refirió a los esfuerzos que su entidad está desarrollando con la Fiscalía y la Procuraduría para evitar el despilfarro de dinero en medio de la pandemia. Aseguró que el nuevo modelo de la entidad ha permitido prevenir la desviación de millonarios recursos. Dice que la corrupción le cuesta al país $50 billones al año.

¿Qué piensa cada vez que encuentran indicios de que una contratación para la coyuntura del COVID-19 representó un desfalco al erario?

En el ámbito personal, experimento dolor y preocupación; en el institucional, procedo convencido de que hay que actuar aquí y ahora. Cada día con mayor decisión, para desarraigar la cultura de la corrupción, que nos cuesta $50 billones al año. Las crisis dejan ver la miseria humana, pero también ofrecen la oportunidad para rescatar nuestros valores y principios. Son más los que hacen las cosas bien y eso nos llena de optimismo y sentido de futuro. (“Es importante que se sepa que tres gatos cazan más que uno”, procurador Fernando Carrillo)

¿Cuál ha sido el hallazgo que más lo ha impactado y por qué?

Han sido varios. No los individualizo para no caer en riesgos de prejuzgamientos e impedimentos. Pero me han indignado los presuntos sobrecostos en los alimentos que se suponen reservados a las personas que más sufren actualmente. No podemos tolerar que eso siga ocurriendo, que campesinos tampoco tengan acceso al crédito que se les ofrece legalmente y menos que el personal de la salud, expuesto a los mayores riesgos, no tenga a la mano los elementos mínimos de protección.

¿Se vienen más sanciones para mandatarios locales?

Los procesos nos irán dando la pauta. Llegaremos hasta donde la evidencia técnica que estamos recopilando nos lo indique. No podemos olvidar, sin embargo, que aquí no cuentan solo los castigos, sino que también cuenta la prevención. Yo creo que la decisión de actuar juntos la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría es de por sí un factor disuasivo que puede evitar muchas cosas. Nos hemos impuesto la meta de proteger el recurso público en su propia fuente y no tener que esperar, como ocurría antes, cuatro o cinco años para recuperar apenas el 0,4 % de lo que se perdía.

¿Cómo entender que en tantas regiones se hayan visto tan rápido tantos sobrecostos o contratos con contratistas sin experiencia?

Si bien no podemos descartar la mala fe en algunas actuaciones, creo que le falta calidad a la gerencia pública y que cientos de servidores no están familiarizados con las normas que rigen la contratación y, en particular, con las disposiciones sobre el régimen de urgencia manifiesta. Entonces, ese coctel del enriquecimiento fácil y la ignorancia termina siendo explosivo en cuanto a detrimento del patrimonio público. (Corrupción, la pandemia en el COVID-19 que se busca frenar a tiempo)

¿Han encontrado relación entre los contratos cuestionados y, por ejemplo, financiadores de campañas políticas?

Los operadores de nuestra Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) están perfilando de cuerpo entero a los contratistas. En la oportunidad procesal se conocerá en detalle quiénes son cada uno de ellos. Estamos actuando con determinación, sin prisa, pero sin pausa, y en un tiempo razonablemente breve el país conocerá los resultados completos de nuestras actuaciones.

¿Qué diagnóstico hace de la corrupción en el país a raíz de lo que han encontrado?

Que es un mal que intenta usurpar la identidad nacional. Si nos aprovechamos indebidamente de los recursos para los más vulnerables, jamás podremos sacar de nuestro ADN las células malignas de ese problema. Por eso insisto en que hay que golpearla ya, contundentemente, para que se convierta en un factor disuasivo para el que pretenda hacer las cosas mal. Quiero decir también que hay muchos funcionarios pulcros que se levantan a diario a construir país y a trabajar por sus comunidades. No podemos caer en el facilismo de que todo el mundo es corrupto, porque eso no es así. Nosotros, los organismos de control, estamos para luchar contra el otro porcentaje, contra el que cree que el erario es el botín de su voracidad inescrupulosa.

Si estas alertas son por contrataciones en medio de la pandemia, ¿qué se puede esperar del resto?

A la Contraloría le correspondió prácticamente estrenar el nuevo modelo de control fiscal al calor de la crisis desatada por la pandemia. Esa ha sido su prueba de fuego y, hasta ahora, la ha sorteado bien. Esto no deja de ser una ventaja, porque cuando retornemos a la normalidad, ya tendremos afinados los instrumentos y la experiencia para vigilar y controlar los procesos contractuales en tiempo real, como lo estamos haciendo hoy.

