Las cárceles de cara al COVID-19: Cuando estar aislado significa hacinamiento

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En las cárceles colombianas, las condiciones de salubridad y el hacinamiento agravan el panorama ante un eventual brote de covid-19. Internos ya iniciaron protestas e intentos de motines. Defensoría y Procuraduría piden que se decrete la emergencia carcelaria.

Menos de 24 horas después de que el presidente, Iván Duque, anunciara que todo el país entrará en cuarentena obligatoria desde el 24 de marzo por el covid-19, en cárceles de toda Colombia se presentaron desórdenes. Los internos convocaron a un “cacerolazo”, quemaron toallas y colchones, y en prisiones como La Modelo, en Bogotá, la situación se agravó tanto que la Policía tuvo que intervenir. El saldo, confirmó el Ministerio de Justicia, fueron 23 muertos y 83 heridos por un plan de fuga. Procuraduría y Defensoría del Pueblo salieron a pedir al Gobierno que se decrete emergencia carcelaria. En esta coyuntura, con el coronavirus expandiéndose por todo el país y causando las primeras muertes —una en Cartagena y otra en Cali—, los reclusos piden a gritos que no los hagan a un lado.

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El primer contagio del virus SARS-CoV-2 se reportó el 31 de diciembre de 2019, en China. Casi tres meses después, hay más de 305.000 casos reportados en el mundo, 231 en Colombia y más de 500 en los centros penitenciarios de China. Mantener una distancia de dos metros o lavarse las manos constantemente son algunas de las recomendaciones que se han dado para combatir la pandemia, pero aplicarlas en las cárceles de Colombia es más que complejo. Un total de 121.670 personas privadas de la libertad se hallan en las 134 cárceles del país, que solo tienen cupo para 80.763. Es decir, el hacinamiento asciende al 50 %, por lo que un eventual brote de COVID-19 podría causar un desenlace fatal.

Así lo han advertido sindicatos de guardianes, organizaciones sociales y academia. Como medida inicial, el presidente Duque ordenó la suspensión de todas las visitas a las cárceles el pasado 12 de marzo. Horas más tarde, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el general Norberto Mujica, confirmó que, aunque no había aún un caso confirmado en cárcel alguna —lo que se mantiene hasta el momento—, esa decisión hacía parte de un paquete de medidas para aislar las prisiones. Entre ellas están, por ejemplo, “realizar búsquedas activas” de personas que presenten síntomas asociados al covid-19 y que los guardianes descarguen en sus celulares la aplicación CoronApp, del Ministerio de Salud.

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Asimismo, los reclusos no podrán salir para citas médicas ―salvo casos excepcionales―, ni para audiencias judiciales ―que se harán de manera virtual― y el Inpec no aceptará que le remitan a más personas que en estos momentos se encuentren recluidas en estaciones de Policía o URI. Se suspendieron las visitas familiares, pero los abogados podrán seguir visitando a sus clientes, los obreros que trabajan en adecuaciones de la infraestructura seguirán entrando y saliendo; y los más de 12.000 dragoneantes, como cualquier persona, regresarán a sus casas tras terminar sus turnos de custodia.

Libardo Ariza, profesor e investigador del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, señala que “si bien las medidas que ha tomado el Inpec son importantes y valiosas, son reactivas y están planteadas con lo que ellos están acostumbrados a hacer: manejar brotes de paperas, varicela o rubéola en las cárceles. En esos casos, aíslan a los reclusos enfermos en un patio específico para que no contagien a más personas. Pero esto no es un brote de paperas, es una pandemia”. Además, anota que, “un cierre, como el que ordenó el Gobierno, genera problemas de desabastecimiento y perturba el orden social de las cárceles, creando mayores grados de violencia y pánico”.

