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Este miércoles, el Gobierno Nacional emitió un nuevo decreto que permite importantes cambios en el sistema pensional como una medida para proteger a los trabajadores y jubilados en el marco de la emergencia decretada por cuenta de la propagación del coronavirus.
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Aunque el documento ha despertado todo tipo de preguntas por su carácter técnico y deja abierta la puerta a decenas de conjeturas, lo cierto es que persigue dos objetivos: disminuir en un 80 % el pago que los trabajadores deben hacer cada mes a su pensión y garantizarle a quienes ya están pensionados con un salario mínimo recibir su mesada de manera vitalicia sin importar las circunstancias actuales.
El decreto (558) reconoce que la emergencia por la amenaza de la pandemia y las mismas consecuencias de las decisiones que se han tomado para manejar la situación tendrán efectos negativos en la economía y en los habitantes y que se necesitan medidas extraordinarias para aliviar, por un lado, el esfuerzo de los empleadores para pagar el salario de sus trabajadores y, por otro, la volatilidad de los mercados financieros y su impacto en las pensiones.
En el primer caso, el Gobierno permitirá a las empresas y entidades públicas, e incluso a los trabajadores independientes, acogerse voluntariamente a un alivio en el pago de seguridad al reducir el aporte a pensión del 16 % del salario al 3 % durante abril y mayo.
En los últimos años la cotización al sistema general de pensiones se ha hecho sobre el 16 % del salario de un trabajador. Quiere decir que si una persona gana $1 millón mensuales, se le descuentan en cada pago $160.000 como ahorro a su pensión. Sin embargo, solo el 13 % ($130.000, según el ejemplo) se destinan en la práctica a este fin, el 3 % restante financia los gastos de administración (es decir la comisión para Colpensiones o para las AFP) y un seguro o reserva para los riesgos de invalidez o muerte del trabajador. Este último valor sería el único que se pagaría, entre el empleados y el empleado, los próximos dos meses.
En la práctica esto significa que para algunas personas el pago a pensión quedará suspendido por estos meses, en términos de dinero, pues en términos de tiempo las semanas se seguirán contabilizando para que el trabajador no vea afectado su esfuerzo por cumplir el requisitos de 1.150 o 1.300 semanas, según el régimen al que pertenezca.
Si bien Asofondos, el gremio de la Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) celebró la medida por considerar que ayuda a las empresas a mantener el empleo al recortarles gastos, muchas voces han criticado en los últimos días que estas empresas (Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos) no flexibilicen este cobro.
Además, no es claro si el acumulado de los dos meses deberá reponerse en algún momento o si quedará el hueco en la cotización de esos meses, pues Asofondos llamó a las empresas que “en la medida de lo posible paguen estos aportes una vez superada la contingencia actual”.
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En segundo lugar, el Gobierno protegerá a los pensionados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), es decir el modelo que conforman las administradoras de fondos de pensiones, que sufran importantes pérdidas en su dinero, por cuenta de la inestabilidad en el mercado de capitales, trasladándolos a Colpensiones.
En los fondos privados de pensiones existen cinco modalidades de retiro llegado el momento de la jubilación, pero las más conocidas son retiro programado y renta vitalicia. Mientras en la primera el pago de la pensión lo hace directamente la AFP, que sigue administrando el capital, monitoreando el saldo, proyectando la inflación y buscando rentabilidad, en la segunda el afiliado contrata, con asesoría de su fondo, a una aseguradora para que asuma el pago de su mesada de por vida.
La principal diferencia consiste en que las rentas vitalicias ofrecen mayor estabilidad, pues el monto de la mesada es fijo y se ajusta anualmente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por el contrario, en retiro programado la longevidad del pensionado, la conformación de su grupo familiar o incluso los rendimientos de su capital producen pequeñas variaciones en su pensión cada año.
Esto explica por qué la protección que ofrece el gobierno será justamente para los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, especialmente para quienes reciben una mesada cercana a un salario mínimo. Si bien por ley las pensiones son vitalicias, el decreto asegura que muchos corren el riesgo de que se agote el dinero de su cuenta individual antes del tiempo previsto. Este peligro de descapitalización es un problema financiero en el mundo consecuencia de la baja rentabilidad de las inversiones, las fluctuaciones de las tasas de interés, la caída en el precio de las acciones, entre otros.
El decreto establece que si “los recursos existentes en la cuenta de ahorro pensional no son suficientes para continuar recibiendo una mesada de un salario mínimo en esta modalidad” y si no es posible a contratación de una renta vitalicia, la pensión seguirá pagándose a través de Colpensiones.
Si bien el decreto no es claro quién identificará a esta población, Asofondos dijo a través de un comunicado que el gobierno había optado por “determinar que, obligatoriamente, se trasladen recursos a Colpensiones” a pesar de que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que cuenta con unos $24 billones, respalda el pago de los pensionados por retiro programado.
Andrés Izquierdo, CEO y fundador de Integral Soluciones Pensionales (ISP), resaltó que la medida protege a los pensionados que están en riesgo inminente por el mal momento en el mercado de capitales. “La ley no había previsto una caída súbita como esta que puede terminar abriendo una laguna jurídica muy grande porque si una administradora agota los fondos y no puede contratar una renta vitalicia tendrá que responder con su patrimonio, lo que implicaría demandas”, dijo.
Asofondos estima que podrá trasladar a unas 25.000 personas, lo que significa que las administradoras girarán a Colpensiones entre $4 y $5 billones “que son de utilidad para compensar los menores ingresos de Colpensiones, y para financiar el gasto fiscal”, aseveración que coincide con la de otros analistas que han visto en este decreto una forma de resolver las necesidades urgentes de caja del Gobierno.
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