Piden a Minjusticia que expida de urgencia el decreto de excarcelación por COVID-19

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La Comisión de Paz logró consenso en que los prisioneros “menos peligrosos” deben considerarse para salir de prisión por la coyuntura. Sin embargo, donde hubo un menor acuerdo fue entre la Fiscalía, que se muestra reacia a la propuesta, y el Ministerio de Justicia, que considera crucial emitir la norma.

Por tres horas estuvieron reunidos los congresistas de la Comisión de Paz con Margarita Cabello, ministra de Justicia, para hacerle control político al decreto que sacará su cartera y que contempla la excarcelación de, posiblemente, 10.0000 presos que se encuentran hacinados en las cárceles de todo el país, con el fin de intentar que el brote pandémico del nuevo coronavirus no impacte violentamente a la población privada de la libertad. 

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La sesión fue informal y virtual, pues el Congreso está suspendido, pero participaron Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz, y demás integrantes como los parlamentarios Paloma Valencia y José Obdulio Gaviria (Centro Democrático), Iván Cepeda (Polo), Rodrigo Lara (Cambio Radical), Pablo Catatumbo y Julián Gallo (Partido FARC). Los acompañaron Francisco Barbosa, fiscal general; Felipe Córdoba, contralor; General Norberto Mujica, director del INPEC; Alberto Brunori, de la ONU; José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch; y asociaciones de abogados penalistas y familias de los reclusos. 

La llegada de la enfermedad COVID-19 al sistema penitenciario será, tarde o temprano, una realidad. La situación se agrava no solo por la cantidad de personas recluidas en un mismo espacio (en la mayoría de estos centros hay un promedio de hacinación del 50 %), sino también por el miedo que le representa a los privados de la libertad saber que llegará un virus que puede colapsar aún más el lugar que habitan y que, se sabe, es precario y no cuenta con los mínimos de salubridad. Algunas cárceles ni siquiera cuentan con servicio de agua, según mencionaron los legisladores. 

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Con ese lamentable contexto se discutieron muchas ideas sobre ¿qué es lo fundamental para mitigar el impacto del COVID-19 en un lugar olvidado históricamente por el Estado? Y, pese a las diferencias, los legisladores estuvieron de acuerdo en que urge ese decreto del Ministerio de Justicia. Sin embargo, varias cuestiones en torno a la norma generan dudas, sobre todo a los entes de control como la Fiscalía. 

De hecho, fue el fiscal Barbosa el que incisivamente recordó que abrir la puerta de una prisión y sacar a una cantidad determinada de presos tiene unas consecuencias y necesita de un protocolo que tengan en cuenta los derechos humanos. “Aquí no se debería expedir un decreto circunstancias y ver que esas personas vayan a tener alimentación y un servicio de salud.  La libertad condicional se puede conceder por jueces de ejecución de penas, pero la focalización del beneficio se centraría en personas que hayan cometido crímenes no violentos. ¿En qué condiciones saldrían? No tenemos esa información”, mencionó Barbosa. 

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A la par, reiteró que son muchas las medidas que deberían considerarse en torno a este decreto. Mencionó que Medicina Legal tendría que verse fortalecida y habría que tener en cuenta la capacidad del CTI: “Tanto la justicia como la Fiscalía se encuentran confinadas también, aunque estamos trabajando virtualmente en un 100%. Cuando se plantea que debe activarse la rama judicial de forma masiva, pero ningún ente lo va a poder hacer. Hemos visto con preocupación que la Fiscalía deba custodia a personas que estarán en domicilios. La Policía y el CTI no pueden hacerlo. Y, ¿cómo fortalecer Medicina Legal? Hay, además, que verificar las facultades que tiene el director del Inpec para tomar medidas, estábamos pensando que fuera por fases (la excarcelación)”, dijo. 

La ministra Cabello respondió a sus preguntas y, en efecto, confirmó que es apropiada una liberación por fases. Y, ante la propuesta que luego le hizo Barbosa, de tomar bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para trasladar reclusos (en vez de que se albergaran en domicilios), la funcionaria le respondió que, aunque había considerado esa opción, era imposible porque no estaban en condiciones los inmuebles y muebles que había dispuesto para esto la SAE. “Hace 15 días la SAE nos ofreció dos edificaciones en Bogotá, pero no son viables porque están desbaratadas, no tienen condiciones de seguridad. Organizarlas nos llevaría un tiempo, lo que va contra la urgencia que hoy tenemos. Si la SAE me entrega inmuebles disponibles y con parámetros de seguridad, bienvenida la propuesta”, expresó. 