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El problema de cerrar la puerta a las visitas es que, en un sistema penitenciario como el colombiano, las familias suplen la mayoría de necesidades básicas de los reclusos, como ropa, alimentación y elementos básicos de sanidad, anota Ariza: “Basta ver las filas de la cárcel Modelo los miércoles, que son los días de entrega de encomiendas”. Y agrega que la vía que ha tomado el Inpec no es suficiente, porque “mientras haya gente durmiendo en el suelo o vivan seis personas por celda, es imposible frenar una pandemia”. Sugiere mirar otras alternativas, como “sacar de la cárcel a algunas personas para que, cuando la pandemia se dispare, la precaria institucionalidad interna pueda concentrarse en controlar el brote”.

“El Inpec nunca ha tenido la capacidad de responder a las necesidades básicas de aseo que nosotras tenemos, como mujeres es peor”, le aseguró a este diario una interna de El Buen Pastor, quien explicó que con las encomiendas suplen todos los elementos básicos de aseo que el Estado no les brinda y contó que en medio de la tensión con el CRI (Cuerpo de Reacción Inmediata del Inpec) unas quince internas resultaron lesionadas. “Nos están diciendo que la clave es lavarnos las manos con jabón, pero nosotras no tenemos. La forma como lo obtenemos es la encomienda”, agregó. Pidió, en nombre de sus compañeras, que se tomen otro tipo de medidas como la desinfección de los paquetes.

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Otra de las acciones del Inpec en este centro de reclusión de mujeres fue sacar a los niños y niñas que vivían con sus madres en el patio 6. Una de las internas de esa estructura nos contó que le preocupaba que “la mayoría de familiares trabajan y eso les genera inestabilidad a los niños, porque se la pasan tres días con el papá, tres días con la tía y tres con la abuela”. A algunos de los que sacaron estaban en edad de lactancia y cuando puedan volver a ingresar ―por ahora, la medida va hasta el 20 de abril―, ya no recibirán leche de sus madres. “No contamos con un sistema que permita mandar la leche a la casa”, señaló.

Las internas dicen que la alimentación es precaria y temen que eso las haga más frágiles si llegan a contagiarse con el nuevo coronavirus. “El miércoles el desayuno fue una agüita de papa. Acá nadie está bien alimentado y no nos dan ni siquiera vitamina C”, nos dijo otra mujer del penal, quien agregó que los expendios dejan de ser una opción, pues se estarían quedando desabastecidos y están controlando cada vez más las ventas. “Hay mucha gente muy débil y deprimida. Aceptamos que no dejen entrar a las familias, pero que nos den comida. Hemos llorado por el hambre”, agregó otra mujer privada de la libertad, también de El Buen Pastor.

Un interno de La Picota nos contó que en ese centro penitenciario, uno de los más grandes del país, viven una situación similar con la alimentación: “Hay física hambre, porque la comida es poca”, denunció. Los expendios en ese establecimiento también estarían desabastecidos, por lo que no pueden complementar su dieta. Aseguró que desde enero, por decisión del Uspec, les disminuyeron las porciones de las minutas; por ejemplo, el queso campesino del desayuno bajó de 50 gramos a 35 y la carne de res bajó de 85 a 70. Sobre la atención médica en ese centro penitenciario, aseguró que hay solo dos médicos para los cerca de 3.000 internos del edificio Eron.

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A través de un comunicado, el Movimiento Nacional Carcelario (MNC), que reúne a reclusos, pospenados y guardianes en retiro, denunció que solo han visto que entre en funcionamiento la suspensión de las visitas, pues “de las otras medidas no se ha visto nada”. Aseguran que “las áreas de sanidad internas siguen colapsadas”, y que “los presos no tenemos acceso a tapabocas, jabón antibacterial, creolina, ni cloro para el lavado de patios, pasillos, celdas y calabozos”. Por eso, le piden al presidente Duque que declare una emergencia carcelaria, lo que le permitiría tomar medidas excepcionales para reducir el hacinamiento y evitar, en palabras del profesor Ariza, “una catástrofe”.

