Piden que haya pruebas masivas en cárcel de Villavicencio tras tercera muerte por COVID-19

Noticias destacadas de Judicial

El alcalde de la ciudad, Felipe Harman, confirmó el fallecimiento de un recluso que estaba hospitalizado desde comienzos de abril. En total hay tres muertos y 20 pacientes contagiados en ese centro penitenciario.

El alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, solicitó al Gobierno Nacional que haga pruebas masivas para detectar la COVID-19 en la cárcel de la ciudad luego de que se confirmara el fallecimiento de una tercera persona por el virus. Se trata de un recluso que estaba hospitalizado desde comienzos de abril. Se suma a las personas de 63 y 78 años que murieron el 5 y el 7 de abril de este año, respectivamente, por el nuevo coronavirus  y que tenían antecedentes de enfermedad respiratoria.

"Es importante que el gobierno implemente las pruebas masivas al interior del centro penitenciario y que articule con las entidades territoriales para armonizar el plan de contingencia de lo que significa la salida de muchos reclusos en el marco del decreto (de excarcelación)", dijo  Harman.

(Le puede interesar: “No se están haciendo las pruebas suficientes en la cárcel de Villavicencio”: alcalde)

El alcalde afirma que los reclusos que lleguen a quedar en casa por cárcel deben cumplir el aislamiento social. El gobernador del Departamento, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó cinco casos más de COVID-19 en esa prisión. Es decir, que actualmente, las cifras de ese establecimiento carcelario son: 23 contagios y tres muertos. Los 20 pacientes se encuentran aislados dentro de la misma cárcel.

Un líder de los internos de la cárcel de Villavicencio aseguró que en la prisión no hay suficientes elementos médicos para atenderlos. "No hay ninguna solución de parte del Estado. Las condiciones de vida son precarias empezando por la alimentación. Es muy duro. Hacemos un grito para que nos ayuden para salvar nuestra vida. Hay mucha gente enferma. Ya estamos prácticamente resignados a morir. En el patio Colombia hay 1.300 presos y en el Santander está la gente contagiada".

En días pasados el Gobierno expidió el Decreto 546 de 2020 y fijó las reglas de juego para la excarcelación de unos 4.000 reclusos. Allí se dice que se otorgará detención domiciliaria (casa por cárcel) a personas que cumplan ciertas condiciones: mayores de 60 años, madres gestantes o con niños de menos de 3 años, personas con enfermedades crónicas que pueden empeorar un diagnóstico de COVID-19, internos con movilidad reducida por discapacidad, quienes estén en detención preventiva —sin condena— por delitos culposos, condenados a penas de hasta 5 años de prisión o quienes hayan cumplido el 40 % de su pena tras las rejas.

(Vea: El drama que se vive en la cárcel de Villavicencio (ahora con la COVID-19)

El decreto ha sido cuestionado por el tiempo que se tomó para expedirlo -mientras el virus se esparce por el país a gran velocidad- y por la falta de eficacia que probablemente mostrará. En la lista de los 79 delitos excluidos del beneficio figuran el genocidio, lesiones con agentes químicos, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, delitos donde las víctimas son niños y adolescentes y delitos de tipo sexual, entre otros. Pero también hay otros como testaferrato, contrabando, enriquecimiento ilícito, cohecho y corrupción de alimentos.

Comparte en redes: