Las peticiones de las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de arriendos

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Acopi asegura que menos de la mitad de las mipymes ha logrado un acuerdo de pago con los arrendadores de los inmuebles en los que desarrollan su negocio. La asociación pide que se puedan revisar las obligaciones en los contratos, entre otros puntos.

El 63 % de micro, pequeñas y medianas empresas sufrió una reducción superior al 80 % en sus ventas durante abril pasado, en comparación con el mismo mes de 2019. El 17 % tuvo disminución de entre el 50 % y el 80 %. Así lo muestra un sondeo hecho por el gremio de micro, pequeñas y medianas empresas Acopi, en el que se consultó a 182 mipymes a nivel nacional y pertenecientes a los sectores de Servicios (48 %), Comercio (30 %), Manufacturas (19 %) y Agropecuario (2 %).

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El ejercicio también dio como resultado el hecho de que el valor promedio de arriendo que pagan estos empresarios mensualmente es en 15 % de los casos menor o igual a $1 millón; en 57 % de los casos, mayor a $1 millón y menor o igual 5 millones; 12 % es mayor a $5 millones y menor o igual $10 millones; 13 % es mayor a $10 millones y menor o igual a $50 millones, y 3 % es mayor a $50 millones. De otro lado, la mayoría de los contratos de arrendamiento (60 %) tienen una vigencia de entre uno y cinco años.

Según Acopi, del total de las empresas encuestadas sólo el 38 % ha logrado una negociación con los arrendadores, mientras que el 62 % aún no ha logrado un acuerdo. "De las empresas que han logrado hacer negociaciones, en el 60 % de los casos han acordado un descuento del 50 % o menos del valor mensual; el 14 % ha recibido condonación de por lo menos un mes; el 11 % pudo aplazar el pago de la deuda de los meses críticos, mientras que un 9 % estableció pago por cuotas", asegura el gremio.   

En vista de la situación, la asociación propone al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de una carta, que mientras dure la emergencia se levante el carácter de orden público que tienen las medidas del código de comercio en materia de arriendos, con el fin de "permitir acuerdos entre las partes". Es decir, según Acopi, actualmente las normas no permiten tener en cuenta "las estipulaciones que puedan hacer las partes".

Asimismo, señalan la necesidad de revisar las obligaciones de los contratos, debido a que la emergencia sanitaria ha constituido una alteración no previsibile en las condiciones iniciales de lo pactado. La idea, agrega, es que las obligaciones sean recíprocas "y tiendan a conseguir una situación de equilibrio análoga a la que existía al tiempo de la celebración del contrato. Porque de lo contrario, según la teoría de la imprevisión, el mantenimiento del desequilibrio sobreviniente significaría un enriquecimiento no justificado para la parte que, no soportando la sobrecarga, va a disfrutar de iguales o mayores beneficios a los que inicialmente eran materia del contrato".

"Con fundamento en lo anterior, consideramos que se deben adoptar medidas tendientes a restablecer ese equilibrio, el cual, de acuerdo con los resultados de nuestro sondeo, muestra un desmejoramiento que se debe a la reducción de más del 50 % de las ventas en el 80 % de las empresas, resultados que se deben en gran parte a que en su mayoría son empresas de comercio y servicios no esenciales durante la emergencia".

El objetivo de lo anterior es que "el arrendatario afectado pueda solicitar la renegociación de las obligaciones contractuales que se ajuste a las nuevas condiciones y que el arrendador este obligado concertar, es decir que se establezca la posibilidad de reducción de los cánones de arriendo como medida de alivio a los arrendatarios cuyas actividades se encuentra paralizadas, y en caso que las partes no lleguen a un acuerdo se permita la posibilidad de entregar el inmueble sin pago de indemnización por entrega anticipada", concluyó Acopi.

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