John León, vocero de la Corporación de Solidaridad Jurídica, que acompaña la labor del MNC, le dijo a El Espectador que algunas ventajas de decretar la emergencia carcelaria es que, “en el marco de la excepcionalidad de esta situación, se podrían destinar recursos exclusivamente a garantizar servicios íntegros de salud, o se podrían conceder libertades”. Esto último, por ejemplo, podría darse para sindicados ―quienes no han sido condenados, casi el 50 % de los reclusos―, mujeres en embarazo o lactantes, y para la población de mayor riesgo frente al covid-19: los mayores de setenta años, que, según datos del Inpec, son 1.341 personas en todo el país; quienes padecen sida, diabetes u otras inmunodeficiencias, entre otros.

Según el MNC, el presidente Duque podría emitir un decreto ley en virtud del estado de emergencia, que decretó el pasado 17 de marzo, para modificar el Código de Procedimiento Penal y flexibilizar los beneficios de casa por cárcel, libertad condicional o brazaletes electrónicos. Para León, otra vía es una libertad administrativa. “Es decir, lo que el expresidente Juan Manuel Santos hizo con los gestores de paz de las Farc, que fue que, mediante un acto administrativo, el Gobierno le solicitó a la rama Judicial que otorgara una serie de permisos de libertad por plazos determinados. En ese momento fue de tres meses. Se podría hacer en este caso por razones humanitarias”, explica.

En la misma línea, el pasado 20 de marzo, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil al Estado de Cosas Inconstitucional les pidió a la Corte Constitucional, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo que intervengan ante el Inpec para que se asegure la protección de los reclusos. En el documento aseguran que también ven necesario decretar la emergencia carcelaria y sostienen que se deben encontrar alternativas al encarcelamiento para reducir el hacinamiento, que es caldo de cultivo para la propagación del virus. Entre las propuestas incluyen planes de descongestión a través de solicitudes de libertad ante jueces de ejecución de penas o de control de garantías. Y concluyen, en línea con el MNC, Ariza, y León, que el sistema penitenciario colombiano no tendría en este momento cómo atender la pandemia si llegara a presentarse un contagio carcelario masivo.

El drama penitenciario en el mundo

“Es nuestro deber proteger la salud de los que trabajan y viven en las prisiones”, dijo el ministro de Justicia de Italia, Alfonso Bonafede, el pasado 11 de marzo, cuando el número de contagios por el nuevo coronavirus en ese país ascendía a 2.002 y se habían reportado ya 47 fallecidos por esta enfermedad, que ha cruzado las fronteras de 153 países. El 5 de marzo, en Italia ya se había dado orden de cerrar teatros, gimnasios y restaurantes. Solo fue cuestión de días para que, en las cárceles, el miedo también consumiera a los privados de la libertad. El 10 de marzo murieron tres reclusos intentando saquear la enfermería de la cárcel en busca de suministros para evitar el contagio.

La causa principal de los motines que se presentaron en Módena, Pavia, Nápoles, Salerno, Frosinone, Foggia y Bari fue la prohibición de salidas con permiso y de ingreso de visitantes y familiares a las instalaciones, medidas que se tuvieron que tomar por el aumento diario de casos de covid-19. Por otro lado, en España, el segundo país de Europa con más contagios, también se aislaron varias cárceles. Cerca de 8.000 presos de las siete prisiones y tres centros de inserción social de Madrid estuvieron dos semanas restringidos de visitas de familiares y encuentros íntimos. La comunicación con sus allegados solo fue telefónica y a los abogados también se les prohibió la entrada.

Por su parte, Irán, que reporta más de mil fallecidos por el nuevo coronavirus, también decidió, hace unas semanas, liberar a cerca de 85.000 reclusos para evitar la propagación del covid-19 en centros penitenciarios. El jefe del poder judicial iraní, Ebrahim Raisí, señaló que se tomó esta decisión sobre los reclusos que “no representen inseguridad en la sociedad”. En Teherán, capital del país, también se dio la orden de sacar temporalmente los presos políticos de sus cárceles para evitar la sobrepoblación en estos centros.

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