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Mientras Barbosa hizo hincapié en que, según los datos del Sistema de Seguimiento del Departamento Nacional de Planeación,  la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), registraba que solo había ejecutado el 7.1 % de los recursos, que si la SAE ponía a disposición bienes inservibles y que por ello debería ser citada, y que hay 14 billones en el Fondo de Mitigación del Riesgo que “ameritan ser utilizados para la salud de los prisioneros”, los congresistas pusieron la lupa sobre otras cuestiones. 

Por su parte, el senador Iván Cepeda le entregó a la ministra varias preguntas con el fin de que su entidad ahonde en ellas: “¿Cuál es la atención intercarcelaria de carácter preventivo en este momento? Si se logra deshacinar, ¿qué pasa con la gente que queda adentro? ¿Cuántas pruebas se pueden realizar en las cárceles? Con los casos sospechosos, ¿Cómo se procede? Una persona contagiada en un patio donde hay 50% de hacinamiento representa inmediatamente el contagio de decenas de personas. ¿Qué ha previsto el gobierno para evitar el contagio?”, manifestó. 

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Mientras, los congresistas del Partido FARC, Julián Gallo y Pablo Catatumbo, le recordaron a los citados que en las cárceles están también sus presos políticos, firmantes todos del Acuerdo y muchos de ellos acreditados en las listas del alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos. Solicitaron que accedan al beneficio de excarcelación: “La cifra de prisioneros del Partido firmantes del Acuerdo de Paz es de 355 compañeros. Hay 179 de ellos acreditados en la Oficina del alto comisionado. Hay en prisión cuatro mujeres, nueve personas mayores de 60, nueve enfermos y en observación para ser acreditados más de 100”, argumentando que hacen parte de la población vulnerable que la Comisión consideró apta para salir por la coyuntura del COVID-19.  

Rodrigo Lara, de Cambio Radical, en su análisis declaró que el hacinamiento es producto de un “populismo punitivo”, promovido irresponsablemente por legisladores en las últimas décadas. Se refirió también a que el decreto debe acoger personas que tengan a su cargo otros seres humanos, que estén próximos a cumplir su condena o que sean considerados menos peligrosos por el delito cometido. “El 54 % de mujeres condenadas tienen hijos menores de 18 años. El 45% entre las detenidas lo ha sido por pequeños delitos particularmente por microtráfico y les agregan concierto para delinquir, que es una muletilla fácil para condenarlos. Ojalá el gobierno y la Fiscalía se pongan de acuerdo cuanto antes”, dijo. A su vez, José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático comentó: “veo diferencias profundas entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. No observo la urgencia [por parte de ellos] que demanda la situación”. 

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El borrador del mencionado y controversial decreto existe, según la ministra Cabello, desde hace más de una semana. Se creó luego de una reunión con los ministros de Justicia de los países Iberoamericanos (incluyendo España), como una forma de “solucionar un poco el hacinamiento, aunque no todo”, mencionó. Y aunque el documento ha estado en revisión por el Consejo Superior de la Judicatura, la polémica en torno a él se ha dado por ese sector, conformado entre otros por el fiscal Barbosa, que ve vacíos en la norma a la hora de aplicarla. Sin embargo, por más descabellado que suene, liberar a los presos parece ser una opción más humana que echar el tema a la pena y dejar que por cuenta del hacinamiento más personas sean susceptibles de contagio. Al menos en ello concuerdan los congresistas de la Comisión de Paz. 

La ministra aclaró, incluso, que la medida “no es del Gobierno, sino del Ministerio, porque hemos estado preocupados por la salud de los reclusos. Hay que acelerar decisiones que quizá sean sorprendentes y atrevidas. Siento que hay que tomarla, pero ver con el Gobierno qué vamos a hacer” aseguró. Sea cual sea la decisión final sobre este tema -que no solo involucra la salud de presos, sino también de guardianes custidios y familias de todos ellos-, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, como lo son Human Rights Watch y la ONU, pidieron que se prosiguiera a reducir el hacinamiento y comunicarle la determinación de forma transparente a la población en prisión. Mientras se sienta una posición final, los días pasan, los casos de COVID-19 aumentan y el presidente Iván Duque extiende la cuarentena hasta el 27 de abril. 

 

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