¿Cree que los mandatarios regionales están abusando del poder que les dio la emergencia por el coronavirus?

Yo no categorizaría a los servidores por su origen o su órbita de acción. La administración pública es una sola, independientemente de sus niveles. Y nosotros apuntaremos en la dirección en la que lo indiquen las pruebas; tanto en la periferia, como en el centro.

¿Qué empresa o contratista ha sido la más beneficiada durante el COVID-19 o concentra la mayoría de los contratos?

Desde la época en que me desempeñé como auditor general de la república, he encontrado en la caracterización de los carteles de contratistas una buena herramienta estratégica para saber dónde se concentra su poder. Tengan la seguridad de que esta vez, y de aquí en adelante, buscaremos llegar al núcleo de ese poder. Los resultados se conocerán a la luz de nuestras decisiones, en el momento oportuno. Por ahora puedo confirmar que siguen pululando los que yo llamo “contratistas multipropósito”, aquellos que dicen servir para construir puentes, organizar matrimonios y comercializar mercados. (Así se ha gastado la plata la gobernación del Cesar para atender la pandemia)

¿Qué sector (alimentos, transporte, compra de material sanitario) ha sido el que más irregularidades en contratación ha presentado durante la pandemia?

Durante los primeros cuarenta días de la emergencia económica, ecológica y social, hemos advertido especiales vulnerabilidades en la contratación de alimentación y de dotación para el sector salud. Algo que es inaceptable en esta hora en la que la vida, la salud y la subsistencia son los motivos de las principales preocupaciones del país.

¿Cómo surgió la idea, que no se había visto antes, de que se juntaran las tres “ías” más importantes del país?

Estamos viviendo un periodo excepcional que exige respuestas institucionales distintas. El volumen de la contratación, la vulnerabilidad de las personas que requieren apoyo, las limitaciones presupuestales y las restricciones de movilidad aérea, terrestre y personal, exigen de nosotros una acción concertada en donde las facultades y las capacidades de cada uno complementen el accionar de todos. Aprovechamos también la coyuntura favorable que nos ha dado el más reciente modelo de control fiscal, que nos permite actuar con mayor sentido de oportunidad y con criterio de prevención. Es mucho lo que está en juego y no vamos a ser inferiores al desafío. La sociedad reclama resultados urgentes, oportunos, contundentes y rigurosos, y eso es lo que le vamos a dar trabajando juntos.

Al momento de juntar fuerzas, ¿qué ha sido lo más complicado?

No ha habido cosas complicadas, todos hemos puesto al servicio del otro nuestras investigaciones y nuestra capacidad tecnológica y humana. Nuestros equipos de trabajo se han integrado bien, han construido empatía y, con la retroalimentación que reciben, han gestionado conocimiento muy útil, tal como lo estamos demostrando en estos tiempos de crisis.

¿No podría verse como una unión desmedida de fuerzas?

En absoluto. Esta unión pretende resultados oportunos y contundentes. Nuestro accionar está sometido a la constitución y a las leyes y, por lo tanto, ahí no hay posibilidad de nada desmedido o arbitrario. Cada uno de nosotros es consciente de que hay un debido proceso, una presunción de inocencia, un derecho de defensa y un control permanente de nuestro accionar por nosotros mismos, por los medios, por las veedurías y por la jurisdicción competente. Nadie podrá decir que estamos pasando por encima de sus derechos. En este momento tenemos una realidad jurídica y presupuestal en la que miles de funcionarios públicos deben contratar con sentido de urgencia y en forma directa. Necesitamos que esta situación no conduzca a que se pierdan los recursos que tanto estamos necesitando. En este caso, podemos decir que se hace realidad el viejo refrán de la unión hace la fuerza.

Sobre Finagro, la entidad salió a defender su trabajo explicando que nada irregular está sucediendo con los créditos, ¿qué opina la Contraloría? ¿Se mantienen en sus hallazgos?

En este país hay libertad de expresión, derecho de defensa, presunción de inocencia, debido proceso y, por supuesto, los funcionarios pueden dar las explicaciones que les pidan los medios de comunicación según su saber y entender. Nosotros alertamos sobre créditos que se estaban concentrando en los grandes empresarios del sector agropecuario, dejando de lado a los pequeños y medianos productores.

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.

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