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Chile anunció que empezará a implementar pasaportes de inmunidad para controlar la movilidad. El 17 de abril, desde el Ministerio de Salud de ese país se informó que aquellos ciudadanos que ya se han contagiado del virus serán carnetizados como garantía de que ya poseen inmunidad y, por ende, pueden retomar sus trabajos.
Esta propuesta fue el tema de conversación en el espacio de streaming en vivo a través de YouTube de El Espectador, el martes, 21 de abril. En el panel participaron Julián Fernández Niño, profesor del departamento de Salud Pública de Uninorte; Tatiana Andia, socióloga e investigadora de la Universidad de los Andes; Andrés Vecino, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins; y Gabriela Delgado, PhD en Ciencias Farmacéuticas y profesora de la Universidad Nacional.
El debate, moderado por el editor de Ciencia y Tecnología, Pablo Correa, se centró en analizar la propuesta. Según los panelistas, puede ser problemática por las implicaciones tanto epidemiológicas como sociales que tiene. Para Delgado, una de las mayores preocupaciones es qué prueba utilizar para demostrar no solo que la persona ya no esté enferma, sino también que no es infecciosa para otros.
Pensar que tras haber contraído coronavirus se adquiere inmunidad inmediata, es una presunción de que este virus actúa como otros de tipo respiratorios, no obstante, no hay claridad de cuál es la participación concreta de la respuesta inmunológica en el control del virus. “Se ha hablado en artículos recientes que la respuesta inmunológica en algunos individuos que depuraron el virus y ya no son infecciosos, no necesariamente es detectable. Aparentemente no está mediado solo por anticuerpos sino también una respuesta celular”, anotó Delgado.
Una de las grandes preocupaciones que surge es que se utilicen pruebas serológicas, o rápidas, que además de tener un margen de error importante no dan cuenta del panorama completo en términos de inmunidad. Para Fernández, aún hacen falta más estudios y más tiempo para entender plenamente cómo funciona tanto la enfermedad como las pruebas que estamos utilizando para detectarla.
La OMS se ha pronunciado sobre el uso de las pruebas rápidas y manifestó que la aplicación es muy limitada y que pueden tener una utilidad en encuestas serológicas para hacer monitoreo epidemiológico. “Parte del problema es que no hay suficientes estudios de cohortes longitudinales para saber qué tan efectiva es la inmunidad natural después de la infección y cuánto dura en el tiempo”, complementó el docente del departamento de Salud Pública de Uninorte. (Vea: Para qué sirven y para qué no sirven las pruebas rápidas).
De acuerdo con Vecino, no existe evidencia científica aún para respaldar la iniciativa de pasaportes de inmunidad. Señaló que se está haciendo una presunción equiparando la COVID-19 al Sars. No obstante, argumentó que hay un rango muy variado de respuestas frente a los virus. Por ejemplo, en el caso particular del Sars, según un estudio de 2007, la inmunidad desaparece cada tres años. Pero también conocemos de virus como el VIH, que produce anticuerpos que no protegen contra la enfermedad.
“Cuando las pruebas sean validadas van a jugar un rol para saber qué tanto nos infectamos, pero es muy arriesgado introducir la utilización de la presencia de anticuerpos, incluso si fuesen protectores, como forma de segmentar a la población en ausencia de una vacuna”, dijo.
Para el docente de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, esta decisión obedece al estado de emergencia en el que nos encontramos, y la demanda de reactivar la economía que lleva a dirigentes a tomar decisiones apresuradas, que no están soportadas en evidencia científica robusta, revisada y validada por pares.
Desde la esfera social, la propuesta del pasaporte de inmunidad podría ser una ventana para profundizar las desigualdades. Andia comentó que beneficiar a los que hayan contraído la enfermedad sobre los que no, tiene implicaciones que pueden ser peores que las actuales con el aislamiento obligatorio, especialmente en países de ingreso medio, en donde gran parte de la fuerza laboral está en su mano de obra poco capacitada.
La socióloga explicó que esta propuesta sería riesgosa para aquellos que tienen trabajos físicos, pues se genera otro nivel de segregación entre los que necesitan trabajar, al tiempo que se configura un privilegio para los inmunes, y una disminución en el ingreso para las personas que no han contraído la enfermedad. Andia complementó que, debido a su complejidad, el concepto de inmunidad es peligroso, pues se comienza a asociar a referentes sociales más disponibles —como ocurrió con la lepra y la fiebre amarilla—, que fomentan la división.